El periódico de Pedro J. Ramírez no duda en relacionar en un titular la vacuna de Astrazeneca y un fallecimiento por hemorragia cerebral ocurrido 11 días después
«Muere una profesora en Marbella tras recibir la vacuna de AstraZeneca: Sanidad investiga el caso». Así es como titula un artículo El Español sobre una mujer que ha tenido una hemorragia cerebral y que había sido vacunada contra el coronavirus.
La fallecida, de la que lamentamos su muerte, fue vacunada y se sintió mal tras ello. Acudió a urgencias con cefalea y malestar general y los médicos le dijeron que eran efectos secundarios normales. 11 días después falleció de una hemorragia cerebral.
El periódico achaca este hecho a la vacuna. No importa que la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas, haya quitado relación al asunto, señalando que con casos parecidos a los de la profesora solo hay «11 de momento en todo el mundo, y se han puesto 17 millones de vacunas de AstraZeneca».
La responsabilidad social de los medios
Hoy por hoy la ciudadanía está expuesta a los mensajes mediáticos. Los consumimos y asimilamos como opinión “propia”. La “opinión pública” tiene a pensar y evaluar de tal o cual forma dependiendo de cómo la información es mostrada. A veces, más de las que debería, en los mismos términos en los cuales la información fue expuesta en los mensajes mediáticos. Los medios de comunicación masivos actúan como transmisores de mensajes hacia el ciudadano promedio. Por lo tanto su función principal es entretener, informar e impartir valores y códigos de comportamiento que propiciarán que los individuos se moldeen a las estructuras sociales.
Los medios de comunicación se autolegitiman. Necesitan de la materia prima de los contenidos y la publicidad, que proviene principalmente de los actores de poder. Pero también lo es que tiene espacio aquella información que consigue colar una buena
táctica de comunicación, a veces organizada por profesionales, a veces
empujada espontáneamente por un ciudadano cualquiera. Los intereses económicos chocan frontalmente en ocasiones con la información y en ocasiones es necesario priorizar cierta información que atraiga un click fácil que una necesaria denuncia.
La cada vez menos nombrada deontología profesional periodística es un orden normativo que afecta a la actividad periodística. Está formado por un conjunto de normas o principios generales que, en determinadas circunstancias, se sienten como obligatorias y desarrolla esta necesaria función reguladora, entre otros, el derecho y la moral.
La responsabilidad social y la veracidad informativa son la base, o deberían serlo, de todo el que se considere periodista. Dado el auge de Internet en los últimos años cabe esperar la aparición de nuevos códigos que regulen este ámbito: relaciones, manera de proceder, etc., pero esas bases siguen invariables.
Quienes se consideran periodistas están sujetos a responder ante la sociedad con elevados niveles de profesionalidad, que les lleven a poner todo su saber y diligencia en sus acciones debido a la repercusión que puede tener su trabajo. Para ello, el periodista tiene que asentar previamente esas bases de su profesión de las que hablamos, junto con la necesidad de desarrollar el periodismo de manera libre y responsable.
Astrazeneca y los efectos adversos
En las últimas semanas han aparecido diferentes noticias en los medios de comunicación que relacionaban la vacunación frente a la covid-19 con casos mortales. Primero Austria detuvo la vacunación con el lote ABV5300 de la vacuna de AstraZeneca debido a la notificación de dos eventos trombóticos, uno de ellos con desenlace mortal. A esta decisión se sumaron varios países donde también se había distribuido.
A día de hoy, ya han suspendido la vacunación con cualquier lote de AstraZeneca varios países europeos. Entre ellos, se encuentran España, Dinamarca, Noruega, Islandia, Italia, Alemania y Francia. Ante tanta incertidumbre, es importante matizar esta información para evitar el sensacionalismo desmesurado que tanto afecta a una población cansada de esta pandemia y que puede causar miedo a la vacunación. Para ello, es fundamental conocer cómo funciona la farmacovigilancia y cómo se está controlando la seguridad de las vacunas que se están administrando actualmente.
