Se prevé multar con más de 200 000 dólares al día a quienes realicen espectáculos relacionados con el maltrato a toros y novillos.
La Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para prohibir las corridas de toros en la capital. El dictamen reformaría diversas disposiciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de corridas de toros y el maltrato de los animales. En este momento la medida se encuentra paralizada por el momento para analizar la pérdida de empleos que generaría la decisión.
La iniciativa tiene por objetivo «prohibir la celebración de espectáculos, en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros». Este dictamen se sumaría una propuesta para incrementar las multas hasta en 55.000 veces la Unidad de Medida, es decir, poco más de 4,9 millones de pesos (unos 230.800 dólares) al día a quienes realicen este tipo de espectáculos.
También establece que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la protección a los animales «como seres sintientes» y, por lo tanto, deben recibir un trato digno y respetuoso.
No solo en Ciudad de México
Según datos del Partido Verde Ecologista de México, en el país más de 70% de la población está a favor de abolir las corridas de toros, proporción que es similar en Ciudad de México. En México se han prohibido la celebración de corridas de toros en los estados de Sonora, Guerrero y Coahuila, y ha sido declarada como un bien cultural y material en Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato.
La Comisión de Bienestar Animal, expuso la diputada Ana Villagrán, del Partido Acción Nacional (PAN), tiene 45 días para enviar el dictamen aprobado en la comisión a la Mesa Directiva «para escuchar a todos los sectores involucrados (…) pero vamos por la desaparición de la tauromaquia». Tras la decisión será hasta febrero de 2022 cuando se vuelva a tocar el tema en el Congreso capitalino.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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