La Comunidad de Madrid denunció por primera vez cuatro meses después de que la Policía Nacional iniciara la investigación.
Recientemente se daba a conocer que la Policía Nacional ha detenido a los 37 integrantes de una banda que explotaba sexualmente a 10 menores.
La banda detenida en la Comunidad de Madrid obligaba a consumir y distribuir sustancias estupefacientes, según han informado fuentes policiales.
Entre los arrestados está un hombre, ecuatoriano de 65 años, que se encuentra en prisión acusado de matar a otro de un puñetazo el 12 de agosto de 2021 en la avenida de Monte Igueldo, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.
Otro de los detenidos es un cantante de rap de YouTube, conocido como Saymol Fyly, con más de 150.000 suscriptores en esta red social.
La investigación comenzó el pasado mes de abril, cuando los agentes descubrieron que una menor se fugaba con asiduidad de su lugar de residencia.
Durante sus ausencias, mantenía relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes han dilucidado las investigaciones.
A raíz de este hecho se amplío, ya que otras compañeras de esta menor también realizaban las mismas fugas con el mismo objetivo.
La policía ha matizado que los integrantes de la banda contactaban con ellas a través de redes sociales ganándose su confianza y, posteriormente, las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban sustancias estupefacientes.
En algunos casos las obligaban a distribuir ellas mismas la droga, a bordo de patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores.
En otras ocasiones, los detenidos las trasladaban al polígono Marconi donde ofrecían a los compradores de la droga mantener relaciones sexuales con ellas.
La Policía se ha incautado también de sustancias estupefacientes, útiles para su venta y consumo, un arma de fuego, un machete, dinero en efectivo y diverso material informático.
A los arrestados se les acusa de los delitos de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra salud pública.
La relación de la Comunidad de Madrid
Tras ser desmentida su vinculación por la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso insiste en que la denuncia del caso de las niñas tuteladas prostituidas y drogadas partió de la misma Comunidad, pero según se desprende de las diligencias, a las que ha accedido laSexta, la Policía llevaba cuatro meses siguiendo la pista de esta red.
La investigación comenzó el 15 de abril gracias a la información aportada por una ciudadana. Así lo demuestra el informe policial, que expone que «se iniciaron a raíz de informaciones de la ciudadana (…), quien informó sobre la situación de una menor de trece años de edad, la cual pudiera encontrarse ejerciendo la prostitución con la anuencia de su padre».
Solo entonces, después de investigar, la Policía descubrió que la niña estaba en un centro de menores, tal y como apuntan las diligencias: «Se tuvo constancia que la testigo protegido (…) se encontraba tutelada por la Comunidad de Madrid».
Dos meses después de iniciar la investigación, la Policía tomó declaración de uno los educadores del centro de menores. «Se procedió a tomar declaración al educador de la residencia infantil donde se encontraba la menor (…) informando cómo (…) se fugaba habitualmente del centro, y cuando regresaba, lo hacía en unas condiciones de desamparo total, sucia, con aspecto de ‘yonki'», señala el auto.
La residencia confirmó a la Policía que sabían que consumía droga, que tenía sarna y que practicaba sexo de riesgo. En agosto, la Policía descubrió que había otra menor «de 14 años» en circunstancias similares que «solicitó ayuda en vía pública refiriendo haber sido retenida en un local durante tres días y haber sido violada».
Es entonces, el 1 de septiembre, cuando un centro de la Comunidad de Madrid puso la primera denuncia sobre el caso. Y lo hizo porque así lo recomendaron los agentes: «Se decidió al objeto de iniciar los trámites de protocolo de delitos sexuales, la necesidad de que al menos desde el propio centro de menores se interpusiera denuncia, motivo por el que finalmente se interpuso».
Es decir, la Comunidad de Madrid denunció por primera vez cuatro meses después de que la Policía Nacional iniciara la investigación.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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