El juez que quiere borrar la hemeroteca: Peinado contra elDiario y la libertad de prensa 

Una querella de 50.000 euros para intentar silenciar una entrevista. El poder judicial convertido en censor.

EL ATAQUE A LA PRENSA COMO MÉTODO DE DEFENSA

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez —la esposa del presidente del Gobierno— ha decidido ir un paso más allá: no solo investiga, también pretende censurar. Exige alDiario.es que elimine de su web una entrevista publicada en julio de 2024, en la que el ministro Óscar Puente cuestionaba su instrucción calificándola de “burda, miserable y una nulidad de libro”.

La demanda llega de la mano de la abogada Guadalupe Sánchez, la misma que ha representado al rey emérito Juan Carlos I y a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en pleitos similares. El libreto se repite: acusaciones de injurias y calumnias, petición de disculpas públicas, censura previa y un precio de 50.000 euros por ejercer el periodismo.

Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, no solo exige dinero. Reclama que el medio admita que las afirmaciones de Puente son “absoluta y radicalmente falsas”, que el ministro se disculpe y que se elimine toda crítica futura sobre su gestión. Es decir, un intento de silenciar a la prensa y blindarse contra el escrutinio público.

La entrevista, realizada por Esther Palomera, se publicó pocos días antes de que Peinado acudiera a Moncloa a tomar declaración a Pedro Sánchez durante apenas unos minutos. En ella, el ministro denunciaba una instrucción sin base jurídica y recordaba que “no hay ningún jurista serio en este país que defienda en rigor la investigación sobre Begoña Gómez”. Una crítica legítima, política y fundada en hechos públicos.

Sin embargo, Peinado parece considerar que criticar a un juez es un delito. Lo que en democracia es un derecho —cuestionar el poder— se convierte, en su interpretación, en una afrenta personal. Lo que busca es ejemplarizar: asustar a quienes se atrevan a hablar.

EL “LAWFARE” EN VERSIÓN CASTIZA

El caso Peinado es el retrato local de un fenómeno global: el uso de los tribunales como herramienta política y mediática. Lo que en América Latina se conoce como lawfare. La táctica consiste en asfixiar con demandas, querellas y actos de conciliación a periodistas, activistas o políticos que se atreven a señalar abusos de poder.

En este caso, la maniobra judicial se enmarca en una causa que ya nació de una denuncia del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, basada en recortes de prensa y bulos. La Audiencia Provincial de Madrid ha tumbado, una a una, las líneas de investigación del juez: levantó la imputación al rector de la Complutense, a los responsables del Instituto de Empresa y frenó las pesquisas sobre el rescate de Air Europa. Peinado fue obligado incluso a limitar la causa porque pretendía investigar toda la trayectoria profesional de Begoña Gómez.

Aun así, sigue adelante. Y ahora apunta su mirada contra quienes informan. Contra quienes preguntan. Contra quienes no aceptan que un juez actúe con más motivación política que jurídica.

Este episodio no es un hecho aislado. Es parte de un clima de intimidación creciente hacia el periodismo crítico, alimentado por una alianza tóxica entre sectores judiciales, mediáticos y políticos de la derecha española. Se intenta desgastar la credibilidad de los medios independientes mediante pleitos interminables y presiones económicas.

La justicia convertida en garrote.
El poder judicial actuando como actor político.
El periodismo de investigación, señalado como enemigo.

Lo grave no es solo el intento de censura, sino lo que simboliza: una batalla abierta contra la libertad de prensa en el Estado español. Porque cada querella no es solo un ataque a un medio, sino un aviso al resto. Una advertencia al periodista que duda antes de publicar, al redactor que mide sus palabras por miedo a la ruina.

En un país donde la corrupción y la manipulación judicial conviven cómodamente, el silencio es la victoria del poder. Y Peinado parece dispuesto a comprarlo a 50.000 euros la pieza.

El periodismo no pide permiso. Informa.
Y cuando un juez intenta borrar la hemeroteca, lo que se borra es la democracia.