¿Es que alguien se fiaba de Junts? El caballo de Troya del gobierno de coalición 

Dos años de amnistía, amenazas y chantajes que confirman lo que ya era evidente: Junts nunca fue socio, sino rehén y saboteador a la vez.

DEL OPTIMISMO CON LA AMNISTÍA AL CHANTAJE PERMANENTE

Hubo un tiempo —breve y temerario— en que el Gobierno creyó que podía pactar con quien vive del conflicto. En noviembre de 2023, el “acuerdo de Bruselas” con Carles Puigdemont permitió la investidura de Pedro Sánchez. Se presentaba como un pacto pragmático, una oportunidad histórica para desactivar la tensión territorial y avanzar hacia la convivencia. Dos años después, el espejismo se ha disipado. Lo que fue un gesto político se ha convertido en un lento suicidio de confianza.

La ley de amnistía, aprobada en mayo de 2024, fue el clímax de ese optimismo. Una apuesta jurídica y política arriesgada, defendida con el argumento de que era “por el reencuentro”. Pero mientras decenas de causas menores se archivaban, las grandes figuras del 1-O —Puigdemont y Junqueras— quedaban fuera del alcance de la medida. El Tribunal Constitucional avaló su legalidad, sí, pero la letra pequeña mantuvo al expresident en el limbo. Ni libre ni preso. Ni dentro ni fuera. Y esa ambigüedad fue el combustible del siguiente chantaje.

En Ginebra, durante 19 reuniones secretas con mediadores internacionales, Junts convirtió el “diálogo” en un ritual de desgaste. Cada avance era devuelto con una nueva exigencia, cada cesión con una acusación de traición. El PSOE jugaba a diplomacia, Junts a póker. Y cuando la amnistía ya no servía para presionar, el independentismo necesitó un nuevo relato: el de la “traición socialista”.

“Sánchez no es de fiar”, proclamó Puigdemont a finales de 2024, justo cuando el traspaso de competencias en inmigración se atascaba. La frase resumía el ciclo completo: primero el optimismo, luego la desconfianza, y finalmente la ruptura. En paralelo, Junts coqueteaba con el discurso de la extrema derecha antiinmigración, un giro ideológico tan abrupto como revelador. Cuando la independencia ya no renta, se busca otro enemigo rentable.

DE SOCIOS A SABOTEADORES

El deterioro no fue solo político. Fue moral. La confianza mutua se transformó en un toma y daca que arrastró al Gobierno a una continua humillación pública. Puigdemont exigía respeto institucional mientras dinamizaba la legislatura desde Waterloo. Junts hablaba de “mesa de diálogo”, pero actuaba como una oposición interna, votando con el PP y Vox en cuestiones clave: del impuesto a las energéticas a la jornada laboral de 37,5 horas. Cada votación era una emboscada. Cada gesto, una amenaza velada.

El PSOE, tras perder a su negociador Santos Cerdán por el caso Koldo, recurrió a José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor en las conversaciones suizas. La elección fue simbólica: un expresidente socialista, mano izquierda y paciencia infinita, intentando poner cordura donde solo había cálculo. Pero el problema no era la falta de comunicación, sino la ausencia de voluntad. Junts no quería soluciones; quería mantener vivo el conflicto que lo justifica.

La foto final era inevitable. Puigdemont, desde Perpinyà, declarando que “no ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Catalunya”. La frase suena a ruptura, pero también a advertencia: Junts no se casa con nadie, pero coquetea con todos. Flirtear con PP y Vox ya no es anatema, es estrategia. El mismo partido que exigía la amnistía votó con los ultras contra la agencia anticorrupción y los decretos sociales. No por convicción, sino por utilidad.

Lo que se ha roto no es solo un acuerdo. Es la ilusión de que el independentismo pragmático existe. Junts no buscaba gobernabilidad, sino negociación perpetua. Su poder no residía en construir, sino en impedir. Y el Gobierno, en su intento de mantener la legislatura, lo aceptó. El chantaje fue asumido como precio del poder.

EL FINAL: UN DIVORCIO SIN SORPRESA

Ahora Puigdemont se declara decepcionado. Pero ¿de qué podía decepcionarse quien nunca creyó en la reconciliación? Junts fue el caballo de Troya de esta coalición, un socio necesario que entró en el Parlamento con sonrisa y dinamita. La ruptura de 2025 no es un accidente: es la conclusión lógica de una relación fundada en la desconfianza. El independentismo de Puigdemont siempre necesitó al “enemigo español” para sobrevivir políticamente, y Sánchez, creyendo domesticarlo, le dio aire y escenario.

Dos años después, la legislatura queda herida y el Gobierno más solo que nunca. Sin Junts, el PSOE depende de la aritmética imposible del Congreso. Pero con Junts dentro, dependía de su capricho. La diferencia es mínima: antes el control era desde dentro, ahora lo será desde fuera. Puigdemont no ha cambiado de estrategia; solo de tono.

“Tendrán el poder, pero no podrán gobernar”, resumió el expresident. No lo decía con impotencia, sino con orgullo. Su política no es la de sumar, sino la de paralizar. Su fuerza está en la minoría que veta, no en la mayoría que construye.

La pregunta, por tanto, no es por qué Junts rompe. Es por qué alguien pensó que no lo haría. Porque en política, como en la vida, quien convierte la traición en método acaba traicionando a cualquiera que le tienda la mano.

Y sí, tal vez Sánchez no sea de fiar, pero Puigdemont lo es aún menos.