Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
Alega que «la libertad de expresión no puede suponer una patente de corso».
El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, después de que éste tildase el pasado sábado a Juan Carlos I de «ladrón» y «delincuente acreditado».
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el secretario general de la organización, Miguel Bernad, asegura que «las acciones descalificadoras» del ministro «no pueden encajar en el amplio derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión».
Y esto es así en tanto que, añade, «la libertad de expresión no puede suponer una patente de corso para que en base a la misma se ofenda gravemente la dignidad de las personas».
Según Manos Limpias, hay un «abismo» entre reconocer que «el comportamiento del rey emérito» ha sido «éticamente reprobable» y llamarle «ladrón y delincuente acreditado». Pero, además, añade que existe un «plus de punidad, ya que las manifestaciones» de Garzón «fueron ampliamente difundidas en los telediarios».
Estos son todos los delitos que la fiscalía atribuye al rey Juan Carlos pese al carpetazo
La investigación ha detectado algunos delitos y la fiscalía considera que sus indagaciones han permitido «recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas».
Fraude de Juan Carlos
Juan Carlos defraudó por encima, con creces, del importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito.
Esto se ha dilucidado a raíz de la indagación de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la segunda fase de la construcción del AVE a La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula.
En este caso la fiscalía investigó una posible relación con el ingreso de 64.884.405 euros el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación LUCUM de la que Juan Carlos I era titular.
Finalmente, en el 2012, el emérito transfirió todos los activos de LUCUM a la cuenta de Corinna como “donación irrevocable”. Todos estos movimientos se hicieron, siempre según la fiscalía sin declarar a Hacienda “las rentas y rendimientos obtenidos” desde el 2008 al 2012. Ni en el 2012 ni en años posteriores el emérito presentó declaración informativa de los bienes y derechos en el extranjero.
Tras archivar la causa existen dos hipótesis abiertas, o una donación u otro concepto de naturaleza desconocida.
Cohecho y blanqueo de capitales
«Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado que Juan Carlos I desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho».
Las operaciones que se hayan llevado a cabo tras el ingreso de 64.884.405 euros podrían encajar en un delito de blanqueo de capitales.
Finalmente la fiscalía apunta que estos hechos también habrían quedado en nada porque terminaron en 2012, cuando Juan Carlos era inviolable.
Regularizaciones
La fiscalía no ha podido establecer que haya una contraprestación por el importe total de 516.606,32 euros en transferencias efectuadas entre 2016 y 2019 por Allen de Jesús Sanginés Krause a Murga Mendoza «y de las que ha sido beneficiario directo o indirecto» Juan Carlos I.
Ahora bien, estos traspasos están sujetos al impuesto de sucesiones y donaciones y el 9 de diciembre de 2020 el rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria 556.412,50 euros y los correspondientes recargos e intereses de demora.
Esto es algo que el rey emérito regularizó en febrero de 2021 con autoliquidaciones complementarias por el IRPF correspondientes a los ejercicios 2014 a 2018 de un total de 4.416.757,46 euros.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
El veto sindical a la Policía Nacional empieza a resquebrajarse
La anomalía democrática ya no cabe debajo de la alfombra. Dos tribunales superiores de justicia, el del País Valencià y el de Madrid, han admitido a trámite sendas demandas de agentes de la Policía Nacional contra una prohibición que huele a otro tiempo: la que les impide afiliarse a sindicatos de clase, interprofesionales, como CNT, CGT, UGT o CCOO. La pelea apunta directamente al artículo 28 de la Constitución, que reconoce la libertad sindical, y al artículo 14, que garantiza la igualdad y la no discriminación. Fechas y cifras importan: la norma que ahora se discute fue aprobada en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, y afecta a un cuerpo donde la escala básica suma más de 70.000 agentes.
Esta es la democracia estadounidense: 88 corporaciones no pagaron impuestos federales y regaron la política con 852 millones
La democracia estadounidense tiene una liturgia muy solemne. Banderas, discursos sobre la libertad, himnos, padres fundadores, ceremonias patrióticas y presentadores de televisión hablando de “oportunidad”. Luego llega la letra pequeña. Y la letra pequeña dice esto: 88 grandes corporaciones que no pagaron ni un dólar de impuesto federal sobre la renta empresarial en el año fiscal 2025 gastaron unos 852 millones de dólares en lobby y contribuciones electorales durante los últimos ciclos políticos.
No es una anomalía. Es el sistema funcionando.
Trump aprieta el cerco petrolero a Cuba y llama “libertad” al castigo colectivo
El 11 de junio, Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra Unión Cuba-Petróleo, CUPET, la empresa estatal cubana de petróleo y gas. No fue un gesto administrativo. No fue una nota técnica del Departamento de Estado. Fue otro giro de tuerca contra una población que ya vive entre apagones, falta de combustible, problemas de transporte, hospitales tensionados y una economía castigada por 65 años de embargo estadounidense. Lo llaman presión. Lo llaman democracia. Lo llaman “apoyo al pueblo cubano”. Pero cuando una sanción corta energía, encarece comida, complica medicinas y deja a la gente sin movilidad, el nombre honesto es otro: castigo colectivo.
Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y viejo militante del cambio de régimen, defendió la medida acusando al Gobierno cubano de usar la energía como herramienta de represión, enriquecimiento y control social. El guion es conocido. Primero se asfixia un país. Luego se acusa al país asfixiado de no respirar bien. Después se presentan las consecuencias del bloqueo como prueba de que hacía falta más bloqueo. La maquinaria imperial funciona así: provoca la herida, señala la sangre y vende la amputación como tratamiento.
Vídeo | Más de 30.000 personas ya han visto el #ReportajeSR sobre cómo Israel está cambiando las reglas del mundo
El nuevo trabajo de Reportajes SR, con Olga Rodríguez, analiza por qué lo que ocurre en Gaza no es solo una tragedia palestina, sino una advertencia global sobre la impunidad, el derecho internacional y la ley del más fuerte. Más de 30.000 personas han visto…
Vídeo | La batalla cultural ultra no empezó ayer: nuevo #ReportajeSR este domingo 14
El domingo 14, a las 15:00, estrenamos en nuestro canal de YouTube un nuevo #reportajesr: “Cómo la extrema derecha está ganando la batalla cultural”. La primera parte lleva un título que debería funcionar como advertencia: “Esto no empezó ayer”.
El reportaje, presentado por Patricia Salvador y dirigido por Lea Gugelmann, periodistas de Spanish Revolution, ya está disponible de forma anticipada para suscriptoras y suscriptores del canal.
Porque sí, la extrema derecha no empieza siempre gritando censura, deportaciones, recortes o mano dura. A veces empieza antes. Mucho antes. Empieza alterando el lenguaje. Empieza llamando “libertad” al privilegio de quienes más tienen. Empieza llamando “familia” a un modelo único y obediente. Empieza llamando “patria” a una frontera moral. Empieza llamando “sentido común” a una agenda profundamente reaccionaria.