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Figari, al igual que Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, es uno de los mayores depredadores sexuales que la Iglesia ha conocido.
La historia de Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, es un sombrío recordatorio de cómo el poder eclesiástico ha sido utilizado para perpetuar abusos atroces bajo el manto de la impunidad. La reciente decisión del Vaticano de expulsar a Figari, tras décadas de denuncias ignoradas, llega tarde y con un sabor amargo. No solo porque durante años se permitió que un depredador operara impunemente, sino porque revela la profunda podredumbre que ha corroído las entrañas de la Iglesia católica.
Figari, al igual que Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, es uno de los mayores depredadores sexuales que la Iglesia ha conocido. Su organización, el Sodalicio de Vida Cristiana, se construyó sobre una estructura de manipulación y abuso, donde las víctimas, en su mayoría jóvenes, fueron silenciadas durante años. Mientras tanto, las arcas de la Iglesia se llenaban y las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, miraban hacia otro lado.
Las primeras denuncias contra Figari comenzaron en 2001, pero no fue hasta la intervención del Papa Francisco que el Vaticano decidió actuar. ¿Cómo es posible que durante más de dos décadas, las voces de las víctimas hayan sido ignoradas? La respuesta es evidente: la Iglesia, en lugar de proteger a los más vulnerables, eligió proteger a los suyos, encubriendo los crímenes de Figari y de otros líderes del Sodalicio.
LA ESTRUCTURA DEL SODALICIO: UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
El Sodalicio de Vida Cristiana, bajo la fachada de una organización religiosa, se convirtió en un instrumento de poder y control. No solo se cometieron abusos sexuales, sino que también se llevó a cabo una serie de actos de blanqueo de capitales y manipulación de la justicia. La investigación liderada por los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, quienes enfrentaron la amenaza de prisión por revelar la verdad, desentrañó una red de corrupción y abuso que va más allá de lo imaginable.
El informe de la investigación, solicitado por el Papa Francisco y realizado por Charles J. Scicluna y Jordi Bertomeu, es demoledor. No solo confirma los abusos cometidos por Figari, sino que también pone en evidencia que estos comenzaron antes de la fundación del Sodalicio. Es un hecho innegable que la Iglesia católica permitió que un depredador construyera una organización basada en el abuso y la explotación.
La expulsión de Figari es solo el primer paso en un largo proceso de rendición de cuentas. El siguiente paso lógico sería la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización que ha perdido cualquier legitimidad moral. La propia Iglesia reconoce que las acciones de Figari han causado un daño irreparable, no solo a las víctimas, sino a toda la comunidad de fieles.
Pero la expulsión de Figari y la posible disolución del Sodalicio no deben ser vistas como el fin del camino. Es necesario que la justicia civil actúe con la misma contundencia que ahora parece mostrar la Iglesia. Figari, hasta la fecha, ha eludido la justicia peruana, refugiado en una casa de ejercicios en Italia. Esto no puede continuar. Las y los sobrevivientes de sus abusos merecen justicia, y es responsabilidad de las autoridades peruanas reabrir el caso y asegurar que Figari responda por sus crímenes.
LA IGLESIA ANTE SU PEOR ENEMIGO: LA IMPUNIDAD
El caso de Luis Fernando Figari no es único. La Iglesia católica ha sido históricamente cómplice de los crímenes cometidos por sus propios miembros, prefiriendo el silencio y la protección de los abusadores por encima de la justicia. Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, es otro ejemplo de cómo el poder eclesiástico se utilizó para silenciar a las víctimas y proteger a los depredadores.
La expulsión de Figari, aunque tardía, sienta un precedente. Es una señal de que el Vaticano, bajo la dirección del Papa Francisco, está dispuesto a enfrentarse a la podredumbre interna que ha permitido que figuras como Figari y Maciel operen con total impunidad. Sin embargo, la expulsión no es suficiente. La Iglesia debe revisar a fondo sus estructuras y mecanismos, asegurándose de que nunca más se repita una tragedia como esta.
El camino hacia la justicia es largo y está lleno de obstáculos, pero es un camino que la Iglesia y las autoridades civiles deben recorrer. Las y los sobrevivientes de los abusos merecen más que simples palabras; merecen acciones concretas que garanticen que los responsables paguen por sus crímenes y que se implementen medidas para proteger a las futuras generaciones.
El Sodalicio de Vida Cristiana, como organización, ha demostrado ser un cáncer dentro de la Iglesia. La única solución posible es su disolución total y la reparación a las víctimas. Solo así se podrá comenzar a sanar las profundas heridas causadas por años de abuso y encubrimiento.
En resumen, la expulsión de Luis Fernando Figari es un primer paso hacia la justicia, pero queda mucho por hacer. La Iglesia debe actuar con firmeza, no solo para castigar a los culpables, sino también para reconstruir la confianza que ha sido destruida por décadas de corrupción y abuso. Las y los sobrevivientes de estos crímenes no deben ser olvidados, y sus voces deben ser escuchadas y atendidas con la urgencia y el respeto que siempre merecieron.
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