Escándalo en EE.UU.: muere un recluso después de que el personal médico le negara su medicación contra el VIH 

Durante los dos meses que estuvo en la cárcel, nunca recibió su medicamento

Un preso que tenía el VIH y que desarrolló el sida falleció porque el personal médico de la cárcel de California donde estaba recluido le negó el medicamento que le podía salvar la vida, a pesar de que tenía su receta y de que le habían advertido de que lo necesitaba para sobrevivir. Así lo denuncia una nueva demanda por muerte injusta presentada el martes en un tribunal federal de California contra el condado de El Dorado y Wellpath Community Care, LLC, la empresa contratada para prestar los servicios de salud en la cárcel.

Nicholas Overfield, de 38 años, no podía ni mantenerse en pie ni hablar y estaba en una silla de ruedas cuando su madre le visitó en la cárcel del condado de El Dorado el 22 de abril de 2022. Murió meses después de ser trasladado de la cárcel a dos hospitales y un centro de cuidados paliativos. La demanda, presentada por su madre, Lesley Overfield, acusa al condado y a Wellpath de violar los derechos constitucionales de su hijo y de causarle un sufrimiento extremo e innecesario.

“El caso de Nick es un ejemplo espeluznante del fracaso de Wellpath a la hora de proporcionar los derechos humanos básicos y la atención médica a las personas detenidas”, dijo Patrick Buelna, abogado de derechos civiles de la firma Pointer & Buelna LLP, con sede en Oakland, en un comunicado de prensa. “Su sufrimiento innecesario y su muerte ponen de relieve un patrón inquietante de Wellpath, el mayor proveedor de servicios médicos penitenciarios de la nación, de desprecio por la salud y el bienestar de las personas bajo la custodia de nuestro sistema de justicia. Esta demanda no sólo busca justicia para Nick y su familia, sino que pretende garantizar que este tipo de trato inhumano no se repita nunca más en California ni en ningún otro lugar”.

WELLPATH, BAJO LA LUPA POR SU NEGLIGENCIA MÉDICA EN LAS CÁRCELES

Según los documentos judiciales, Overfield fue arrestado en febrero de 2022 y llevado a la cárcel del norte de California, a unos 215 kilómetros al noreste de San Francisco, por no presentarse a un juicio.

Durante su arresto en su casa, les dijo a los agentes que era seropositivo y que necesitaba su medicación antirretroviral durante su detención. Su madre le entregó el medicamento a los agentes, que se lo llevaron con ellos, según los documentos judiciales. Pero los documentos, que citan los registros médicos, alegan que durante los dos meses que estuvo en la cárcel, nunca recibió su medicamento.

El 22 de abril de 2022, su estado de salud se había deteriorado tanto que lo llevaron en una silla de ruedas a una sala de visitas para que viera a su madre.

“Estaba visiblemente desorientado y no podía hablar con su madre”, dice la demanda.

Ella estaba tan preocupada que salió corriendo de la sala para preguntarle al alguacil qué le había pasado a su hijo.

“El alguacil le dijo que tendría que preguntarle a su hijo, una respuesta especialmente cruel teniendo en cuenta que no podía hablar, y luego abandonó el edificio”, dicen los documentos judiciales.

Al día siguiente, su madre se puso en contacto con una enfermera de la cárcel para saber cómo estaba su hijo. Le informaron de que estaba en la enfermería porque había “perdido el control de sus intestinos”, según la demanda.

Esa noche, lo trasladaron de urgencia al hospital, donde le diagnosticaron sida, neumonía, tuberculosis, meningitis y una infección cerebral. Los médicos le dijeron a su madre que su hijo tenía pocas posibilidades de sobrevivir y que había sido víctima de una “negligencia médica flagrante”, según la demanda.

“En California hay varios otros casos documentados de Wellpath que no ha proporcionado el medicamento prescrito a las personas con VIH mientras estaban en la cárcel”, dijo Clarke. “La sangre de Nick está en las manos de Wellpath y todos deberíamos estar indignados de que Wellpath siga cobrando cientos de millones de dólares de los contribuyentes a nivel nacional mientras ofrece niveles de atención médica que no le desearías ni a tu peor enemigo”.

Representantes del condado de El Dorado y de Wellpath no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Law&Crime.

El caso de Overfield no es el único que ha puesto en entredicho la actuación de Wellpath en las cárceles de California. Según un informe de The Sacramento Bee, Wellpath ha sido demandada al menos 140 veces desde 2016 por presunta negligencia médica, violación de derechos civiles y muerte injusta en las cárceles del estado. Algunos de estos casos también involucran a personas con VIH que no recibieron su tratamiento adecuado.

El VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico y que puede causar el sida, una enfermedad que pone en riesgo la vida. El tratamiento antirretroviral puede reducir la cantidad de virus en el organismo y mejorar la salud y la esperanza de vida de las personas con VIH. Sin embargo, si se interrumpe el tratamiento, el virus puede multiplicarse y causar graves complicaciones.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2019 había unos 1,2 millones de personas con VIH en Estados Unidos, de las cuales el 13% no sabían que estaban infectadas. Los CDC también estiman que en 2019 hubo unas 34.800 nuevas infecciones por VIH en el país.

Las personas con VIH tienen derecho a recibir una atención médica adecuada y a no ser discriminadas por su condición. Esto es especialmente importante para las personas que están en la cárcel, donde pueden estar más expuestas a infecciones y violencia. La negación del tratamiento a las personas con VIH en la cárcel es una violación de sus derechos humanos y una amenaza para la salud pública.