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Londres arroja a Assange a los leones: EE.UU. pide que el periodista australiano sea juzgado por 18 delitos, pudiendo costarle hasta 175 años de condena.
Tal y como ha adelantado Público, el Tribunal de Apelación de Londres ha decidido este viernes de extraditar a Julian Assange a Estados Unidos en una más que controvertida decisión.
Hasta ahora la defensa de Assange se ha escudado en su deteriorada salud mental para evitar su entrega a Estados Unidos, acreditada por un informe forense del psiquiatra Michael Kopelman. El pasado 11 de agosto, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Londres Timothy Holroyde, cuestionó la decisión de su homóloga Vanessa Baraitser de negarse a la extradición para salvaguardar la salud mental del activista y ante el riesgo de suicidio, donde, según la jueza, su ingreso en una prisión sería un duro «confinamiento».
Esta acción por parte de Reino Unido pone al activista a los pies de los caballos: el Ejecutivo norteamericano pide que el periodista australiano sea juzgado por 18 delitos relacionados con la Ley de Espionaje y la piratería informática, pudiendo costarle hasta 175 años de condena.
La decisión de la justicia londinense de es un duro revés Julian Assange, que lleva encarcelado en Reino Unido desde abril de 2019 tras ser detenido en un asalto a la embajada de Ecuador en Londres. El calvario del activista viene de mucho más atrás, pues en la embajada del país latino llevaba ya refugiado siete años.
Este caso afecta a la libertad de prensa en el mundo
Vanessa Baraitser también indicó que existen dudas sobre si EE. UU. podría garantizarle seguridad al periodista, pero Washington no desiste en sus exigencias y ratificó la oferta de permitir que Assange cumpla su condena en Australia, el país donde nació, después de culminar su juicio en Estados Unidos.
Aitor Martínez, abogado del equipo de defensa de Assange, concedió una entrevista a RT en la que señaló que estando recluido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh,solo pudo seguir la sesión judicial por videoconferencia durante unos minutos debido a su deteriorado estado de salud.
El letrado ha explicado que tras la detención del fundador de WikiLeaks en abril de 2019 se solicitó su ingreso en un centro hospitalario, pero en su lugar fue trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad lo que provocó que se agravase su estado físico y le dificultó la comunicación con él.
Además, ha asegurado que este miércoles se le restringió la posibilidad de mantener una interlocución fluida y directa con sus abogados, así como estar presente en la propia vista de apelación, algo que sí se permitió a los fiscales estadounidenses.
Por otro parte, ha señalado que EE.UU. ha ofrecido al tribunal ciertas garantías para que Assange, en caso de que sea extraditado, no sea ingresado en una prisión de máxima seguridad ni sea objeto de medidas de carácter especial, unas promesas violadas sistemáticamente por el país norteamericano en casos de extradición.
Aitor Martínez considera que esta «es una acción judicial que afecta a toda la libertad de prensa del mundo en su conjunto, porque lo que criminaliza EE.UU. es la publicación de información veraz proveniente de fuentes anónimas, con la que además se ha acreditado la comisión de graves crímenes internacionales, como son los crímenes de guerra cometidos en Irak y en Afganistán», por lo que este caso es un «gravísimo precedente para la comunidad de medios libres del mundo».
Y añadió que: «En pleno siglo XXI estamos viendo un retroceso en las libertades básicas, como son la libertad de prensa para los medios y el derecho de acceso a la información para los individuos», destacando que toda la comunidad internacional tiene que posicionarse ante tal precedente.
Para finalizar el letrado recordó que «el derecho de acceso a la información de los ciudadanos es fundamental para que se pueda realizar un efectivo control del poder. Sin medios libres que puedan controlar el ejercicio del poder, descendemos peligrosamente hacia sistemas totalitarios donde los gobernantes tendrán amordazada a la prensa y la información sensible relativa a crímenes, corrupción y demás atropellos quedarán fuera del conocimiento del ciudadano, generándose poderosos gobiernos que viven en la absoluta impunidad».
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