4100 muertos es una cifra política. 7291 es la realidad que Ayuso intenta ocultar 

La cifra de 7291 está documentada, registrada y probada, pero el Gobierno madrileño ha decidido simplemente ignorarla

Ayuso ha decidido ajustar las cifras sobre las muertes en residencias durante la pandemia de covid-19 para reducir la responsabilidad de su gobierno y minimizar el impacto de los Protocolos de la Vergüenza que impidieron la derivación de ancianos y ancianas de las residencias a los hospitales. La cifra de 4100 muertos que ahora presenta el Gobierno de la Comunidad de Madrid no es casualidad, sino un intento calculado de reescribir la historia y diluir las consecuencias políticas y judiciales de una gestión catastrófica que costó miles de vidas.

EL CAMBIO DE CIFRAS: DE 7291 A 4100, UNA OPERACIÓN POLÍTICA

La cifra de 7291 muertos en residencias de Madrid entre marzo y abril de 2020 no es una invención de la izquierda, como Ayuso intenta hacer creer ahora. Es el resultado de los propios datos facilitados por el Gobierno madrileño a través del Portal de Transparencia y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante los peores meses de la pandemia, 7291 personas fallecieron en residencias madrileñas, de las cuales 7269 aparecen en los registros oficiales si se incluyen las muertes por covid confirmado, sospechoso y otras causas.

Sin embargo, ahora Ayuso intenta imponer la narrativa de que solo murieron 4100 personas en residencias por covid. ¿Cómo lo hace? El Ejecutivo madrileño ha decidido excluir de la contabilidad oficial todas las muertes que no fueron por covid confirmado o sospechoso. Es decir, si una persona murió en una residencia por falta de atención médica, por desnutrición o por el deterioro causado por la imposibilidad de ser trasladada a un hospital, esa muerte no cuenta en las cifras que Ayuso está difundiendo.

La Comunidad de Madrid se apoya en los datos del departamento de Sanidad Mortuoria para validar esta nueva cifra. Este organismo, que depende directamente de la Consejería de Sanidad, ha ajustado los números para cuadrarlos con el relato político que Ayuso quiere imponer. El resultado es que, de las 7291 muertes inicialmente reconocidas, ahora solo se contabilizan las que tienen relación directa con el covid. Las otras —las causadas por la falta de atención sanitaria derivada de los protocolos impuestos por la Comunidad de Madrid— han sido eliminadas de la narrativa oficial.

4100 muertos es el relato político que necesita Ayuso para protegerse de la ofensiva judicial que podría iniciarse por la gestión de las residencias durante la pandemia. La cifra de 7291 está documentada, registrada y probada, pero el Gobierno madrileño ha decidido simplemente ignorarla para limpiar su imagen antes de una posible imputación.

LOS PROTOCOLOS DE LA VERGÜENZA: UNA DECISIÓN POLÍTICA QUE COSTÓ VIDAS

El recorte en las cifras de muertes en residencias no es solo un ejercicio de propaganda política. Es una maniobra de distracción para ocultar las decisiones políticas concretas que contribuyeron directamente al desastre humanitario que vivieron las residencias en Madrid.

El Protocolo de la Vergüenza, firmado por Carlos Mur (entonces director de Coordinación Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad), establecía que las residencias no debían trasladar a hospitales a las personas mayores con deterioro cognitivo o físico. Esa orden, que fue confirmada por varios directores de residencias y ex altos cargos del Gobierno de Ayuso, convirtió las residencias en espacios de muerte. Los ancianos y ancianas enfermos quedaron atrapados en centros sin recursos, sin personal sanitario suficiente y sin acceso a tratamiento médico adecuado.

Ayuso intenta ahora justificar esta decisión afirmando que las residencias fueron «medicalizadas» durante la pandemia. Pero los datos dicen otra cosa. De los 72 geriátricos donde vivían las personas representadas en la denuncia colectiva, solo se enviaron 29 médicos y 25 enfermeros durante el mes de abril de 2020. Los geriátricos pidieron en ese momento 37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultores, además de material médico como oxígeno, pero la Comunidad de Madrid no respondió a esa demanda.

En cambio, los esfuerzos del gobierno de Ayuso se concentraron en el hospital de campaña de Ifema y en los 14 hoteles medicalizados que fueron presentados como símbolos de una gestión eficiente. Ifema recibió 1.421 profesionales sanitarios y los hoteles 351, mientras que las residencias quedaron desatendidas. El propio Carlos Mur reconoció ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que el personal que inicialmente estaba destinado a las residencias fue desviado a Ifema y a los hoteles, dejando sin asistencia médica a los centros de mayores.

Si las residencias hubieran recibido el mismo trato que Ifema o los hoteles, es probable que muchas de esas 7291 muertes se hubieran evitado. Pero Ayuso y su gobierno decidieron que las residencias eran un problema secundario. Priorizaron la imagen pública y el impacto mediático de Ifema sobre las vidas de las personas mayores que vivían en las residencias.

EL OBJETIVO DE AYUSO: TAPAR SU RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y JUDICIAL

La estrategia de Ayuso es clara: reducir la cifra oficial de muertes para que el impacto político y judicial sea menor. Si la cifra de 4100 muertos queda instalada en el imaginario colectivo, Ayuso podrá defenderse ante la posible ofensiva judicial argumentando que las decisiones de su gobierno solo afectaron a «una parte» de los fallecidos.

Pero la cifra real de 7291 muertos sigue ahí, documentada en los registros oficiales, en los informes del INE y en la macrodenuncia que ya está en manos de la fiscalía. Ayuso podrá manipular las cifras, pero no podrá borrar las muertes que ocurrieron bajo su gestión, ni el sufrimiento de miles de familias que vieron cómo sus seres queridos morían abandonados en residencias porque la Comunidad de Madrid decidió que no merecían ser trasladados a un hospital.

4100 muertos es una cifra política. 7291 es la realidad que Ayuso intenta ocultar.