Doñana y uno de los mayores expolios de la humanidad contra la naturaleza 

En 2019, un informe del Parlamento Europeo informaba de al menos un millar de pozos ilegales en el entorno de Doñana, de los cuales las autoridades de la CHG clausuraron unos 400 pozos

Doñana es uno de los espacios naturales más protegidos por su alto valor ecológico e importancia global como ecosistema, pero en los últimos años está sufriendo un declive sin precedentes. La falta de lluvia y el regadío, más la presión turística, han esquilmado los acuíferos y han reducido las lagunas en un 15% ante la inacción de las administraciones.

Esta situación ha colocado a Doñana bajo la lupa de la Unión Europea. Sus acuíferos están sobreexplotados y, a ojos del ejecutivo comunitario, no se toman las medidas para solucionarlo.

El problema reside en que la agricultura industrial necesita agua para el regadío de sus cultivos y el turismo también exige grandes cantidades de agua, que no hay. Todo esto presiona a la administración más interesada en resolver la cuestión, que es la Junta de Andalucía.

El motivo por el cual los cultivos industriales, que extraen el agua subterránea, no se eliminan es porque no pude dejarse que se hunda la economía regional, pero mientras tanto la gran industria además de arruinar a los pequeños agricultores agota todas las reservas acuíferas.

Según informes técnicos contrastados, en Doñana se ha pasado de 2867 lagunas temporales en 2004 a 2 en la actualidad. El humedal más famoso de Europa, declarado Parque Nacional en 1969 y Patrimonio de la Humanidad en 1994, se está muriendo por tantos pozos ilegales abiertos para regar las plantaciones de fresas, principalmente.

Algunos informes señalan que la ilegalidad de estos pozos supone un 30%, mientras la Junta de Andalucía señala que solo supone un 15% cuando estas irregularidades deberían de ser cero.

En 2019, un informe del Parlamento Europeo informaba de al menos un millar de pozos ilegales en el entorno de Doñana, de los cuales las autoridades de la CHG clausuraron unos 400 pozos. Sin embargo, se desconoce si han aumentado en los últimos tres años.

Además, la última investigación de WWF informa de que las hectáreas regadas ilegalmente sumaban la cantidad de 4.729 y que en los últimos dos años la media del volumen de agua extraída de manera irregular de Doñana alcanzaba los 13 hectómetros cúbicos.

Estos días el Parlamento andaluz ha decidido dar luz verde a la proposición de ley sobre la reforma de los regadíos en el entorno de Doñana, una normativa que abre la puerta a regularizar más de mil hectáreas más de cultivos y que no ha sentado bien en Bruselas, que ha vuelto a advertir sobre lo que, a su juicio, es un ataque a espacios protegidos que llevan «décadas» sufriendo «un progresivo deterioro» y ha amenazado con nuevas sanciones si no se pone en marcha un plan para preservar Doñana.

Entre las medidas puestas sobre la mesa está la del trasvase de agua para atender las demandas de riego de los agricultores de la zona. Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha solicitado al MITECO la constitución «urgente e inmediata» de una comisión para llevar a cabo la transferencia de agua superficial. En opinión de Crespo, de esta forma, se evitaría tener que utilizar los recursos subterráneos de agua de Doñana en plena sequía.

Sentencia histórica por destruir Doñana

El pasado mes de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hacía pública su sentencia en relación a Doñana en la que concluía que «las extracciones desmesuradas de agua subterránea» en el Espacio Natural de Doñana incumplen el derecho comunitario, en concreto, las Directivas Marco del Agua y Hábitats, por lo que condenaba al estado español.

La sentencia señalaba la inacción de España ante los efectos negativos de las extracciones de agua sobre hábitats protegidos y manifestaba la falta de información sobre el estado de las aguas subterráneas, debido sobre todo al desconocimiento de la Administración sobre las captaciones ilegales.

El proceso que culminaba con esta histórica sentencia se había iniciado hace diez años tras la queja presentada por WWF España ante la Comisión Europea por la extracción abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana  con destino al cultivo de fresas, todo ello ante la inacción de las autoridades españolas, los ayuntamientos de la zona, la Junta de Andalucía y el gobierno central.

Medidas tras la sentencia

El Gobierno andaluz pretende modificar el conocido como Plan de la Fresa, aprobado en el año 2014 y cuyo objetivo era reordenar el territorio mediante la regularización de fincas consideradas como regables y eliminar las hectáreas entendidas como ilegales, sin embargo, desde su entrada en vigor más del 80% de las medidas acordadas no se han cumplido ni se han eliminado las hectáreas de cultivo en situación irregular.

Ahora, el parlamento andaluz ha tramitado la proposición de ley que reforma este plan y abre la puerta a regularizar unas 1.460 hectáreas de cultivo antes consideradas como ilegales. No obstante, un estudio técnico elaborado por WWF ha informado de que pueden regularizarse 800 hectáreas más de las anunciadas.

A las 1.460 hectáreas podrían acogerse otras 471,3 gracias a la Ley Forestal de Andalucía, según la cual el uso de terrenos forestales podría pasar a ser agrícola.

Esta decisión tampoco ha sentado nada bien a Bruselas quien da un mes a las autoridades españolas para explicar las razones de esta decisión que les parecen «desconcertantes» ya que «agravarían la situación» y pondrían en riesgo el cumplimiento de la sentencia de junio de 2021.