Díaz, vicepresidenta del Gobierno, recopila recetas de un comité de expertos para paliar el impacto económico.
Yolanda Díaz está estudiando la posibilidad de prohibir las bajadas de sueldos para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo mientras dure la crisis energética, según ha informado el medio La Información.
«La vicepresidenta está diseñando un paquete de medidas de ámbito laboral y tiene sobre la mesa varias opciones, además de limitar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de manera unilateral por parte de las empresas, tiene a su disposición un abanico de posibilidades que está valorando: desde aprobar ayudas directas para parados, pensionistas y trabajadores con sueldos bajos hasta imponer la prioridad de los mecanismos de flexibilidad interna frente a los despidos», reseñan.
Estas medidas, informan, fueron recopiladas el pasado miércoles en la Biblioteca Nacional, cuando Díaz se reunió con medio centenar de economistas.
Entre ellos se encontraban el economista jefe de BBVA, Jorge Sicilia; los especialistas en energía Natalia Fabra y Jorge Fabra; Carles Manera, consejero del Banco de España; Antonia Díaz, profesora de la Universidad Carlos III; el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres; el presidente del CES, Antón Costas; el director del gabinete económico de CCOO, Carlos Martín; Daniel Fuentes, exmiembro de la oficina económica de Moncloa y en la actualidad al frente de KREAB Research; Nuria Badens Pla, asesora en el Instituto de Estudios Fiscales; o Inmaculada Cebrián, presidenta de la comisión asesora del Ministerio de Trabajo sobre el salario mínimo.
De este modo, Díaz hace hincapié en el factor laboral de cara a preparar las próximas medidas a elevar a los órganos de Gobierno, que pretenden soliviantar la inflación y la actual pujanza gasística.
Los economistas trasladaron a Díaz que son necesarias medidas urgentes, también en el ámbito laboral.
«Se planteó la posibilidad de suspender -de manera temporal, mientras dure la crisis energética- o al menos limitar el alcance del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que permite a los empresarios modificar las condiciones laborales del trabajador de manera unilateral, entre ellas el salario. La limitación de este apartado de la legislación estuvo sobre la mesa de negociación de la reforma laboral, pero finalmente se quedó fuera de la ley estrella de Díaz por el rechazo de la patronal. Ahora sería un buen momento para recuperar esa demanda sindical e impedir rebajas de sueldos que mermen el poder adquisitivo de la clase trabajadora, según los expertos», destacan.
En el ámbito energético, hubo coincidencia también respecto a la necesidad de reformar un mercado deficiente, esencialmente desacoplando el gas de la factura de la luz.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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