Cuando rascas un poco, aparece la verdadera pintura 

Vox se quita la máscara: vota contra subir las pensiones mientras habla de patria y familia

El 26 de febrero, el Congreso aprobó la revalorización de las pensiones en un segundo intento, después de que hace un mes la medida cayera al estar incluida en el decreto “ómnibus”. Esta vez fue presentada en solitario. Esta vez no había excusas técnicas. Esta vez había que retratarse.

Y se retrataron.

Vox fue el único partido del Congreso que votó en contra de la subida de las pensiones. El único. Ni el Partido Popular, ni Junts, ni UPN, ni el PNV. Solo la extrema derecha decidió dar portazo a una medida que afecta a alrededor de 13 millones de pensiones y prestaciones.

Cuando se rasca la superficie del discurso patriótico, aparece la pintura real: votar contra el poder adquisitivo de las personas mayores mientras se agita la bandera.

La ley aprobada revaloriza las pensiones un 2,7 % con carácter general, eleva las mínimas hasta el 7 % y aumenta las no contributivas y el ingreso mínimo vital hasta el 11,4 %. Son cifras concretas. Son vidas concretas. Son hogares que dependen de esa actualización ligada al IPC para no perder poder adquisitivo frente a la inflación.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la medida como “justa, urgente y necesaria” y recordó que la actualización conforme al IPC es un derecho que garantiza dignidad. Se podrá discutir el modelo fiscal, el equilibrio presupuestario o la arquitectura del sistema. Lo que no se puede ocultar es el voto.

Votar en contra de subir las pensiones no es una metáfora. Es una decisión política.

EL ESCUDO SOCIAL COMO CAMPO DE BATALLA IDEOLÓGICO

La separación de la revalorización del decreto “ómnibus” no fue un gesto técnico, sino el resultado de la presión de la derecha parlamentaria. Partido Popular, Vox y Junts habían rechazado previamente el paquete que incluía, además de las pensiones, medidas como la prohibición de desahucios a inquilinas e inquilinos vulnerables o el bono eléctrico. El argumento fue que la moratoria protegía la “okupación”.

El debate dejó al descubierto algo más profundo que una discrepancia presupuestaria. La disputa no era solo sobre números, sino sobre el modelo de sociedad. Si las pensiones se blindan como derecho vinculado al IPC o si se convierten en variable de ajuste en nombre de la sostenibilidad futura.

Desde Vox, el diputado José María Figaredo habló de un sistema “insostenible” y “terrorífico” en los próximos 25 años. La estrategia es conocida: sembrar miedo para justificar recortes futuros. Convertir el derecho en problema. Transformar la protección social en amenaza fiscal.

Al mismo tiempo, el PP criticó al Gobierno por utilizar a las y los pensionistas como “rehenes” y denunció pérdida de poder adquisitivo por la subida de impuestos y la cesta de la compra. El diputado Miguel Ángel Paniagua recordó una proposición de ley presentada en noviembre. La pelea retórica no cambia el dato central: el único voto negativo fue el de Vox.

Mientras tanto, la norma incluye otras medidas que han pasado más desapercibidas pero que afectan a miles de trabajadoras y trabajadores. Se congela en 2026 la subida de cotizaciones para personas autónomas. Se elimina la obligación de presentar la declaración de la renta a quienes están en desempleo en determinadas condiciones. Se añade una cotización adicional para que bomberos y bomberas forestales y agentes medioambientales puedan acceder a jubilación anticipada. Se prorroga la compatibilidad entre trabajo y pensión para médicos y médicas de atención primaria, de familia y pediatras. Se amplía en 10 años el plazo de cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social.

No es un detalle técnico. Es la arquitectura de un sistema público que, con todas sus tensiones, sigue sosteniendo a millones de personas.

Las fuerzas de izquierda (Bildu, Sumar, BNG y Podemos) apoyaron la norma. Algunas, como Podemos y ERC, reclamaron que las pensiones mínimas se equiparen al salario mínimo interprofesional. Coincidiendo con la votación, un centenar de juristas entregaron un manifiesto para blindar las pensiones en la Constitución. No es una anécdota simbólica. Es la constatación de que existe temor a que, en un futuro cercano, el derecho se convierta en concesión.

El discurso ultraliberal insiste en que el sistema no es viable. Sin embargo, los informes periódicos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y de la propia Seguridad Social señalan que la sostenibilidad depende de variables como empleo, salarios y productividad, no de una fatalidad matemática inevitable. La discusión debería centrarse en cómo se financia colectivamente el sistema, no en desmontarlo.

La extrema derecha habla de patria, pero cuando llega la votación, abandona a quienes levantaron el país con su trabajo.

No es una cuestión de simpatía ideológica. Es una cuestión de coherencia política. Defender la familia y votar contra la subida de las pensiones es un ejercicio de propaganda. Defender la soberanía nacional y cuestionar el principal mecanismo de redistribución intergeneracional es una contradicción estructural.

El 26 de febrero de 2026 quedó registrado en el Diario de Sesiones. No hubo ambigüedad. No hubo abstención estratégica. Hubo un voto en contra.

Y cuando se rasca un poco la pintura del discurso, lo que aparece no es patriotismo social, sino el viejo proyecto de siempre: adelgazar lo público hasta que solo quede mercado.