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El crimen, perpetrado en Cisjordania, pone rostro al apartheid: la víctima documentó la expulsión forzada de su comunidad y fue ejecutada a tiros por un colono armado y protegido por el Estado.
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Odeh Hadalin no murió por error. Fue asesinado por contar. Por empuñar una cámara en lugar de un fusil. Por participar en el documental No Other Land, una obra que ganó un Oscar en 2023 por mostrar, sin eufemismos ni permisos diplomáticos, la limpieza étnica que Israel practica en Cisjordania. La última vez que se le vio con vida fue en su pueblo, Um al-Kheir, al sur de Hebrón. Allí, las balas de un colono israelí —identificado por testigos y grabado en vídeo— le atravesaron los pulmones. Su crimen: haber mostrado al mundo cómo expulsa Israel a las comunidades palestinas para plantar asentamientos ilegales.
Su asesino, Yinon Levy, no es un loco suelto: es un agente funcional del Estado israelí. Durante años ha sido contratado por la Administración Civil de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para destruir viviendas palestinas. Su nombre aparece en informes de sanciones internacionales por “actos sistemáticos de violencia contra población civil”. Pero eso no impidió a las autoridades israelíes seguir utilizándolo. Tampoco evitó que Donald Trump, en su retorno como presidente en enero de 2025, retirara las sanciones contra él y otros colonos armados. El mensaje fue claro: el apartheid no solo se tolera, se subvenciona.
Mientras Odeh sangraba en el suelo de su aldea, la comunidad internacional volvió a mirar hacia otro lado. Europa, que condena con solemnidad las muertes en otros lugares, aquí guarda silencio. Estados Unidos, que nunca pierde una oportunidad para vender armas, calla también. Y España, que debería alzar la voz por sus lazos históricos con Palestina, prefiere hablar de “conflicto” para no incomodar a Tel Aviv ni a Washington.
EL GENOCIDIO TIENE TESTIGOS, PERO NO FRENO
«Es un ataque claro e intencionado contra civiles», han declarado recientemente más de 30 organizaciones israelíes de derechos humanos, incluyendo a Breaking the Silence y B’Tselem. No es Gaza solo. Cisjordania es un laboratorio de impunidad. Aquí se dispara a manifestantes desarmados, se derriban casas sin orden judicial y se impone un sistema legal dual que otorga derechos a unas personas por ser judías y se los niega a otras por ser palestinas.
Odeh no fue solo un activista. Era padre de tres hijas e hijo de una comunidad que lleva décadas resistiendo. Su casa fue refugio y aula. Su voz, guía para quienes llegaban desde otros países a escuchar lo que en las televisiones no se emite. El director israelí Yuval Abraham, coautor de No Other Land, ha difundido el vídeo de Levy disparando como quien recoge pruebas para un tribunal que nunca llega.
Pero la justicia nunca llega a Palestina. Porque la impunidad israelí es estructural. Porque matar a un activista que grabó una película premiada no es un escándalo, es un recordatorio: en Cisjordania no hay ley, sólo colonos.
Desde 2023, el Estado israelí ha acelerado el desalojo y la demolición en zonas como Masafer Yatta, declaradas arbitrariamente como “zonas de entrenamiento militar” para forzar el desplazamiento. Esto, según Naciones Unidas, contraviene de forma directa el derecho internacional humanitario. Pero el Ejército israelí lo llama “medida de seguridad”. Igual que llamó “escudo humano” a cada niño asesinado en Gaza. Igual que llaman “terrorista” a cada vida palestina que les incomoda.
Odeh Hadalin fue asesinado en un sistema de apartheid documentado y denunciado por múltiples organismos internacionales. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la propia ONU han utilizado ya esa palabra —apartheid— que durante años se evitó por diplomacia. Hoy, hasta soldados israelíes retirados lo gritan.
No se puede decir que no lo sabíamos. Está filmado. Está premiado. Está publicado. Está muerto.
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