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La inspección fiscal a Quirón Prevención no es una anécdota contable: es otra grieta en el modelo que convirtió la sanidad pública madrileña en una autopista para negocios privados.
LA FACTURA PRIVADA DE LO PÚBLICO
La Agencia Tributaria ha abierto una inspección amplia a Quirón Prevención, la filial del gigante sanitario Quirón que aparece como principal pagador de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. No hablamos de una revisión menor. La inspección se inició en 2025, después de que en 2024 saliera a la luz el escándalo fiscal de González Amador, y abarca hasta cuatro ejercicios. Concretamente, revisa el Impuesto sobre Sociedades de 2020 a 2023, el IVA de 2021 a 2023, y también obligaciones vinculadas al IRPF y al Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
Es decir, Hacienda está mirando justo el periodo en el que se cruzan varias cosas demasiado incómodas para el relato oficial del “todo está en orden”. Los ejercicios 2020 y 2021, los años por los que González Amador está pendiente de juicio por presuntos delitos fiscales y falsificación documental. Los años de la pandemia. Los años de las mascarillas. Los años en los que la sanidad pública madrileña estaba siendo triturada mientras ciertos intermediarios descubrían que el desastre también podía ser una oportunidad de negocio.
Quirón Prevención pertenece al grupo alemán Fresenius y no es una empresa marginal perdida en un polígono. Es una filial líder en prevención de riesgos laborales, con más de 7.000 profesionales, servicio a más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras y más de 179.000 empresas. Sus últimas cuentas muestran un negocio en plena forma: la cifra de ventas creció un 9%, hasta alcanzar 471 millones de euros, y el beneficio fue de 56,5 millones, apenas por debajo del récord de 58 millones del ejercicio anterior.
La pregunta política no es si Quirón gana dinero. La pregunta es por qué un grupo que se alimenta del ecosistema privatizador de la sanidad madrileña aparece una y otra vez alrededor del caso de la pareja de Ayuso. Porque aquí no hay solo una inspección fiscal. Hay un mapa. Un mapa donde lo público pone el suelo, la ciudadanía pone el dinero y el beneficio termina en manos de quienes han convertido la salud en un mercado.
La sanidad pública se recorta con una mano y con la otra se riegan conciertos, contratos y redes privadas. Luego nos dicen que es eficiencia. Que es colaboración público-privada. Que es modernización. Ya. La palabra bonita para esto siempre llega después del negocio.
González Amador, colaborador externo de Quirón para auditorías de calidad, multiplicó sus ingresos procedentes del grupo tras iniciar su relación con la presidenta madrileña. Su consultora, Maxwell Cremona, declaró en 2024 la mitad de facturación y contrató personal por primera vez después de estallar el escándalo revelado en marzo de 2024. Todo muy casual. Todo muy administrativo. Todo muy madrileño en el peor sentido de la palabra.
EL CÓDIGO ÉTICO COMO DECORADO
El empresario está pendiente de juicio en el Juzgado de lo Penal número 19 de Madrid por presuntamente cometer dos delitos fiscales y falsificación documental en 2020 y 2021, mediante una supuesta trama de facturas falsas para defraudar a Hacienda después de disparar sus ingresos. Parte de ese ascenso económico, según la información publicada, tuvo relación con Quirón.
La instrucción terminó el pasado septiembre y el juicio todavía no tiene fecha. Antes de que estallara el escándalo, González Amador llegó a reconocer por escrito esos delitos. Después cambió la estrategia y trató de usar la condena del Tribunal Supremo contra el anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para intentar librarse de una condena en este procedimiento. Una maniobra muy de época: primero se admite, luego se niega, después se grita persecución.
Pero el caso no se queda ahí. González Amador también está siendo investigado por presunta corrupción en los negocios por el pago, a finales de 2020, de medio millón de euros a una empresa de tratamientos de belleza sin aparente valor, a nombre de Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, principal ejecutivo de Quirón Prevención. Camino fue una figura clave en el ascenso profesional de González Amador y era entonces consejero de MAPE, una empresa gallega de material sanitario que permitió al comisionista obtener una comisión de casi 2 millones de euros por intermediar en la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.
Ahí está la obscenidad. Mientras las enfermeras y enfermeros se dejaban la piel, mientras médicas y médicos improvisaban con recursos insuficientes, mientras las familias enterraban a sus muertos, había quien convertía la emergencia sanitaria en un negocio redondo. El capitalismo de pandemia no inventó la miseria moral, solo la dejó mejor iluminada.
Gloria Carrasco también figura como investigada en ese procedimiento, que ha revelado una inspección de Hacienda contra ella. Esas pesquisas han quedado paralizadas por la existencia de una investigación judicial pendiente de un informe de la UCO de la Guardia Civil, iniciado el pasado noviembre.
Y Quirón, pese a todo, mantiene su relación con González Amador. Incluso después de su imputación por presunta corrupción en los negocios. Incluso pese a un código ético que afirma que solo trabaja con socios cuyos valores coinciden con sus principios corporativos y cuya cooperación no se haya visto influida por la corrupción. La frase es preciosa. Casi decorativa. Como esas plantas de plástico que ponen en las oficinas donde se firma lo que luego pagamos entre todos y todas.
Según elDiario.es, González Amador habría seguido operando en el grupo con una identidad falsa: Alberto Burnet González. Esto ya no parece una incidencia reputacional. Parece una burla. Una de esas burlas que solo se permiten quienes han aprendido que el poder económico casi nunca pide perdón, porque normalmente le basta con esperar.
Ayuso lleva años vendiendo Madrid como un paraíso de libertad. Pero cada vez que se levanta una alfombra aparece lo mismo: contratos, beneficios, empresas privadas, amistades útiles, intermediarios afortunados y una ciudadanía obligada a financiar con impuestos el mismo sistema que luego algunos usan para enriquecerse mientras predican contra lo público.
Lo llaman libertad, pero demasiadas veces huele a licencia para hacer caja con lo que pertenece a todos y todas.
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