El País ha expuesto las estafas y los contratos a dedo de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid se ha convertido, por deficiencia, en foco mediático de la prensa, puesto que, como indica El País, sufrió varias estafas que acumulan hasta 13 millones de pérdidas y se abusó de los contratos a dedo.
El juez que instruye el caso de las mascarillas vendidas por Medina y Luceño ha escrito que ese proceso abierto “tiene un interés general y una enorme repercusión pública al investigarse el manejo de los fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el peor momento de la pandemia de covid-19, con miles de fallecimientos diarios”, pero no ha sido el único.
«El riesgo de sufrir fraude en aquellos días de marzo de 2020 era muy grande en el Ayuntamiento de Madrid. El recurso a la contratación de emergencia, sin controles ni concurrencia, incrementó el peligro de perder fondos multimillonarios en la adquisición de material a comisionistas sin escrúpulos», indica el medio.
De 59 contratos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas en el Ayuntamiento de Madrid, tan solo en cuatro (apenas un 7%) se solicitaron varias ofertas a más de una empresa para decidir la adjudicación. El resto de contratos (93%) se concedió a dedo, sin concurso.
La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción ha destapado un sistema de contratación en el Ayuntamiento de Madrid basado en la desinformación y la falta de controles. «El consistorio tenía hasta 90 órganos distintos de contratación. Entre marzo y septiembre de 2020, gastó más de 100 millones de euros en material sanitario para combatir la pandemia. Hasta 16 empresas distintas suministraron productos sanitarios al Ayuntamiento de Madrid en aquellas fechas. Dos días antes de que los supuestos estafadores (Medina, Luceño, y Philippe Solomon) cierren la venta de mascarillas a entre cinco y 6,24 euros, la empresa farmacéutica portuguesa GLSMED entrega 100.000 mascarillas FFP2 al Ayuntamiento de Madrid por 2,5 euros. Otra firma, SUBICU, también vende en esas fechas otras 100.000 mascarillas a 2,75 euros», añade.
Carolina Alonso explica el «método Ayuso de corrupción legal»
Marina Lobo preguntaba a Carolina Alonso por Ayuso, su «actitud chulesca, su negarlo todo y decir ‘yo no voy a comparecer porque tengo la libertad, no voy a ir a ningún Tribunal, no soy juzgada por nada, porque no es absolutamente nada’» y por el caso de Almeida, que también salpica a la presidenta.
«Yo a lo de Ayuso lo he llamado el método Ayuso de corrupción legal, para desviar dinero público y favorecer a empresas de familiares y amigos, incluso utilizando familiares como un intermediario y esto lo hacen gracias a lo que es la contratación de emergencia. Han utilizado la pandemia y una situación de emergencia para poder hacerlo a dedo y sin publicidad. Contratos con sobrecostes, con comisiones, con mordidas a gente cercana», explicaba Carolina Alonso.
«De la época de la pandemia a la que se están viendo, pues, comprometidos, tanto ella como Almeida, con unas cantidades de dinero público escandalosas para el tiempo que tenemos recortes en sanidad, vemos recortes en educación, que nos están diciendo que hay que bajar los impuestos y demás, pero ellos están repartiendo el dinero público», continuaba.
«Es que el impuesto más alto que tenemos en la Comunidad de Madrid es la corrupción. 6.000 millones de euros que se han ido por el sumidero de la corrupción del Partido Popular», concluía contundente.
El mandato de Almeida también de polémica en polémica
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida está viviendo el momento más delicado de todo su mandato. La investigación judicial abierta contra Luis Medina y Alberto Luceño ha provocado un nuevo terremoto político en el PP de Madrid, que podría suponer el final de Almeida al frente de la alcaldía.
La causa ha provocado que el PSOE esté presionando a la vicealcaldesa Begoña Villacís para que lidere una posible moción de censura, algo que ella ha descartado al considerar que no se ha demostrado la implicación del regidor en presuntas comisiones de contratos que tuvieron lugar durante la pandemia.
Villacís ha lamentado que el Ayuntamiento esté siendo noticia por razones que no deberían ser y ha afeado que haya gente que «cuando peor lo estaban pasando los madrileños, cuando los madrileños estaban confinados en sus casas y había mucho miedo, se han aprovechado de la desesperación de una Administración». «Se han dedicado a comprar yates de lujo, coches de lujo, a costear fines de semana de lujo. Y eso es absolutamente indecente e intolerable. Nos hemos ido enterando por las noticias a cuentagotas».
El mandato de José Luis Martínez-Almeida se ha caracterizado por encadenar polémica tras polémica, pero esta última está provocando especial indignación. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra Luis Medina, hermano del actual duque de Feria e hijo de Naty Abascal y su amigo Alberto Luceño, por tres contratos para vender material sanitario en plena pandemia al Ayuntamiento de Madrid y por los que presuntamente habrían cobrado una comisión seis millones de euros. La querella se presenta por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.“Sola y borracha quiero llegar a casa no se cantaba porque fuera pegadizo, sino por tip…TVE oculta el motivo por el que la UEFA ordena cerrar parte del Metropolitano: por los …Luis Medina abandona el país dos semanas antes de su declaración ante el juez por el «p…Amnistía Internacional reclama un juicio justo para Pablo González y que se le permita …Leer más
Almeida ha intentado defender el papel del Ayuntamiento en el caso de esos contratos pero sus explicaciones no han resultado nada convincentes. El alcalde de Madrid ha defendido que «solo contratamos con esa empresa, en ningún caso con Medina o Luceño. En ningún caso el Ayuntamiento hizo un pago a esas personas». «Les pido que se pongan en aquella situación, que piensen en los servicios técnicos del Ayuntamiento que se dejaron la piel para conseguir material», ha añadido.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
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