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Una protesta pacífica en la Universidad Complutense termina con siete estudiantes imputadas por delitos de odio.
El pasado 24 de marzo, siete estudiantes —en su mayoría militantes de Contracorriente y del Sindicato de Estudiantes— fueron citadas por la policía tras participar en una protesta pacífica contra la presencia del ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros en la Universidad Complutense de Madrid. Se les acusa de desórdenes públicos, coacción y, en un giro retorcido de los hechos, de “delito de odio”. Lo paradójico: la denuncia proviene del colectivo de extrema derecha “Libertad sin ira”, conocido por disfrazar de libertad de expresión su defensa de discursos autoritarios y reaccionarios.
La imputación de las estudiantes no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia represiva creciente del Estado contra quienes se organizan para frenar el avance del odio. Y no, no es una metáfora. En este país, quienes se movilizan contra el fascismo son perseguidas, mientras los portavoces del odio tienen vía libre para ocupar espacios públicos, incluso en instituciones educativas. Las universidades, antaño baluartes del pensamiento crítico, hoy se convierten en escenarios de represión si alguien osa alzar la voz contra la ultraderecha.
Mientras los tribunales persiguen a quienes defienden una universidad libre de autoritarismo, ni un solo cargo pesa sobre Espinosa de los Monteros o quienes le invitaron a adoctrinar a estudiantes con mensajes reaccionarios. ¿En qué momento pasó a ser delito enfrentarse al fascismo? ¿Por qué el Estado, con un gobierno supuestamente progresista, se arrodilla ante las exigencias de quienes promueven el racismo, el machismo y la homofobia?
UNA RED DE SOLIDARIDAD FRENTE A LA REPRESIÓN SISTEMÁTICA
La respuesta a este atropello no ha tardado en llegar. Desde el viernes posterior a la citación policial, el vídeo de denuncia publicado por Contracorriente se ha viralizado con casi un millón de visualizaciones. En él, las estudiantes denuncian la represión sufrida y reivindican su derecho a protestar. También lo ha hecho Coral Latorre, secretaria general del Sindicato de Estudiantes y una de las imputadas, cuya intervención ha multiplicado los mensajes de apoyo y repudio a esta persecución.
Cientos de personas, decenas de colectivos y sindicatos, han mostrado su apoyo público. Personalidades como Cristina Fallarás, el periodista Rubén Sánchez o la activista por Palestina Hanan Alcalde han difundido el caso en redes sociales. También lo han hecho colectivos educativos de todo el Estado, como la Asamblea Permanente de la Universidad de Granada, que ya vivió en 2022 una situación similar cuando protestó contra la presencia de Macarena Olona. Desde allí lo tienen claro: “Los discursos de odio y de extrema derecha no tienen cabida en las universidades públicas”.
El comunicado de CGT Enseñanza no deja lugar a dudas: “Apoyamos a quienes impidieron de forma pacífica que el fascismo se legitimase en la universidad”. Otros sindicatos como MATS, Co.bas, Solidaridad Obrera o el Sindicato Obrero Aragonés han respaldado también a las imputadas. No se trata solo de solidaridad estudiantil, sino de una red antirrepresiva que denuncia el patrón de criminalización a quienes plantan cara a la reacción, desde las aulas hasta las calles.
A estos apoyos se suma el de organizaciones estudiantiles como Physis, Hibris, Abrir Brecha y el Frente de Estudiantes, que no han dudado en denunciar la estrategia de miedo y silenciamiento que el Estado está desplegando contra la juventud organizada. Las frases son contundentes: “Ninguna represión sin respuesta”, “Todo el apoyo a las compañeras”, “Basta de criminalizar al movimiento estudiantil”.
También los colectivos antirrepresivos como Madres contra la Represión o el Movimiento Antirrepresivo de Madrid han mostrado su repulsa ante lo que califican de nueva caza de brujas contra quienes luchan por una sociedad más justa. La plataforma “Libertad 6 de Zaragoza”, con seis jóvenes aún en prisión por enfrentarse a la ultraderecha, ha lanzado un mensaje de apoyo que hiela la sangre: “Sabemos lo que es ser perseguidas por alzar la voz. No estáis solas.”
El respaldo ha cruzado fronteras. Organizaciones hermanas de la CRT como Révolution Permanente (Francia) o el PTS (Argentina) han enviado mensajes internacionalistas. En el plano estatal, también han apoyado formaciones como Anticapitalistas, Liza, Corriente Roja o secciones locales de Podemos.
Todo este torrente de apoyo no es casualidad. Es la prueba de que existe un hartazgo profundo frente a un sistema que permite el avance del fascismo mientras persigue con dureza a quienes lo denuncian. La concentración en la comisaría de Moratalaz fue solo el primer paso. Las redes ya han demostrado que la solidaridad se organiza y no olvida.
Porque sí, en el Estado español manifestarse contra la extrema derecha puede costarte una imputación por “odio”, mientras se blanquean discursos totalitarios en nombre de una supuesta libertad de expresión. Pero cada vez somos más quienes entendemos que el problema no son siete estudiantes, sino un régimen que protege al verdugo y criminaliza a la víctima. Y esa lucha no ha hecho más que empezar.
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