Las asociaciones exigen una investigación de lo sucedido en Melilla.
Alrededor de toda España este viernes se llevaron a cabo movilizaciones antirracistas por lo acontecido en Melilla, una masacre que acabó con la vida de decenas de personas.
«Las vidas negras importan» ha sido el lema que ha amparado las concentraciones, desde donde se exige que depuren responsabilidades, que se sepa lo que sucedió, que se hagan exámenes forenses a los cadáveres.
Además, en sendos manifiestos se puso en relieve que la cuestión va mucho más allá de Melilla, también por los que no llegan y se pierden en el Mediterráneo, los que viven condiciones deleznable en los CIE, el racismo…
Durante la concentración se corearon frases como «no son muertes, son asesinatos» o «africanos unidos y con voz propia» y se pidió la dimisión del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Agusto Juan Epam, miembro también de Uhuru, denunció micrófono en mano «el doble rasero» de las migraciones tal y como recoge el medio Levante: «Hemos visto cómo los ucranianos que escapan de la guerra se encontraban en la frontera con una tarjeta de móvil para llamar a sus seres queridos, han tenido libertad de movimientos por toda Europa y han sido acogidos y documentados en a penas 24 horas».
Epam ha matizado que le gustaría que fuera así con todas las procedencias, pero «las personas de Sudán del Sur que llegaron a Nador también estaban huyendo de una guerra, como los ucranianos, pero a ellos en vez de abrirles las puertas se les recibió a golpes, a palos, y gritándoles ‘moríos, moríos’ cuando estaban desfalleciendo en el suelo, como denunció un superviviente».
El movimiento Regularización Ya expresó que «no nos cabe en un comunicado toda la rabia e impotencia», y criticó duramente que «que un gobierno pague a otro para matar y detener personas migrantes tenga el nombre de ‘acuerdos de cooperación'». Por eso exigieron «el fin de las violencias y muerte en las fronteras, que están normalizadas y hasta pagadas con dinero público que debería dedicarse a abrir vías legales y seguras para emigrar y tener buenas oficinas de asilo», pero sobre todo para «dejar de criminalizar la migración». Porque migrar, recordaron, «no es un delito».
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
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Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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