Pero rechaza la petición de Iglesias para averiguar si la DAO investigaba a Podemos o sus dirigentes.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias para reabrir la investigación del llamado caso Dina para esclarecer si la cúpula policial estuvo implicada en alguna medida en el robo del teléfono móvil en 2015.
En un auto de este mismo miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera ordena al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, retomar la investigación de esta pieza separada del caso Villarejo otorgándole una prórroga de dos meses.
Revoca así las resoluciones por las que el magistrado acordó poner fin a las pesquisas el pasado enero al considerar que habían llegado a un punto muerto, después de que expertos informáticos de la Policía Nacional determinaran que el daño sufrido por la tarjeta del teléfono móvil de Bousselham impedía averiguar quién y cuándo provocó los desperfectos.
La Sala de lo Penal ha accedido a que la DAO entregue “copia de los oficios o notas informativas relativos a la tarjeta del terminal telefónico de Dina Bousselham que haya remitido a dicho organismo José Manuel Villarejo entre el 1 de noviembre de 2015 y julio de 2016”.
La Sección Tercera argumenta que “no es esta la sede procesal adecuada para determinar las investigaciones policiales que, en las fechas de los hechos, pudieran haberse llevado a cabo sobre actividades de algunos miembros de Podemos, relacionadas con la financiación de este partido”.
“De existir alguna conexión entre esas posibles investigaciones y los hechos relativos a la tarjeta de Bousselham, debe ser suficiente para verificarla la diligencia cuya pertinencia se ha valorado anteriormente”, sostiene.
A su juicio, es “evidente” la procedencia de acoger parcialmente la solicitud del exjefe de Podemos, puesto que “se trata de datos de carácter personal, que han podido ser objeto de conductas delictivas de injerencia o revelación, cuyo alcance objetivo y subjetivo podría contribuir a esclarecer la diligencia solicitada”.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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