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Del odio al migrante al amor por las nucleares: cuando el PP copia palabra por palabra a la ultraderecha
UNA DOBLE CARA PARA UNA MISMA POLÍTICA
El Partido Popular ha decidido dejar de disimular. Mientras Santiago Abascal saca pecho con su discurso de búnker, Alberto Núñez Feijóo se pone corbata y baja el tono. Pero los documentos políticos de ambas formaciones, publicados a pocos días de diferencia, comparten hasta las comas. No es una metáfora. En vivienda, migración, impuestos, energía y gestión pública, PP y Vox están defendiendo lo mismo con distinto peinado.
La prueba más evidente es su visión de la Administración Pública: el PP quiere suprimir “tres regulaciones por cada nueva” y Vox plantea exactamente lo mismo, con las mismas palabras. La obsesión por recortar normas no busca eficacia, sino desmantelar derechos y licuar el control democrático. Y de paso, regalarle al capital la alfombra roja. En ese modelo, el “ciudadano” ideal es quien construye sin licencia, especula sin freno y se enriquece sin que nadie le moleste.
En su cruzada neoliberal, ambos partidos quieren que el silencio administrativo sea ley: si la administración no responde, se da por aprobado. El PP lo pide para licencias de edificación. Vox, directamente, para todo. Privatiza, recalifica y contamina: si no contestan en plazo, adelante con la fiesta.
¿El siguiente paso? Que el BOE lo escriba BlackRock.
MIGRACIÓN, VIVIENDA, IMPUESTOS: LA EXTREMA DERECHA CON TRAJE
El ataque coordinado contra las personas migrantes ya no es un tema solo de Vox. Feijóo ha asumido que la xenofobia da votos y ha decidido disfrazarla de tecnocracia. Abascal habla de “deportaciones masivas” y de eliminar derechos a quienes “no se integren”. El PP, mientras tanto, exige repatriaciones exprés, niega derechos a quienes están en situación irregular, y condiciona la residencia a un “conocimiento de la cultura española” que ni define ni le interesa.
La criminalización del migrante es compartida: Vox lo llama “delincuente”, el PP lo llama “no integrado”. Mismo racismo, distinto envoltorio.
En materia de vivienda, la fantasía neoliberal alcanza niveles delirantes. Ambos partidos culpan al inquilino y defienden al casero, por muy buitre que sea. Su receta para la emergencia habitacional es ampliar suelo y construir sin trabas, como si el problema fuera la falta de hormigón y no el saqueo del mercado por parte de fondos buitre y socimis.
El único punto en el que proponen legislar es para perseguir a quienes okupan viviendas vacías. Un problema que afecta al 0,05% de los hogares, pero que les sirve de excusa para reforzar la represión, justificar desalojos exprés y profundizar la estigmatización de la pobreza. Vox pide “mano dura con la inquiocupación”. El PP “impedir empadronamientos”. Ambos quieren que la ley proteja más una cerradura que una vida.
La fiscalidad no se queda atrás: Vox propone bajar el impuesto de sociedades del 25% al 15% y eliminar tributos al ahorro. ¿Quién se beneficia? Quienes ya tienen el bolsillo lleno. ¿Quién pierde? Las y los pensionistas, los trabajadores y trabajadoras precarias, las familias sin red. El PP habla de “impuestos bajos para todos”, como si un CEO y una cajera jugaran el mismo partido.
Y por si no fuera suficiente, el amor por la energía nuclear también une sus almas. Aunque las centrales deben cerrarse en 2035, PP y Vox ya están preparando la vuelta al pasado. Vox ni menciona las renovables: quiere nuevas plantas al lado de las viejas. El PP, más prudente en el tono, defiende alargar la vida de las que ya existen. ¿Argumento? La economía. ¿Consecuencia? Contaminación, residuos tóxicos y dependencia energética.
No hay transición ecológica posible con una derecha que cree que el futuro se construye con uranio enriquecido y desalojos policiales.
No son partidos distintos: son dos caras del mismo bloque reaccionario. El PP ya no copia a Vox, es Vox con modales. Y la clase trabajadora sigue sin estar en el guion.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.