En defensa de Lalachus 

La denuncia de Hazte Oír contra Lalachus y Broncano desata un debate crucial sobre los límites del humor y la censura ideológica.

LA ULTRADERECHA CONTRA EL HUMOR

En un movimiento que combina indignación moral y oportunismo político, la asociación ultraconservadora Hazte Oír ha decidido emprender acciones legales contra Lalachus, David Broncano y el presidente de RTVE, José Pablo López. La chispa que encendió la controversia fue una estampita humorística mostrada por Lalachus en las Campanadas de TVE, donde la mascota del Grand Prix, la célebre vaquilla, aparecía en una representación paródica del Sagrado Corazón de Jesús. Esta sátira inocente ha sido etiquetada por sectores conservadores como un «ataque inadmisible» a los sentimientos religiosos.

Resulta irónico que quienes claman ser defensores de la libertad, sean los primeros en tratar de censurar el humor y la creatividad. La libertad de expresión no puede depender del filtro de sensibilidades individuales, mucho menos cuando se utiliza como herramienta para imponer un discurso único. Las críticas de Hazte Oír evidencian su constante interés por apropiarse del espacio público y marcar los límites de lo que consideran aceptable.

Este tipo de denuncias no solo atentan contra los derechos de artistas y comunicadores, sino que también envían un mensaje peligroso: que el humor está bajo vigilancia, que cualquier expresión crítica puede ser castigada si incomoda a los sectores más retrógrados de la sociedad.

LA NECESARIA REFORMA DEL DELITO DE OFENSAS RELIGIOSAS

El caso de Lalachus y Broncano pone en evidencia la urgencia de actualizar el marco legislativo. El artículo 525 del Código Penal, que penaliza las ofensas a los sentimientos religiosos, es un anacronismo en una sociedad democrática. Su existencia no protege las creencias individuales, sino que refuerza un sistema de privilegios históricos para ciertas confesiones religiosas, especialmente la católica.

España no está sola en este atraso jurídico. Aunque la Unión Europea avanza hacia la despenalización de este tipo de delitos, todavía hay seis países que los mantienen, perpetuando un enfoque autoritario que equipara la crítica, la sátira o el humor con el odio. En un estado laico, los dogmas religiosos no pueden tener un blindaje especial frente a las críticas, del mismo modo que ninguna ideología o institución goza de tal protección.

El Gobierno, en un movimiento acertado, ya ha adelantado su intención de eliminar este delito dentro de su Plan de Acción por la Democracia. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, ha señalado que la reforma busca garantizar la libertad de creación y expresión, pilares fundamentales de una sociedad abierta. Sin embargo, este anuncio no ha estado exento de reacciones furibundas por parte de la derecha y sus aliados mediáticos, que intentan confundir libertad de culto con imposición religiosa.

Es fundamental entender que no se trata de atacar creencias personales, sino de garantizar que nadie pueda utilizar su fe como una herramienta de censura. La pluralidad no puede construirse sobre una base de miedos y prohibiciones.