Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
La orden ejecutiva de Trump para blindar la producción de glifosato dinamita su propia coalición “Make America Healthy Again” a meses de las elecciones de mitad de mandato de 2026
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha salido a justificar lo injustificable. Defendió públicamente la orden ejecutiva firmada por Donald Trump que impulsa la producción nacional de glifosato, el herbicida más utilizado en Estados Unidos y principio activo del Roundup, hoy en manos de Bayer tras la compra de Monsanto.
Trump invocó la Ley de Producción para la Defensa con el argumento de la “seguridad nacional”, obligando a reforzar la fabricación doméstica de fósforo elemental y herbicidas a base de glifosato. Según la Casa Blanca, la escasez de estos insumos pondría en riesgo tanto la seguridad alimentaria como la capacidad militar del país. La salud pública queda subordinada a la geopolítica y al agronegocio.
Kennedy, que construyó parte de su carrera denunciando los riesgos de ciertos químicos, afirmó que la orden “pone a América primero” y protege la preparación defensiva y el suministro de alimentos. El mismo Kennedy que, como abogado ambiental, ganó un caso de 290 millones de dólares contra Monsanto por un demandante que atribuía su cáncer al Roundup. El mismo Kennedy que ahora respalda una medida que fortalece la cadena de producción del compuesto que su base política detesta.
La decisión se produjo apenas un día después de que Bayer propusiera pagar 7.250 millones de dólares para cerrar litigios que sostienen que el glifosato provoca cáncer. La cifra no es menor. Tampoco lo es el mensaje: mientras las multinacionales negocian miles de millones para silenciar demandas, el Gobierno acelera la producción del químico cuestionado.
LA FRACTURA DE MAHA ANTE LAS ELECCIONES DE 2026
El movimiento “Make America Healthy Again” fue clave en la victoria electoral de Trump en 2024. Su narrativa mezclaba desconfianza hacia las farmacéuticas, crítica a los aditivos alimentarios y rechazo frontal a pesticidas como el glifosato. Hoy, esa coalición se resquebraja.
Activistas como Kelly Ryerson, conocida como “The Glyphosate Girl”, denunciaron en redes que el presidente está ampliando la producción del “mismo pesticida carcinógeno que más preocupa a MAHA” justo cuando la base comienza a decidir qué hacer en las elecciones legislativas de 2026. Ken Cook, presidente de Environmental Working Group, fue más lejos al afirmar que la medida es “un gesto obsceno hacia cada madre MAHA”.
No es una disputa menor. En noviembre de 2026 se celebran las elecciones de mitad de mandato que podrían erosionar el control republicano del Congreso. El trumpismo necesita cohesión, pero ofrece contradicción.
La propia Marjorie Taylor Greene criticó la orden ejecutiva por proteger un químico que, en sus palabras, causa cáncer en los alimentos. El enfrentamiento ya no es entre demócratas y republicanos. Es interno. Es ideológico. Es electoral.
AGRONEGOCIO, DEFENSA Y LA NORMALIZACIÓN DEL RIESGO
El glifosato es fundamental para cultivos como el maíz y la soja en Estados Unidos. Las y los representantes del sector agrícola lo defienden como insumo crítico. El presidente del Comité de Agricultura de la Cámara, G.T. Thompson, agradeció públicamente a Trump el reconocimiento de la importancia de los herbicidas a base de glifosato.
El argumento oficial es claro: sin producción interna de fósforo elemental y glifosato, la cadena alimentaria y ciertos materiales militares quedarían expuestos a “actores hostiles”. La lógica es militarizar la agricultura y blindar la industria química bajo el paraguas de la seguridad nacional.
Mientras tanto, el Congreso debate una ley agrícola que incluiría disposiciones para impedir que los estados y municipios adopten regulaciones más estrictas sobre pesticidas que las federales. Es decir, centralizar la permisividad. Uniformar por abajo.
La cuestión científica sigue siendo objeto de controversia. Organismos reguladores estadounidenses han defendido que el glifosato es seguro cuando se usa según las indicaciones, mientras que miles de demandas civiles sostienen lo contrario. El debate técnico se convierte en arma política. Y la salud de agricultoras y agricultores, de consumidoras y consumidores, queda atrapada entre informes contradictorios y presiones corporativas.
Aquí no hay romanticismo rural. Hay balances trimestrales. Hay mercados de futuros. Hay exportaciones. Y hay un Gobierno que invoca la defensa nacional para reforzar la producción de un compuesto cuya reputación está erosionada por años de litigios.
La pregunta no es solo si el glifosato es seguro. La pregunta es por qué, ante la duda, se elige siempre el lado de la industria y nunca el de la precaución.
El trumpismo prometió limpiar el sistema alimentario. Hoy prioriza la autosuficiencia estratégica en herbicidas. La coalición que gritaba contra los químicos observa cómo su propio líder firma órdenes que consolidan su producción. Y Kennedy, el antiguo azote de Monsanto, avala la jugada.
En Washington se habla de seguridad nacional. En los campos se habla de rendimiento. En los tribunales se habla de cáncer. En las urnas de 2026 se hablará de coherencia. Porque cuando la retórica sanitaria se dobla ante el complejo agroindustrial, lo que queda no es patriotismo. Es poder sin pudor.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.