La Audiencia de Barcelona resucita la inquisición: procesar por satirizar un belén 

Hazte Oír y la judicatura se dan la mano para criminalizar el humor y disciplinar la libertad de expresión

Una vez más, la Audiencia de Barcelona ha decidido actuar no como garante de derechos, sino como brazo ejecutor de los delirios medievales de la ultraderecha. Ha reabierto una causa ya archivada contra los editores de la revista Mongolia por una portada satírica de diciembre de 2022 en la que aparecía una versión irreverente del tradicional belén navideño. En ella, una caca sonriente representaba al niño Jesús. Una provocación, sí. Pero una provocación legítima en cualquier democracia que no haya sido arrasada por el integrismo religioso.

Pere Rusiñol, Darío Adanti y Fernando Luis Carballo han sido citados como imputados por un presunto delito contra los sentimientos religiosos, una tipificación legal que huele a sacristía rancia y a Código Penal franquista. La Fiscalía y la jueza de Mataró ya habían archivado el caso por falta de delito. Pero eso no le ha bastado al tridente judicial formado por José Carlos Iglesias, María Carmen Hita y Begoña Sos, quienes consideran que la intención de ofender “no puede descartarse de plano”. El hecho de que se trate de una revista satírica no les merece ninguna consideración.

No hablamos de una anécdota. No es un caso más. Es una reafirmación del poder de censura de los sectores más reaccionarios de la sociedad. A través del juzgado y con el beneplácito de una Audiencia que ignora premeditadamente el principio constitucional de libertad de expresión, se reabre un proceso judicial cuyo único propósito es intimidar, castigar y disuadir.

Porque aunque el caso vuelva a archivarse después de la declaración prevista para el próximo 25 de junio, el daño ya está hecho. Se trata, como ha señalado la propia revista, de un claro ejemplo del “efecto desaliento”: el castigo no está en la condena, sino en el proceso. En el tiempo, el desgaste, los recursos y el miedo que generan este tipo de persecuciones judiciales. No buscan justicia, buscan sumisión.

LA ULTRADERECHA USA LA JUSTICIA COMO GARROTE

Detrás de este ataque no hay una ciudadanía herida en su fe, sino una maquinaria organizada para imponer su moral por la vía judicial. Hazte Oír, Abogados Cristianos, Manos Limpias, incluso un grupo carlista. Todos ellos utilizan la figura del “delito contra los sentimientos religiosos” para perseguir a quien no se arrodille ante sus dogmas.

Es un patrón conocido: se aprovechan de un artículo anacrónico del Código Penal —el 525—, que castiga con hasta un año de prisión las ofensas a los sentimientos religiosos. Una legislación que numerosos juristas califican de incompatible con una sociedad democrática, y cuya mera existencia es una invitación al abuso y la censura.

Lo han hecho antes. Con artistas. Con activistas. Con publicaciones. El objetivo no es otro que el de sembrar el terror entre quienes se atreven a cuestionar los símbolos del poder tradicional: la Iglesia, el Ejército, la Monarquía. Hoy le toca a Mongolia, mañana puede ser cualquiera que ose abrir la boca.

La Audiencia ha decidido ignorar lo evidente: que el humor, incluso el más incómodo, está protegido por el artículo 20 de la Constitución. Que la sátira religiosa forma parte de la crítica social legítima. Que el sarcasmo, la burla y la irreverencia han sido históricamente herramientas de denuncia contra el autoritarismo y el dogma.

En lugar de hacer pedagogía democrática, los y las jueces se han plegado al matonismo judicial ultracatólico, normalizando que la fe —privada, opcional y subjetiva— pese más que los derechos fundamentales. El resultado es una justicia que no protege a las y los ciudadanos, sino que los castiga cuando se desvían de la doctrina oficial.

“En lugar de agachar la cabeza, Mongolia responderá como es habitual: con una campaña pública de micromecenazgo para involucrar al pueblo mongol en su defensa en los tribunales”, ha anunciado la revista. Frente al miedo, organización. Frente a la amenaza, solidaridad.

Porque esta persecución no va solo contra Mongolia. Va contra toda forma de pensamiento crítico. Contra quienes hacen humor incómodo. Contra las periodistas que señalan al poder. Contra las enfermeras y enfermeros que denuncian recortes bendecidos desde púlpitos. Contra las profesoras y profesores que se atreven a enseñar pensamiento libre. Contra cada una de las personas que quieren vivir sin comulgar con ruedas de molino.

En 2025, en el Estado español, reírse de una caca en un belén puede llevarte ante un tribunal, mientras los violadores de toga y los corruptos de sotana siguen sin rendir cuentas.