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Booking y Airbnb no son víctimas: son arquitectos del caos turístico y del expolio habitacional
NO SON CASOS AISLADOS: ES EL CORAZÓN DEL NEGOCIO
Más de 4.000 anuncios ilegales eliminados de Booking en un solo requerimiento. Más de 65.000 en el caso de Airbnb. Quien siga hablando de “casos aislados” o de “errores de control” no ha entendido nada, o peor: prefiere no entenderlo. Estas cifras no son una anomalía, son una confesión. Un modelo de negocio que ha parasitado barrios, expulsa vecinas y vecinos, y convierte el derecho a la vivienda en un activo financiero desregulado.
No estamos ante plataformas sorprendidas por unos pocos usuarios fraudulentos. Estamos ante multinacionales que han convertido el incumplimiento de la ley en una ventaja competitiva. Su crecimiento se ha basado en burlar normativas, ocultar información obligatoria, tolerar el fraude y presionar a gobiernos para legalizar lo ilegal. En nombre de la “economía colaborativa” han allanado el camino a la especulación masiva.
La respuesta del Ministerio de Consumo que dirige Pablo Bustinduy, aunque tardía, marca un punto de inflexión. La eliminación por parte de Booking de 4.093 anuncios ilegales —la mayoría en Canarias— es solo la punta del iceberg. En la misma línea, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado a Consumo para obligar a Airbnb a retirar 65.935 anuncios ilegales. Y aquí no valen excusas técnicas ni tecnológicas: la ley es clara y el negocio también lo es.
Estos anuncios, según el propio Ministerio, no incluían número de licencia o incorporaban identificadores falsos. Tampoco especificaban si los arrendadores eran particulares o empresas. El caos no es una consecuencia indeseada: es una condición necesaria para inflar beneficios.
Fuente verificada y vigente en El Salto.
TURISTIFICACIÓN, DESPOJO Y CANALLADAS DIGITALES
Lo que estas plataformas venden como libertad es, en realidad, una nueva forma de despojo. No solo de vivienda, sino también de soberanía normativa. Se apropian de calles, de pisos, de barrios enteros. Y cuando los gobiernos intentan recuperar el control, las multinacionales responden con recursos judiciales, campañas de presión y marketing de confusión.
Airbnb llegó a solicitar medidas cautelares para no cumplir la orden de Consumo. Es decir, no solo vulnera la ley: quiere blindar judicialmente su capacidad de hacerlo. El TSJ lo ha impedido, pero el pulso está lejos de terminar. No será la última vez que estas empresas se vistan de víctimas mientras exprimen los territorios hasta dejarlos irreconocibles.
Las consecuencias son conocidas por cualquiera que haya intentado alquilar un piso en una ciudad turística: alquileres disparados, expulsión de residentes, gentrificación sin freno. En barrios populares, donde antes vivían enfermeras, camareros, pensionistas o estudiantes, ahora se amontonan turistas de paso y llaves digitales gestionadas desde plataformas opacas.
El caso de Canarias es especialmente grave. Allí, donde más del 35% del PIB depende del turismo, las movilizaciones ciudadanas han señalado con contundencia los efectos devastadores de esta turistificación salvaje: destrucción ambiental, desigualdad creciente y exclusión habitacional. Las 4.093 ilegalidades que Booking ha borrado no reparan el daño ya hecho, pero al menos muestran que la impunidad ya no es total.
El modelo de negocio de Booking, Airbnb y compañía se parece cada vez más a una extractivismo digital, disfrazado de innovación. Y quienes se enriquecen con él no son los vecinos que alquilan un cuarto para llegar a fin de mes. Son fondos de inversión, inmobiliarias encubiertas y gestores fantasma con decenas de pisos y cero escrúpulos.
Esto no va de regular “mejor”. Va de desmontar una arquitectura entera diseñada para poner el lucro por encima del derecho a habitar.
No se trata de reformar el modelo. Se trata de desactivarlo.
¿Quién protege a quien?
Si no es el Estado quien defiende el derecho a la vivienda, lo harán las calles.
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