Es hora de desclasificar el 23F 

Los nuevos audios de Juan Carlos I revelan las sombras del 23F y elevan la presión para que la Ley de Secretos desclasifique de una vez por todas lo sucedido en aquella jornada.

¿Hasta cuándo va a seguir el Estado español escondiendo información crítica sobre su propia historia? Esta es la pregunta que debería estar en boca de todas y todos. Después de más de cuatro décadas, los fantasmas del 23F siguen vivos y la reciente filtración de audios del rey emérito Juan Carlos I solo alimenta la necesidad de desclasificar lo que sucedió realmente.

Las y los historiadores, junto con periodistas e investigadoras e investigadores, llevan años exigiendo acceso a documentos que el Estado se empeña en mantener ocultos bajo la anacrónica Ley de Secretos Oficiales, una normativa heredada del franquismo. Este marco legal, que data de 1968, es un testimonio de cómo, tras la Transición, España no cerró las puertas a la opacidad gubernamental. Se nos habla de una democracia consolidada, pero el Estado sigue atado a prácticas de otro tiempo.

Los audios de Juan Carlos I, en los que menciona con desconcertante indiferencia el silencio del general Armada, condenado por el intento de golpe de Estado, son una llamada urgente a revisar la historia. “Ése ha pasado siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y jamás ha dicho una palabra. Jamás”. Así de rotundo se expresa el rey emérito. ¿Cómo es posible que un personaje tan clave en el fallido golpe siga rodeado de tanto secretismo?

EL GOBIERNO Y SU FALTA DE VOLUNTAD

El Gobierno de España, que ha prometido en repetidas ocasiones una reforma profunda de la Ley de Secretos Oficiales, parece cada vez más cómodo en su inacción. Han pasado más de dos años desde que presentaron un anteproyecto que, a día de hoy, sigue sin garantizar transparencia real. Y lo peor es que, bajo el actual esquema, los documentos clasificados antes de la nueva normativa seguirían siendo inaccesibles, con procedimientos tan farragosos que parecen diseñados para desalentar cualquier intento serio de desclasificación.

Este anteproyecto establece que los archivos más sensibles, etiquetados como «alto secreto», podrían seguir cerrados durante medio siglo, y en algunos casos, aún más. Y para las y los investigadores que deseen acceso, el proceso implica demostrar que son personas «directamente afectadas». Un sinsentido cuando se trata de historia reciente y de hechos que afectan al conjunto de la sociedad.

La falta de transparencia no solo daña la credibilidad de las instituciones, sino que perpetúa la impunidad de quienes participaron en acciones ilegales o poco éticas durante el golpe y los años de la Transición. Sin una reforma seria, seguiremos a oscuras sobre los GAL, las torturas, los tejemanejes entre los poderes fácticos y los episodios oscuros como el 23F. Y es precisamente esa falta de voluntad la que ha mantenido a España atada al pasado.

Desde EH Bildu hasta Sumar, diferentes fuerzas políticas han señalado la necesidad de que el Gobierno desclasifique documentos históricos. Podemos, por su parte, ha presentado una proposición en la Cámara Baja exigiendo que toda la información referente al golpe de Estado sea puesta a disposición pública. No es solo una cuestión de historiadores y archiveros, es una cuestión de justicia para el conjunto de la ciudadanía.

EL REY EMÉRITO Y SUS SOMBRAS

Resulta irónico que sea ahora, con el rey Juan Carlos I hundido en el desprestigio, cuando más se habla del 23F. Durante años, la versión oficial de los hechos lo presentó como el héroe que salvó la democracia. Pero las voces que cuestionan ese relato han ido creciendo. Periodistas como Pilar Urbano y Carlos Fonseca han dejado claro que hay demasiados cabos sueltos en la historia oficial. Y los audios filtrados recientemente no hacen más que alimentar estas dudas.

Uno de los puntos más oscuros en la narrativa del 23F es el papel que jugaron las Fuerzas Armadas y cómo la relación entre altos mandos y la Casa Real se gestionó en la sombra. Alfonso Armada, quien fue el brazo derecho de Juan Carlos, fue condenado por su participación en el golpe, pero nunca se ha revelado toda la verdad sobre su implicación o la del propio rey en los eventos de aquel día.

¿Hasta qué punto Juan Carlos sabía lo que se tramaba? Los audios filtrados sugieren que la lealtad de Armada hacia él fue determinante en su silencio posterior. La falta de respuestas claras solo genera más sospechas. La democracia española no puede permitirse seguir protegiendo a quienes fueron protagonistas de uno de los episodios más oscuros de su historia reciente.

El silencio institucional, más que proteger la seguridad del Estado, protege a las élites. Mantener la documentación del 23F bajo llave es una estrategia de poder, no de responsabilidad histórica. La opacidad perpetúa la impunidad y el relato oficial se tambalea cada vez que sale a la luz un nuevo detalle que contradice lo que nos contaron.

Si este Gobierno realmente está comprometido con la regeneración democrática, como ha afirmado en numerosas ocasiones, tiene que comenzar por desclasificar los documentos del 23F. La sociedad española tiene derecho a conocer toda la verdad. Porque la democracia no se consolida en la oscuridad, sino bajo el escrutinio público.