Lo han logrado. La ILP para que los toros no sean patrimonio cultural consigue medio millón de firmas 

Una marea de firmas para desmontar el blindaje legal de la tortura animal

La recogida de firmas para que los toros dejen de ser considerados patrimonio cultural está a punto de culminar. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por colectivos animalistas ya ha sobrepasado el umbral de 500.000 firmas necesario para su tramitación en el Congreso, acumulando hasta la fecha 570.000 apoyos. Pero el objetivo no es solo llegar, sino hacerlo con fuerza. Los promotores pretenden seguir sumando adhesiones hasta el 19 de febrero, fecha en la que entregarán los pliegos en la Cámara Baja, con la intención de presionar a los grupos parlamentarios. El verdadero escollo no estará en la calle, sino en los escaños del Partido Socialista.

EL PSOE, ENTRE DOS AGUAS: GOBIERNO Y PODER TERRITORIAL

El PSOE se enfrenta a una de sus contradicciones habituales. En 2013, cuando el Partido Popular convirtió la tauromaquia en patrimonio cultural a través de otra ILP, los socialistas evitaron posicionarse con claridad y optaron por la abstención. Ese movimiento permitió blindar las corridas de toros bajo el paraguas del artículo 46 de la Constitución, que obliga a las administraciones públicas a garantizar la protección de su patrimonio. Como resultado, ninguna comunidad autónoma puede prohibir las corridas sin enfrentarse a la maquinaria judicial del Estado. Catalunya lo intentó en 2010, pero el Tribunal Constitucional tumbó la prohibición en 2016 bajo el pretexto de que la tauromaquia estaba protegida por la ley estatal.

Ahora, con el Ministerio de Cultura en manos de Sumar, se han dado algunos pasos para alejarse del lobby taurino. En 2023, Ernest Urtasun eliminó el Premio Nacional de Tauromaquia, un gesto simbólico pero relevante. Sin embargo, en cuanto el PP llevó el tema al Senado para exigir la restitución del galardón, el PSOE repitió su estrategia de 2013 y se abstuvo. Para la formación de Pedro Sánchez, la tauromaquia sigue siendo un tema incómodo. Mientras en el Gobierno la tendencia apunta hacia el fin de la financiación pública de estos espectáculos, en sus territorios sigue habiendo una fuerte presión interna. En comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía o Extremadura, el PSOE mantiene una postura ambigua, con dirigentes que defienden abiertamente las corridas de toros.

El caso del senador andaluz Alfonso Moscoso es ilustrativo: en el debate sobre el Premio Nacional de Tauromaquia, aseguró que su partido “no solo respeta la tauromaquia, sino que, como está recogido en la ley, la va a seguir protegiendo”. Si esa línea se impone dentro del PSOE, la ILP animalista no tendrá recorrido.

UNA MAYORÍA POSIBLE SI EL PSOE SE DECIDE

A diferencia de otras iniciativas progresistas que dependen de acuerdos inciertos, la ILP para retirar la protección estatal a la tauromaquia tiene un camino más claro. Si el PSOE decidiera apoyarla, contaría con los votos suficientes para salir adelante. La mayoría de investidura respaldaría la propuesta sin fisuras: Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG han mostrado una posición abiertamente antitaurina. Incluso Junts per Catalunya, que en otras cuestiones es un aliado inestable, tiene claro su apoyo a cualquier medida que devuelva a las autonomías la capacidad de decidir.

El problema es que el PSOE no solo enfrenta la presión del lobby taurino y de la derecha, sino también su propio miedo a la reacción en ciertas comunidades. En Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha utilizado en varias ocasiones el tema de los toros como un elemento diferenciador respecto al Gobierno central. En Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha convertido la tauromaquia en un símbolo identitario de su guerra cultural contra la izquierda. El PP ya ha dejado claro que si el PSOE se mueve contra la tauromaquia, utilizará el tema como arma arrojadiza en todas las plazas posibles.

Por eso los promotores de la ILP no solo buscan el respaldo de la calle, sino generar una presión equiparable a la que ejerció el sector taurino en 2013. En aquel momento, la ILP para blindar la tauromaquia reunió 650.000 firmas. El objetivo de los colectivos animalistas es igualar o superar esa cifra para demostrar que la sociedad ha cambiado y que la protección legal de las corridas de toros no es un consenso, sino una imposición. La pelota está en el tejado del PSOE. Esta vez, no podrán esconderse tras una abstención sin consecuencias.