Groenlandia, país que Trump intentó comprar en 2019, ha declarado su apoyo al boicot europeo.
Donald Trump ha vuelto a declararle la guerra al multilateralismo, esta vez desde el proteccionismo más descarnado. Con la excusa de defender a su industria, el presidente estadounidense ha firmado una orden ejecutiva que impone aranceles de hasta el 50% a las importaciones de más de 150 países. Europa, China, Japón, India, Corea del Sur o Brasil están en el punto de mira. España, como parte de la Unión Europea, soportará un impuesto del 20% sobre sus exportaciones.
“Hoy América empieza a ser rica de nuevo”, dijo Trump desde la Casa Blanca, dejando claro que el objetivo no es la justicia comercial sino la supremacía económica. Mientras exime a Canadá y México por interés estratégico, castiga a sus antiguos aliados y convierte el comercio internacional en una herramienta de extorsión y dominio geopolítico. Esta ofensiva no es otra cosa que un intento más de someter al resto del mundo a su lógica empresarial: si no me compráis a mis condiciones, os castigo.
La lista de países afectados incluye tanto potencias económicas como países empobrecidos, desde Japón (24%) y Corea del Sur (25%), hasta Laos (48%), Camboya (49%) o Lesoto (50%). No se trata de un reequilibrio de fuerzas, sino de un ataque global contra la soberanía económica. Y al igual que con sus anteriores guerras comerciales, Trump vuelve a utilizar la política exterior como un reality show de castigos y recompensas.
Según datos del Peterson Institute for International Economics, en su anterior mandato las guerras comerciales provocaron pérdidas millonarias tanto para exportadores estadounidenses como para sus socios internacionales. El retorno de esta estrategia sólo augura nuevas disrupciones en cadenas de suministro, inflación global y conflictos diplomáticos.
EL BOICOT COMO RESPUESTA POLÍTICA Y MORAL
La reacción no se ha hecho esperar. Mientras los gobiernos se reúnen en Bruselas y Pekín, la ciudadanía ha empezado a responder con el arma más directa: el boicot. Miles de personas en Europa están llamando a dejar de consumir productos y marcas estadounidenses. Coca-Cola, McDonald’s, Starbucks, Nike, Tesla, Disney o Apple se han convertido en símbolo de un sistema depredador que quiere forzar su hegemonía con amenazas fiscales.
Desde universidades en Alemania hasta ayuntamientos en Francia, se están retirando contratos con multinacionales estadounidenses. En ciudades como Lyon, Utrecht o Florencia se han lanzado campañas para promover el consumo local frente a las grandes corporaciones extranjeras. En Dinamarca, asociaciones de hostelería han llamado a sustituir el café de Starbucks por marcas cooperativas y el vino californiano por vinos regionales. Groenlandia, país que Trump intentó comprar en 2019, ha declarado su apoyo al boicot europeo.
La respuesta es transversal: no se trata solo de aranceles, sino de soberanía, dignidad y modelo económico. Trump quiere que el mundo siga financiando su industria a cambio de castigo. Pero la gente ha empezado a decir que no. Porque cada vez más consumidores entienden que su dinero financia guerras, explotación y chantaje económico.
El boicot no es solo una herramienta de presión, es un acto político colectivo. Ya lo fue frente al apartheid sudafricano, lo es hoy contra las empresas cómplices del genocidio en Gaza, y lo está siendo ahora frente a la ofensiva comercial de Estados Unidos. Dejar de comprar Coca-Cola es un gesto tan válido como votar. No se trata de patriotismo económico, sino de justicia global frente a una potencia que quiere imponer su ley por la fuerza del dólar.
Trump ha dejado claro que no respeta alianzas, tratados ni equilibrios. Su lógica es la del matón que cobra por no pegarte. Europa tiene dos opciones: agachar la cabeza o responder. Y por primera vez en mucho tiempo, parece que la respuesta viene desde abajo, desde los mercados, los hogares, los móviles y las redes sociales.
No puedes imponer sanciones al mundo entero y esperar que nadie se levante. No puedes llenar el planeta de McDonald’s y pensar que no habrá indigestión.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…