Cuando se vacuna a un número tan elevado de personas en un corto periodo de tiempo, entre ellas grupos de pacientes con riesgo de padecer ciertas enfermedades, es inevitable observar un número elevado de acontecimientos adversos sin que eso signifique que se deban a la vacuna.
Hay que tener en cuenta que muchos de estos eventos aparecerían de igual forma si la persona no hubiera recibido la vacuna. Por lo tanto, esta información debe analizarse cuidadosamente para diferenciar problemas médicos asociados a la vacuna de aquellos que igualmente habrían ocurrido aunque la persona no se hubiera vacunado.
Para realizar este análisis, se documentan al máximo los casos y se valoran determinados datos. Por ejemplo, la secuencia temporal, el tiempo trascurrido entre la administración de la vacuna y la aparición de los síntomas, antecedentes médicos, medicación concomitante, factores de riesgo, evolución del paciente, etc., además de pruebas de laboratorio e imagen.
En los casos en los que hay un desenlace mortal, se valora información adicional como aquella procedente de autopsias, certificados de defunción y registros médicos relevantes. Toda esta información permite saber si existen causas alternativas que puedan haber causado el acontecimiento médico.
En estos momentos, el PRAC, Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA, está revisando todos los casos de eventos tromboembólicos y otras afecciones relacionadas con coágulos de sangre, notificados después de la vacunación con la vacuna de AstraZeneca.
Esta revisión se está realizando en el contexto de una señal de seguridad, de forma acelerada. Una señal de seguridad es información sobre un evento adverso nuevo o incompletamente documentado que podría estar potencialmente causado por un medicamento y que justifica una mayor investigación.
El Código Deontológico y los medios digitales polémicos
El Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), señala que «el periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de los más débiles y los discriminados. Por ello, debe mantener una especial sensibilidad en los casos de informaciones u opiniones de contenido eventualmente discriminatorio o susceptibles de incitar a la violencia o a prácticas humanas degradantes».
Sin embargo, ciertos medios digitales surgidos en los últimos años se alejan claramente de este pretexto. Un ejemplo lo vimos hace unos meses: Rachel L. Levine, ex secretaria de Salud de Pensilvania, era nombrada subsecretaria de Salud el 19 de enero de 2021 por el nuevo presidente de los Estados Unidos Joe Biden.
La forma de tratar esta noticia ha sido muy diferente entre los digitales llamados progresistas y la de los medios «ultras», como Mediterráneo Digital. Mientras que medios como La Vanguardia o El Confidencial, poco sospechosos de ser de «izquierda», titulaban «Biden nombra a la doctora transgénero Rachel Levine como subsecretaria de Salud» y «Rachel Levine: la doctora trans que puede hacer historia en el Gobierno de Biden»; Mediterráneo Digital decidía informar «Joe Biden nombra a un trans como nuevo subsecretario de Sanidad».
Los matices del título del digital pasa por varios puntos criticables desde el punto de vista del código ético periodístico, desde el faltar al respeto al colectivo LGTBI -recordemos que el código deontológico pide profesionalidad ante los derechos de los más débiles y los discriminados- al tratar con género masculino a una persona trans que se identifica como mujer -sensibilidad ante opiniones de contenido eventualmente discriminatorio-, pasando por ignorar la profesión de Levine para ser citada solo por su condición de «trans», o por la intencionada deshumanización que supone no usar ni su nombre.
Fuentes:
AstraZeneca: ¿cómo sabemos si una vacuna produce efectos adversos? Juan José Carreras Martínez, The Conversation
Periodismo desde la ética: la responsabilidad social de los medios. Javier F. Ferrero, Contrainformación
Muere una profesora en Marbella tras recibir la vacuna de AstraZeneca: Sanidad investiga el caso. El Español
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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