Manos Limpias denuncia a Alberto Garzón ante el Supremo por llamar «delincuente acreditado» y «ladrón» a Juan Carlos I 

Alega que «la libertad de expresión no puede suponer una patente de corso».

El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, después de que éste tildase el pasado sábado a Juan Carlos I de «ladrón» y «delincuente acreditado».

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el secretario general de la organización, Miguel Bernad, asegura que «las acciones descalificadoras» del ministro «no pueden encajar en el amplio derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión».

Y esto es así en tanto que, añade, «la libertad de expresión no puede suponer una patente de corso para que en base a la misma se ofenda gravemente la dignidad de las personas».

Según Manos Limpias, hay un «abismo» entre reconocer que «el comportamiento del rey emérito» ha sido «éticamente reprobable» y llamarle «ladrón y delincuente acreditado». Pero, además, añade que existe un «plus de punidad, ya que las manifestaciones» de Garzón «fueron ampliamente difundidas en los telediarios».

Estos son todos los delitos que la fiscalía atribuye al rey Juan Carlos pese al carpetazo

La investigación ha detectado algunos delitos y la fiscalía considera que sus indagaciones han permitido «recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas».

Fraude de Juan Carlos

Juan Carlos defraudó por encima, con creces, del importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito.

Esto se ha dilucidado a raíz de la indagación de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la segunda fase de la construcción del AVE a La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula.

En este caso la fiscalía investigó una posible relación con el ingreso de 64.884.405 euros el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación LUCUM de la que Juan Carlos I era titular.

Finalmente, en el 2012, el emérito transfirió todos los activos de LUCUM a la cuenta de Corinna como “donación irrevocable”. Todos estos movimientos se hicieron, siempre según la fiscalía sin declarar a Hacienda “las rentas y rendimientos obtenidos” desde el 2008 al 2012. Ni en el 2012 ni en años posteriores el emérito presentó declaración informativa de los bienes y derechos en el extranjero.

Tras archivar la causa existen dos hipótesis abiertas, o una donación u otro concepto de naturaleza desconocida.

Cohecho y blanqueo de capitales

«Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado que Juan Carlos I desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho».

Las operaciones que se hayan llevado a cabo tras el ingreso de 64.884.405 euros podrían encajar en un delito de blanqueo de capitales.

Finalmente la fiscalía apunta que estos hechos también habrían quedado en nada porque terminaron en 2012, cuando Juan Carlos era inviolable. 

Regularizaciones

La fiscalía no ha podido establecer que haya una contraprestación por el importe total de 516.606,32 euros en transferencias efectuadas entre 2016 y 2019 por Allen de Jesús Sanginés Krause a Murga Mendoza «y de las que ha sido beneficiario directo o indirecto» Juan Carlos I.

Ahora bien, estos traspasos están sujetos al impuesto de sucesiones y donaciones y el 9 de diciembre de 2020 el rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria 556.412,50 euros y los correspondientes recargos e intereses de demora.

Esto es algo que el rey emérito regularizó en febrero de 2021 con autoliquidaciones complementarias por el IRPF correspondientes a los ejercicios 2014 a 2018 de un total de 4.416.757,46 euros.