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Una querella de 50.000 euros para intentar silenciar una entrevista. El poder judicial convertido en censor.
EL ATAQUE A LA PRENSA COMO MÉTODO DE DEFENSA
El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez —la esposa del presidente del Gobierno— ha decidido ir un paso más allá: no solo investiga, también pretende censurar. Exige alDiario.es que elimine de su web una entrevista publicada en julio de 2024, en la que el ministro Óscar Puente cuestionaba su instrucción calificándola de “burda, miserable y una nulidad de libro”.
La demanda llega de la mano de la abogada Guadalupe Sánchez, la misma que ha representado al rey emérito Juan Carlos I y a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en pleitos similares. El libreto se repite: acusaciones de injurias y calumnias, petición de disculpas públicas, censura previa y un precio de 50.000 euros por ejercer el periodismo.
Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, no solo exige dinero. Reclama que el medio admita que las afirmaciones de Puente son “absoluta y radicalmente falsas”, que el ministro se disculpe y que se elimine toda crítica futura sobre su gestión. Es decir, un intento de silenciar a la prensa y blindarse contra el escrutinio público.
La entrevista, realizada por Esther Palomera, se publicó pocos días antes de que Peinado acudiera a Moncloa a tomar declaración a Pedro Sánchez durante apenas unos minutos. En ella, el ministro denunciaba una instrucción sin base jurídica y recordaba que “no hay ningún jurista serio en este país que defienda en rigor la investigación sobre Begoña Gómez”. Una crítica legítima, política y fundada en hechos públicos.
Sin embargo, Peinado parece considerar que criticar a un juez es un delito. Lo que en democracia es un derecho —cuestionar el poder— se convierte, en su interpretación, en una afrenta personal. Lo que busca es ejemplarizar: asustar a quienes se atrevan a hablar.
EL “LAWFARE” EN VERSIÓN CASTIZA
El caso Peinado es el retrato local de un fenómeno global: el uso de los tribunales como herramienta política y mediática. Lo que en América Latina se conoce como lawfare. La táctica consiste en asfixiar con demandas, querellas y actos de conciliación a periodistas, activistas o políticos que se atreven a señalar abusos de poder.
En este caso, la maniobra judicial se enmarca en una causa que ya nació de una denuncia del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, basada en recortes de prensa y bulos. La Audiencia Provincial de Madrid ha tumbado, una a una, las líneas de investigación del juez: levantó la imputación al rector de la Complutense, a los responsables del Instituto de Empresa y frenó las pesquisas sobre el rescate de Air Europa. Peinado fue obligado incluso a limitar la causa porque pretendía investigar toda la trayectoria profesional de Begoña Gómez.
Aun así, sigue adelante. Y ahora apunta su mirada contra quienes informan. Contra quienes preguntan. Contra quienes no aceptan que un juez actúe con más motivación política que jurídica.
Este episodio no es un hecho aislado. Es parte de un clima de intimidación creciente hacia el periodismo crítico, alimentado por una alianza tóxica entre sectores judiciales, mediáticos y políticos de la derecha española. Se intenta desgastar la credibilidad de los medios independientes mediante pleitos interminables y presiones económicas.
La justicia convertida en garrote.
El poder judicial actuando como actor político.
El periodismo de investigación, señalado como enemigo.
Lo grave no es solo el intento de censura, sino lo que simboliza: una batalla abierta contra la libertad de prensa en el Estado español. Porque cada querella no es solo un ataque a un medio, sino un aviso al resto. Una advertencia al periodista que duda antes de publicar, al redactor que mide sus palabras por miedo a la ruina.
En un país donde la corrupción y la manipulación judicial conviven cómodamente, el silencio es la victoria del poder. Y Peinado parece dispuesto a comprarlo a 50.000 euros la pieza.
El periodismo no pide permiso. Informa.
Y cuando un juez intenta borrar la hemeroteca, lo que se borra es la democracia.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos toma ‘Hoy por hoy’ mientras la SER intenta vender normalidad donde huele a crisis
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Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.
A lo que llaman relevo quizá haya que llamarlo por su nombre: una operación de despacho con música de sintonía.
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Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete a Silicon Valley en el corazón de Defensa
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