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Cuando el negocio privado se hunde en deuda, siempre aparece la tentación de pasar la factura a la ciudadanía
Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, se ha visto obligado a negar lo evidente. Su empresa, responsable de ChatGPT, no pretende convertirse en “too big to fail” ni busca un salvavidas público, aseguró el 6 de noviembre de 2025 en declaraciones recogidas por el Financial Times. El problema no es lo que dice. El problema es lo que hacen.
Según esa misma información, OpenAI se ha comprometido a invertir 1,4 billones de dólares en los próximos ocho años, una cifra descomunal que ata su destino al de gigantes cotizados como Nvidia, AMD u Oracle. Al mismo tiempo, prepara emisiones de deuda por decenas de miles de millones de dólares. Es el manual clásico de la financiarización: expansión acelerada, apalancamiento masivo y fe ciega en que el mercado absorberá el riesgo.
La alarma saltó cuando su directora financiera sugirió en un evento del The Wall Street Journal que el Gobierno podría ofrecer “respaldo o garantía” para facilitar la financiación del sector. Traducido: si el castillo de naipes tiembla, el Estado podría actuar como avalista. Y cuando el Estado avala, quien paga es la ciudadanía.
El 18 de noviembre de 2025, la senadora Elizabeth Warren envió una carta a la Casa Blanca preguntando abiertamente si la administración de Donald Trump planea utilizar dinero público para apuntalar a OpenAI y otras empresas de IA. Warren no habló en abstracto. Recordó una pauta histórica: “endeudarse lo suficiente, hacer apuestas arriesgadas y luego exigir un rescate para evitar un colapso”.
No es paranoia. Es memoria. La crisis financiera de 2008 ya mostró cómo el sector privado convierte su riesgo en deuda pública cuando las cosas se tuercen. Ahora el patrón se repite en versión digital. OpenAI, que registró recientemente una de las mayores pérdidas trimestrales de una tecnológica, solicita incentivos fiscales y garantías de préstamos mientras incrementa su apalancamiento.
Los datos acompañan la preocupación. Según Dealogic, las tecnológicas globales emitieron 428.300 millones de dólares en bonos en 2025 hasta la primera semana de diciembre. Solo las estadounidenses concentraron 341.800 millones. La deuda se expande a velocidad de vértigo. Y el volumen de Credit Default Swaps asociados a empresas como OpenAI, Meta, Google, Microsoft, Oracle o Amazon aumentó más de un 9% desde septiembre, según la DTCC. Cuando los CDS suben, el mercado está comprando seguro contra impagos.
Estamos ante una burbuja sostenida por deuda privada que amenaza con mutar en deuda pública. Y eso ocurre en un país cuya deuda federal ya se encuentra en niveles históricamente elevados y podría dispararse aún más con la agenda fiscal de Trump, incluida su ley “Big Beautiful Bill”.
LA RED ELÉCTRICA COMO BOTÍN DE LA IA
La segunda cara del problema es energética. La inteligencia artificial no flota en la nube: se alimenta de megavatios. Los centros de datos consumen cantidades masivas de electricidad y su expansión está tensionando el sistema eléctrico estadounidense.
La Agencia Internacional de la Energía estima que la demanda global de electricidad de los centros de datos aumentará un 130% para 2030. Bloomberg detectó que la electricidad cuesta hasta un 267% más al mes que en 2020 en zonas próximas a grandes centros de datos. Y desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace diez meses, el recibo doméstico ha subido un 11%.
Ante este escenario, el secretario de Energía, Chris Wright, instó a la FERC a modificar normas para supervisar la conexión de grandes centros de datos a la red eléctrica federal, un ámbito tradicionalmente gestionado por los estados. La sospecha es clara: centralizar el control para facilitar la expansión de la IA aunque eso encarezca la energía para las familias trabajadoras.
La preocupación no se limita al consumo. También afecta a la propiedad. Warren, junto a Bernie Sanders y Richard Blumenthal, enviaron el 5 de diciembre de 2025 cartas a Larry Fink (BlackRock) y Stephen Schwarzman (Blackstone) alertando sobre la adquisición de empresas eléctricas reguladas.
Blackstone, por ejemplo, anunció la compra de TXNM Energy, que suministra electricidad a 800.000 hogares en Nuevo México y Texas. Cuando fondos de capital privado controlan simultáneamente centros de datos y empresas eléctricas, el conflicto de interés es estructural. Una empresa con obligaciones de servicio público no puede operar como un simple instrumento para maximizar rentabilidad financiera.
El expresidente republicano de la FERC, Mark Christie, lo formuló con claridad: las utilities poseen franquicias monopólicas a cambio de servir al público. Si gestores de activos usan esa posición para ejercer poder de mercado, el resultado es abuso tarifario y captura regulatoria.
La IA se presenta como revolución tecnológica. Pero su despliegue actual reproduce viejas dinámicas: privatización de beneficios, socialización de riesgos y apropiación de infraestructuras estratégicas. Mientras se prometen empleos del futuro, se consolidan oligopolios energéticos y se inflan balances a crédito.
El verdadero “too big to fail” no es OpenAI. Es un modelo económico que convierte cada innovación en excusa para concentrar poder y descargar pérdidas sobre la mayoría social.
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