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Lo que se debate no es solo una reforma laboral. Se debate el modelo de país. Uno donde el ajuste se impone por decreto y la protesta se responde con gas y golpes
El Gobierno de Javier Milei volvió a demostrar cómo entiende la palabra reforma: como sinónimo de retroceso y como coartada para la represión. Este 11 de febrero, mientras el Senado debatía su proyecto de reforma laboral, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre miles de manifestantes en Plaza Congreso con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.
Pasadas las 15:00, la Policía y la Gendarmería comenzaron a dispersar la movilización. La escena fue la de siempre: jubiladas y jubilados, trabajadoras y trabajadores, sindicalistas y organizaciones sociales reclamando contra una ley que precariza derechos, frente a un despliegue policial diseñado para sembrar miedo. Según denunciaron dirigentes presentes, las y los jubilados fueron los primeros en recibir los gases.
La protesta se desarrollaba frente al Congreso cuando un grupo reducido de encapuchados comenzó a provocar destrozos y a lanzar proyectiles improvisados. El relato oficial no tardó en aparecer: violencia, agresiones, morteros, molotovs. La respuesta estatal fue inmediata y desproporcionada. La represión no distinguió entre quienes protestaban pacíficamente y quienes protagonizaban incidentes aislados.
En la intersección de Sáenz Peña e Yrigoyen se registraron al menos dos detenciones iniciales. La Policía de la Ciudad bloqueó además el paso a periodistas en Alsina y San José, según denunciaron trabajadores y trabajadoras de prensa que fueron amenazados mientras intentaban documentar los hechos. La escena confirma una constante: cuando el poder se siente cuestionado, el primer reflejo es apagar las cámaras.
LA JUSTIFICACIÓN OFICIAL Y LA CRIMINALIZACIÓN
El operativo fue coordinado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien desde sus redes sociales sostuvo que “las manifestaciones deben ser pacíficas” y que cualquier hecho de violencia sería reprimido. Según su versión, ya había dos detenidos por agresión a personal de seguridad y cuatro efectivos heridos (tres de Gendarmería y uno de la Policía Federal).
Monteoliva afirmó que algunos manifestantes estaban armados con morteros, bombas molotov y gomeras con tuercas, y que habían sido identificados. El mensaje fue claro: justificar el operativo bajo la lógica del orden y la seguridad, una narrativa que convierte cualquier protesta social en potencial amenaza.
Sin embargo, los números muestran otra dimensión. La abogada CORREPI confirmó que la fiscalía convalidó 20 detenciones y que existen al menos 30 personas demoradas. La Policía de la Ciudad reconoció la misma cifra de detenidos, puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, bajo la validación de la fiscal Malena Mercuriari. A varias personas se les imputaron delitos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones e incendio.
Veinte detenidos y treinta demorados por protestar contra una ley que modifica las condiciones laborales de millones. Esa es la fotografía política del día.
Mientras tanto, el Senado sesionaba desde antes del mediodía gracias al quórum aportado por la UCR, el PRO y sectores del peronismo provincial. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, abrió el debate cuestionando la “extrema judicialización del sistema laboral” y defendiendo la necesidad de equilibrar normas. Un discurso que omite que el supuesto equilibrio suele traducirse en pérdida de derechos para quienes venden su fuerza de trabajo.
Desde la Quinta de Olivos, Milei siguió el desarrollo de la sesión. Afuera, el termómetro político marcaba otra cosa: sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas llamaban a profundizar la movilización e incluso a evaluar un paro nacional.
Los manifestantes denunciaron la presencia de infiltrados encapuchados cuyo accionar sirvió de excusa para el avance represivo. No es una acusación nueva en la historia reciente argentina. La figura del infiltrado aparece una y otra vez como detonante funcional para habilitar el despliegue de la fuerza.
Lo que se debate no es solo una reforma laboral. Se debate el modelo de país. Uno donde el ajuste se impone por decreto y la protesta se responde con gas, o uno donde las decisiones estructurales se discuten con la ciudadanía y no contra ella.
La jornada del 11 de febrero de 2026 deja cifras concretas y un mensaje político: cuando un gobierno necesita blindar su reforma con balas de goma y detenciones masivas, es porque sabe que la calle no la respalda.
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