La Justicia investiga al alcalde de Móstoles y señala al PP por no actuar ante una denuncia de acoso 

El caso expone fallos internos, presiones y una gestión que deja en el aire la protección a la víctima

La causa ya está en marcha. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles ha admitido a trámite una querella por acoso sexual y laboral contra el alcalde del municipio, Manuel Bautista, y también contra el propio Partido Popular como persona jurídica. La resolución, firmada por la magistrada Eloísa Márquez de Prado, no entra aún en el fondo. Pero sí deja algo claro: hay indicios suficientes como para investigar posibles delitos graves. Entre ellos, acoso sexual, acoso laboral, coacciones, lesiones y revelación de secretos.

La querella fue presentada por una exconcejala del PP, representada por el letrado Antonio Suárez-Valdés, en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles. Después, el caso fue derivado al órgano especializado. Y el 15 de abril se admitió a trámite. No es un paso menor. Marca el inicio de diligencias previas y activa el procedimiento judicial. La denunciante declarará el 29 de junio y será examinada por un médico forense para valorar posibles secuelas.

El auto judicial lo resume sin rodeos. Los hechos descritos “presentan características” que podrían encajar en varios delitos. No hay condena. Todavía. Pero tampoco se trata de una denuncia descartada. Se abre investigación. Y eso, en sí mismo, ya cuestiona el relato de normalidad que algunos intentan sostener.

Un relato que cambia cuando llega el rechazo

La historia arranca en 2022. Según la querella, Bautista incorpora a la denunciante a su equipo y la sitúa como número dos en su candidatura. A partir de ahí, la exedil describe una dinámica que se repite. Insinuaciones sexuales. Comentarios en privado. Situaciones incómodas, sobre todo en desplazamientos en coche. Reiteradas. Explícitas, según su versión. Y siempre rechazadas.

Ese rechazo marca un punto de inflexión. La querella sostiene que, desde entonces, el trato cambia. De forma radical. Aparecen rumores sobre una supuesta relación entre ambos. Comentarios de carácter sexual dentro del entorno del partido. Un clima que, poco a poco, se vuelve irrespirable. Tanto que la denunciante llega a plantearse abandonar la candidatura antes de las elecciones.

No lo hace. Continúa. Pero el escenario no mejora. Ya en el Ayuntamiento, describe una situación de acoso laboral sostenido. Exclusión de reuniones. Pérdida de funciones. Marginación progresiva. Una frase lo resume: “Durante más de un año que desarrollé mi puesto de concejal, todos mis compañeros defendieron mociones excepto yo”.

La querella añade más. Prohibiciones para acudir a actos del partido en la Comunidad de Madrid. Reasignación constante de tareas menores. Una invisibilidad institucional que no parece casual. Todo ello, según la denunciante, como respuesta a su negativa inicial.

El papel del partido: silencio, dudas y presión

El foco no está solo en el alcalde. También en el partido. La querella señala directamente al PP por su actuación interna. O, más bien, por su falta de actuación. La exconcejala afirma que pidió ayuda durante meses. Sin éxito. En ese proceso contactó con dirigentes madrileños como Alfonso Serrano y Ana Millán.

Lo que describe no es un protocolo de protección. Es otra cosa. Frases que invitan a callar. “Protegerte es no hacer nada”. “Hacerlo público te va a hundir”. “¿Te merece la pena denunciar por tus hijos, por ti, por tu padre?”. No son citas aisladas dentro del relato. Forman parte del núcleo de la querella. Y apuntan a una estrategia de disuasión.

La situación se complica aún más con el papel de Millán. Según el escrito, reconoce ser “amiga personal” del alcalde. Aun así, es designada como interlocutora en el caso. Un detalle que abre dudas sobre la imparcialidad del proceso interno. No es un matiz menor.

El resultado fue el abandono. La denunciante entrega su acta de concejala y solicita la baja como afiliada. Llevaba en el partido desde 2010. Después recurre al Comité Nacional de Derechos y Garantías. Pero el expediente se archiva sin escucharla. Sin citar a testigos. Sin notificarle el cierre. Así, el caso queda cerrado dentro del partido. Sin investigación efectiva.

La imagen que deja este recorrido interno no es nueva. Se repite en otros contextos. Cuando el acusado es ajeno, piden responsabilidades inmediatas; cuando es propio, el discurso cambia y se pide prudencia. El contraste es evidente. Y vuelve a aparecer aquí.

También encaja con otro patrón. Cuando una mujer pide amparo, la respuesta puede convertirse en silencio, miedo o retirada. No siempre. Pero sucede. Y este caso lo vuelve a poner sobre la mesa.

Del ámbito interno a la exposición pública

La denuncia sale a la luz en febrero. Y, según la querella, a partir de ese momento comienza una campaña de descrédito. Difusión de informaciones tergiversadas. Circulación de correos electrónicos con su identidad. Hechos que podrían encajar en un delito de revelación de secretos. La presión no desaparece. Cambia de forma.

Mientras tanto, la reacción política se divide. Desde el entorno del gobierno madrileño, la presidenta Isabel Díaz Ayuso respalda al alcalde. Lo califica de “magnífico” y asegura desconocer las acusaciones. Una defensa cerrada. Sin matices. Desde la oposición, en cambio, se pide su dimisión. La portavoz Manuela Bergerot habla de un posible “patrón de acoso sexual y laboral aprovechando una posición de poder”.

Dos lecturas. Dos relatos. Y una investigación judicial en marcha que tendrá que aclarar los hechos. Eso es lo que queda ahora. La vía penal. La única que, de momento, no ha cerrado la puerta.

Porque más allá de lo que determine el juzgado, el caso ya deja preguntas incómodas. Sobre cómo reaccionan las estructuras de poder cuando la denuncia nace dentro. Sobre qué mecanismos existen realmente para proteger a quien señala. Y sobre qué ocurre cuando esos mecanismos fallan. O no se activan.

El proceso acaba de empezar. Pero lo que ya está documentado no es menor. Es una secuencia de hechos, decisiones y omisiones que dibujan un problema más amplio. Y que, esta vez, ha llegado a los tribunales.