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Olympe Abogados se ha unido a las denuncias sobre los últimos casos en los que violadores quedan sin cárcel después de negociar.
Hace escasamente una semana se daba a conocer que los dos agentes, Juan Carlos Galván y Vicente Peña, han sido expulsados de la policía, deberán someterse a un curso de reeducación sexual y han indemnizado a la víctima con 80.000 euros después de ser condenados por violar a una chica de 18 años.
Sin embargo, los dos ex policías no volverán a prisión. Su condena fue suspendida como parte de un acuerdo con su víctima que ha evitado que llegaran a juicio.
Tras ello, un hombre fue condenado por violar a una mujer jornalera y darle una paliza en la parte trasera de una furgoneta. El hombre, murciano de 67 años de edad, admitió en sede judicial la agresión sexual de la que se le acusaba y reconoció que forzó a la que era su empleada en mayo de hace tres años en Mula.
El condenado reconocía los hechos y acataba las penas pactadas, dos años de prisión por un delito de agresión sexual, con las atenuantes de reparación del daño por 6.000 euros y de confesión tardía.
Además tendrá una orden de alejamiento de 500 metros durante 7 años, libertad vigilada durante 5 años y la asistencia a un programa formativo de educación sexual.
A raíz de estos casos desde Olympe Abogados, «despacho adaptado a las necesidades sociales actuales», afirman en un hilo de Twitter que «el código penal no se puede retorcer. Una agresión sexual no se puede considerar abuso sexual, por mucho acuerdo al que lleguen las partes. Es una absoluta aberración legal y procesal. El código penal NO es a la carta. No es ‘mejor eso que nada’. Hay que ir hasta el final. Punto».
«Ahí es donde entra el trabajo de los psicólogos y de los servicios sociales. Hay que apoyar a las víctimas de forma contundente para que vayan hasta el final y NO hacer acuerdos de MIERDA por miedo a que la víctima no quiera continuar el proceso y se acabe archivando», continúan.
«A ver si a 2022 dejamos de poner la p*ta responsabilidad en la víctima y empezamos a ponerla en las instituciones. Las instituciones no están haciendo SU trabajo. Hay que cuidar a las víctimas, no abocarlas a firmar acuerdos de mínimos. Estamos que trinamos», muestran su enfado.
«Ahí la fiscalía debe también tomar un papel contundente. Debe entender que NO es mejor ese acuerdo que nada. Que se debe continuar hasta el final. Debe hacer todo lo que esté en su mano por apoyar y oficiar a las instituciones pertinentes para que le presten el apoyo necesario», concluyen.
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