El líder del PP vincula inmigración y delitos sin pruebas mientras Migraciones habla de “mala fe” y recuerda los requisitos legales
Alberto Núñez Feijóo volvió a colocar la inmigración en el centro del ruido político. Lo hizo el 15 de abril, en los pasillos del Congreso. Y lo hizo con una afirmación contundente, de esas que no pasan desapercibidas: que el proceso extraordinario de regularización aprobado el día anterior permitiría legalizar a “inmigrantes que han abusado de una mujer”. Una frase corta. Directa. Pero cargada.
No es la primera vez que el debate se desliza por ese terreno. De hecho, la estrategia recuerda a otros discursos recientes dentro de la derecha española, donde el tono se endurece y el marco se desplaza. Ahí encaja también el análisis publicado en el giro discursivo de Feijóo y Abascal hacia posiciones más próximas al trumpismo, que apunta precisamente a esa construcción de relatos basados en miedo y simplificación.
Feijóo insistió. Dijo que no tiene sentido que alguien con antecedentes policiales pueda convivir en España. Que el decreto lo permitiría. Que no hay precedentes en la Unión Europea. Y añadió más: robos, reincidencia, delitos. Todo en la misma frase. Todo mezclado.
El problema es que esa afirmación no se sostiene tal cual está planteada. O, al menos, no según la normativa vigente. Y ahí es donde entra la respuesta del Gobierno.
Un choque frontal en el Congreso
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no tardó en responder. Lo hizo también en el Congreso, poco después. Su mensaje fue claro: “desconocimiento o mala fe”. No matizó demasiado. No buscó equilibrios.
Saiz recordó algo básico, pero relevante: carecer de antecedentes es un requisito imprescindible en la normativa de extranjería. No es nuevo. No es una excepción. No es algo que se haya introducido ahora. Está ahí desde hace años.
Es decir, la idea de que una persona con antecedentes penales pueda acceder automáticamente a la regularización no encaja con el marco legal actual. Y eso cambia bastante el escenario que dibujaba Feijóo.
Aun así, el líder del PP mantuvo el foco en otra cuestión: la falta de cifras. Preguntó cuántas personas se acogerán al proceso extraordinario. Insistió en que el Gobierno no ha dado ese dato. Y lo convirtió en otro eje de crítica.
“Es un disparate”, dijo. “No tiene precedente”. La frase se repite. La idea también.
Desde el Ejecutivo, la respuesta fue distinta. Saiz pidió al PP que “deje de embarrar”. Y lanzó una imagen más amplia: no hay más gente en el metro, dijo, ni más presión sobre los servicios públicos. Lo que hay es más gente con derechos y menos miedo. Es otra forma de contar lo mismo. O, mejor dicho, de contar otra cosa.
El trasfondo del debate
Lo que está en juego va más allá de una cifra concreta o de un procedimiento administrativo. La regularización extraordinaria abre un debate que siempre vuelve. Quién puede quedarse. En qué condiciones. Y cómo se construye el relato alrededor de ello.
Feijóo eligió una línea clara: vincular inmigración con inseguridad. No es una novedad. Funciona. Genera titulares. Simplifica un tema complejo. Pero también deja fuera matices importantes. Muchos.
Porque el proceso aprobado no es automático ni indiscriminado. Tiene requisitos. Tiene filtros. Tiene condiciones. Y, sobre todo, responde a una realidad que lleva tiempo ahí: miles de personas viviendo en situación irregular, trabajando, sosteniendo sectores enteros de la economía, pero sin derechos plenos.
Eso también forma parte del contexto. Aunque aparezca menos en el debate público.
El cruce de declaraciones deja dos narrativas enfrentadas. Por un lado, la idea de descontrol y riesgo. Por otro, la de regularización como herramienta para ordenar y proteger derechos. Entre ambas, un terreno cada vez más polarizado.
Y en medio, las palabras. Que no son neutrales. Nunca lo son.
Feijóo terminó su intervención con otra frase que apunta a un plano más amplio: habló de “liberar a Europa y España del ‘Orbán del sur’”, en referencia a Pedro Sánchez. Una comparación que eleva el tono y desplaza el debate hacia otro nivel, más ideológico, más simbólico.
La discusión sobre inmigración, otra vez, deja de ser solo sobre inmigración.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
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La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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