La Cañada Real y los derechos de sus vecinos vuelven a ser desoídos, llegando a ignorar al Comité Europeo.
Esta semana pasada vencía el plazo reclamado por el Comité Europeo de Derechos Sociales a España, desde donde se solicitó a España dar una respuesta al incumplimiento recurrente de la Carta Social Europea en la Cañada Real.
De este modo, denuncia Save The Children, mantiene en situación de riesgo de los 1.800 niños y niñas, que volverán a pasar un invierno sin servicios básicos, pudiendo ser afectados su salud, física y mental.
“Si se causa un daño irreparable a las personas afectadas, el procedimiento perderá gran parte de su sentido dado que solamente podrá declarar la violación y ordenar una reparación, pero no podrá evitar daños mayores a los ya sufridos. La situación de especial vulnerabilidad que sufre la infancia afectada por este corte de electricidad, así como el irreversible efecto que tiene el transcurso del tiempo sobre los derechos de los niños y las niñas, hace especialmente necesario el cumplimiento de estas medidas cautelares”, explica Carolina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save The Children.
“Cuando España aceptó el procedimiento de reclamaciones colectivas del Comité en el año 2021, lo aceptaba con todas las obligaciones que ello implica”, añade.
“Por ello, la exigencia de Europa se ha de aceptar con todas sus consecuencias y todas sus fases; es inaceptable que no esté siendo así, y que no se estén cumpliendo las medidas cautelares exigidas por el Comité”, sentencia.
Las reclamaciones en el barrio de la capital se manifiestan y reivindican mediante la Plataforma “Luz Ya para la Cañada Real”, desde donde se reclama que los cortes de electricidad desde octubre de 2020.
Desde la ONG reivindican que para aportar soluciones no hay motivo para entrar en cuestiones legales con las empresas eléctricas, sino que la cuestión se debe desempeñar en el plano político, debido a que pueden suministrarse generadores o placas solares, para paliar la situación.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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