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El juzgado de lo Contencioso nº1 de Castellón ha admitido retirar libros LGTBI de los institutos
El juzgado de lo Contencioso nº1 de Castellón ha adoptado las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación de Abogados Cristianos sobre el reparto de libros con perspectiva y temática LGTBI que ha repartido el Ayuntamiento de Castellón en once institutos de la ciudad.
Se trata de lotes de 32 libros sobre esta temática. La presidenta de la organización juristas, Polonia Castellanos, ha celebrado la decisión y ha insistido en que «los padres tenemos que vigilar que desde las instituciones no impongan una ideología a nuestros hijos». Denuncia además que «desde el Ayuntamiento de Castellón muestran reiteradamente su radicalismo contra la religión. Ya lo vimos cuando pusieron a Jesús crucificado en un juego de Tetris en Semana Santa o con su ofensiva constante contra la Cruz del Ribalta».
La decisión de repartir los libros se produjo a través de la Concejalía de Cultura y la iniciativa se centraba en los estudiantes de entre 12 y 17 años, por tal de fomentar la convivencia, la tolerancia y el respeto a la diversidad.
La concejala Verònica Ruiz, ha destacado que “los títulos los hemos escogido con un criterio técnico adaptado a las edades del estudiantado, y con el doble objetivo de dar visibilidad entre el estudiantado a las diversas realidades de género y promover la igualdad y la diversidad sexual como parte de la educación en Secundaria, FP y Bachillerato”.
Entre los libros objeto de la retirada figuran títulos como El fin del armario, Un año sin nombre, Transeducar. Arte, docencia y derechos, Yo soy así y eso no es un problema, La cultura de la homofobia y cómo acabar con ella, A la conquista del cuerpo equivocado o Cómo superar un bollodrama, entre otros, con géneros que pasan por la narrativa, el ensayo, la ficción, la novela gráfica o la poesía.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
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Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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