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Trump ha convertido la justicia en un campo de venganza personal, y la imputación de James Comey es el último episodio de una democracia bajo asedio.
LA VENGANZA COMO POLÍTICA DE ESTADO
Donald Trump nunca olvidó el desafío que representó James Comey. El exdirector del FBI fue el primero en plantarse cuando el magnate recién llegado a la Casa Blanca le exigió un juramento de lealtad en 2017. Aquella negativa desencadenó un despido fulminante y marcó el inicio de una enemistad que hoy se ha traducido en dos cargos federales: declaración falsa ante el Congreso y obstrucción de un procedimiento parlamentario.
El acta de acusación, escueta y poco fundamentada, se basa en un testimonio de septiembre de 2020 en el que Comey habría mentido sobre filtraciones a la prensa relacionadas con las investigaciones de Trump y Hillary Clinton. Los fiscales intentaron añadir un tercer cargo, pero el jurado lo rechazó.
Aun así, Trump celebró el anuncio como una victoria personal. Desde su red social escribió: “JUSTICIA EN AMÉRICA. Uno de los peores seres humanos que ha conocido este país ha sido imputado”, acompañando el mensaje con su eslogan de siempre: Make America Great Again. Lo que para la justicia debería ser un proceso independiente, para el presidente se ha convertido en espectáculo electoral y ajuste de cuentas.
Lo más grave no es solo la imputación, sino la forma en que se ha forzado. Hace apenas una semana, Trump destituyó a Erik Siebert, fiscal federal en Virginia, por negarse a procesar a Comey alegando falta de pruebas. En su lugar, nombró a Lindsey Halligan, exabogada del propio Trump sin experiencia como fiscal. Apenas instalada en el cargo, Halligan recibió un informe interno desaconsejando acusar a Comey. La instrucción de Trump fue clara: “moverse ya”.
UN SISTEMA JUDICIAL SECUESTRADO
Comey reaccionó con un discurso cargado de simbolismo: “Mi familia y yo hemos conocido los costes de enfrentarnos a Trump. No viviremos de rodillas. Y espero que ustedes tampoco”. Recordó la frase de su hija Maureen, despedida como fiscal: “El miedo es la herramienta de un tirano”. Y añadió: “No tengo miedo. Lo que espero es que estén atentos y voten como si el futuro de su país dependiera de ello”.
El exdirector del FBI, que se entregará hoy a la corte federal de Alexandria, arriesga hasta cinco años de prisión. Su defensa estará encabezada por Patrick Fitzgerald, antiguo fiscal federal en Illinois. Pero incluso voces dentro del Departamento de Justicia anticipan que el caso se sostendrá con dificultad.
Barbara McQuade, exfiscal en Michigan, lo resumió con crudeza: “Este es un día triste para el Estado de derecho. Trump ha convertido la fiscalía en una parodia. El caso tiene escrito en la frente: persecución selectiva”.
Las dimisiones dentro del aparato judicial confirman la fractura. Troy Edwards, yerno de Comey y fiscal en la oficina de Virginia, renunció en el acto tras conocerse la imputación, alegando que lo hacía “para cumplir su juramento con la Constitución”. Mark Warner, senador demócrata de Virginia, denunció el abuso de poder: “Trump quiere un sistema judicial que castigue a sus enemigos y silencie a sus críticos”.
No es la primera vez que el presidente actúa de esta manera. En los últimos días arremetió contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y contra el senador demócrata Adam Schiff, acusándolos de ser “culpables como el infierno”. Y en un arranque de furia en redes, exigió que “no se demore más la justicia”, refiriéndose a la venganza contra quienes promovieron sus procesos de impeachment y sus imputaciones penales.
El problema no es solo Trump. Es el terreno fértil que permite que un presidente ordene la cabeza de sus adversarios y el sistema obedezca. En una semana, la fiscalía pasó de rechazar un caso por falta de pruebas a firmar una imputación con apariencia de vendetta. La independencia judicial, piedra angular de cualquier democracia, ha sido pisoteada como si fuera un capricho personal.
En este escenario, la imputación de James Comey no es un proceso legal, sino un mensaje político: desafiar a Trump tiene consecuencias. Un recordatorio de que en su América, el enemigo público número uno no se define por los hechos, sino por la voluntad del líder.
Y cuando el miedo se convierte en ley, lo que se erosiona no es la carrera de un exdirector del FBI, sino la columna vertebral de toda una república.
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