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En el corazón de la Asamblea de Extremadura, en un escenario donde se espera que prevalezcan el diálogo y el respeto, hemos sido testigos de un incidente que pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar la intolerancia y la agresión en el mundo político. Irene de Miguel, presidenta del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, ha denunciado amenazas por parte de la diputada del PP, Sandra Valencia, en el marco de un debate sobre la educación afectivo sexual. Este incidente no solo es alarmante por su naturaleza, sino también por lo que representa en el ámbito de la política española.
«El nivel de crispación política al que estamos llegando es muy preocupante. Lo que ha sucedido hoy en la Asamblea de Extremadura no tiene nombre y es inexcusable. Lo he denunciado a la policía porque no voy a permitir ninguna amenaza a mi familia», escribió De Miguel.
La política es el arte del diálogo y la negociación. Es un espacio donde diferentes visiones del mundo convergen para construir un futuro mejor para todas y todos. Sin embargo, el incidente entre Irene de Miguel y Sandra Valencia nos muestra que, en ocasiones, este espacio se contamina con actitudes y comportamientos que no tienen cabida en una democracia madura.
Amenazar a una colega en pleno debate, y más aún hacerlo invocando a su familia, no solo es una falta de respeto hacia la persona afectada, sino también hacia la institución que representan y, en última instancia, hacia la ciudadanía que confió en ellas para representarla.
MUJER Y POLÍTICA
Es imposible ignorar el hecho de que ambas protagonistas de este incidente son mujeres. Aunque la política ha avanzado en términos de igualdad de género, las mujeres aún enfrentan múltiples desafíos en este ámbito. El acoso, la discriminación y, en este caso, las amenazas, son barreras que muchas políticas enfrentan simplemente por ser mujeres.
El caso de Irene de Miguel nos recuerda que, a pesar de los avances, aún queda mucho por hacer en términos de igualdad de género en la política. Es esencial que las instituciones tomen medidas concretas para garantizar que todas y todos los políticos puedan desempeñar sus funciones en un ambiente seguro y respetuoso.
HACIA LA TOLERANCIA
El debate político debe estar basado en argumentos, evidencias y, sobre todo, respeto. Los desacuerdos son naturales y esperados, pero deben ser abordados con madurez y profesionalismo. Las amenazas y agresiones, ya sea verbales o físicas, no tienen cabida en este espacio.
Es fundamental que las instituciones tomen medidas para prevenir y sancionar este tipo de comportamientos. La formación en valores democráticos, tolerancia y respeto debe ser una prioridad para todas y todos los representantes políticos. Además, es crucial que los partidos políticos asuman su responsabilidad y promuevan una cultura de respeto y diálogo entre sus miembros.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
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Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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