Fuera del Congreso la ultraderecha disfrazada de periodistas 

La libertad de prensa no es un escudo para el acoso. Y quien no lo entienda, no merece llamarse periodista.

El Congreso de los Diputados se ha convertido en un campo de batalla donde agitadores ultras disfrazados de periodistas campan a sus anchas. Amenazas, acoso, campañas de linchamiento y difusión de información personal de periodistas forman parte de su modus operandi, mientras PP y Vox miran hacia otro lado. La mayoría parlamentaria, sin embargo, ha decidido poner freno a esta ofensiva con una reforma que regule el acceso a las acreditaciones y establezca sanciones claras.

Los periodistas parlamentarios han dicho basta. En una concentración frente al Congreso, exigieron medidas concretas que garanticen su seguridad y pongan fin a la impunidad de los agitadores. «Nos insultan, nos amenazan y nos señalan sin ningún tipo de consecuencias», denunciaron en un comunicado. Su petición es clara: los partidos deben tomar medidas sin que ello suponga limitar el derecho a la información, pero dejando claro que el acoso no es periodismo.

UN RÉGIMEN SANCIONADOR PARA FRENAR LA IMPUNIDAD ULTRA

El problema no es nuevo. La Mesa del Congreso lleva meses trabajando en una reforma del reglamento para frenar estos ataques. El vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha liderado la iniciativa, que busca diferenciar entre medios de comunicación legítimos y aquellos que solo operan para intoxicar y desestabilizar. La clave está en establecer criterios claros para la acreditación y sanciones que permitan retirar esos permisos cuando se utilicen para acosar y amenazar.

No es un camino fácil. Cualquier regulación sobre la actividad de los medios de comunicación choca con el derecho fundamental a la información, pero los precedentes judiciales evidencian el vacío legal actual. En 2020, el Tribunal Supremo obligó al Congreso a devolverle la acreditación a un periodista de OkDiario que había grabado sin permiso en dependencias privadas de Podemos, argumentando que no existía una normativa clara que tipificara su infracción. Ese vacío ha sido aprovechado por los ultras para convertir el Congreso en su plató de propaganda.

El plan contempla la creación de un comité de acreditaciones formado por grupos parlamentarios, periodistas y funcionariado del Congreso. Además, se incluirán normas éticas de comportamiento y un régimen sancionador que, dependiendo de la gravedad de las infracciones, podría llevar a la retirada de la acreditación. En otras palabras, quienes utilicen sus credenciales para amenazar e intoxicar podrían quedarse sin ellas.

El consenso entre los socios de investidura de Pedro Sánchez está prácticamente cerrado, aunque Junts ha puesto sus condiciones. La clave está en evitar que la reforma sea utilizada como moneda de cambio para otros asuntos ajenos a la cuestión. PP y Vox, por su parte, siguen desmarcándose de cualquier medida que ponga freno a sus aliados mediáticos.

Mientras tanto, el Gobierno ha dado un paso más con la aprobación del anteproyecto de ley que creará un registro de medios controlado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Esta norma, basada en la legislación europea, obligará a los medios a informar sobre su estructura de propiedad y los fondos públicos que reciben en concepto de publicidad. Transparencia frente a la desinformación, aunque la ultraderecha ya ha empezado a despotricar contra «la censura socialista».

El Congreso se juega mucho más que unas simples acreditaciones. Se juega la dignidad del periodismo y la seguridad de quienes informan. La libertad de prensa no es un escudo para el acoso. Y quien no lo entienda, no merece llamarse periodista.