Ayuso vuelve a verse salpicada en un controvertido caso vivido durante la pandemia.
Vin Doré 24K,“empresa dedicada a la elaboración, compra y venta de uvas, vinos y alcoholes”, amplió su objeto social a “la realización de cualquier actividad relacionada con los servicios en el ámbito del sector de distribución farmacéutica” el 31 de julio de 2020, cuando la empresa ya había recibido la adjudicación mediante tres contratos por procedimientos sin publicidad por valor de 7.744.000 euros por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en base a la venta de mascarillas y material sanitario, según indica el medio El Plural.
«Las tres adjudicaciones se produjeron en un tiempo récord: 6 días. La primera adjudicación tuvo lugar el 10 de junio de 2020 por valor de 2.643.850 euros. La segunda y la tercera adjudicación están fechadas el 16 de junio de 2020 por valor de 2.783.000 euros y 2.317.150 euros respectivamente», destacan.
Apenas un mes después, tal y como desvela en exclusiva ElPlural.com, Vin Doré 24K se reconvirtió en empresa farmacéutica. Esta empresa ha obtenido otras 4 adjudicaciones desde entonces. La última tuvo lugar el pasado mes de diciembre por 4.450.000 euros. En total, la compañía ha facturado 17.544.653,4 euros desde el comienzo de la pandemia.
El PSOE de Madrid está sopesando poner en manos de la Fiscalía los 17,5 millones de euros facturados por la empresa Vin Doré 24K SL a través de adjudicaciones de emergencia sin publicidad de la Comunidad de Madrid.
Investigaciones a Ayuso
Según avanzan fuentes fiscales a EL MUNDO, la Fiscalía Europea se ha dirigido al departamento que dirige el fiscal jefe Alejandro Luzón al entender que, tras el citado contrato, se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos.
De esta forma, la representante de la Fiscalía Europea en España, la fiscal Concepción Sabadell, reclamó días atrás a Anticorrupción la totalidad de las diligencias de investigación relacionadas con la adjudicación que afecta a Tomás Díaz Ayuso. Lo hizo después de que el Servicio Nacional de Cooperación Antifraude remitiera un informe a la Fiscalía Europea sobre estos hechos.
Fuentes fiscales explican que España no puede impedir que la Fiscalía Europea abra una investigación por supuesta malversación en la adjudicación de dicho contrato de la CAM pero sí puede oponerse a que asuma la totalidad de las pesquisas que pueden afectar a «funcionarios españoles y deben ser investigadas por fiscales españoles».
De este modo, a Ayuso se le abren dos frentes de investigación, que podrían seguir aumentando tanto en cuando sigan procediendo denuncias al respecto de las concesiones.
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