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Más de 45 años después del golpe del 23 de febrero de 1981, el poder vuelve a escribir el relato para salvar a quien nunca respondió ante la justicia.
El 26 de febrero, un día después de que se hicieran públicos más de un centenar de documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, la pregunta no fue qué responsabilidades siguen pendientes. La pregunta fue otra: si Juan Carlos I debe regresar a España. No es casualidad. Es estrategia.
Durante décadas se sostuvo un relato oficial: el rey salvó la democracia. Ahora, tras la desclasificación, la maquinaria mediática ha vuelto a activarse para reforzar esa versión. Las portadas de ABC y El Mundo proclamaron que “el rey paró el golpe”. Columnistas hablaron de ausencia de doblez. Se insiste en que la Corona actuó con firmeza, que a partir de las 18:20 horas, cuando Antonio Tejero irrumpió armado en el Congreso, comenzaron las llamadas desde Zarzuela, que el general Alfonso Armada quiso acudir al Palacio y que el monarca lo impidió. Que pasada la 01:00 de la madrugada reafirmó ante Jaime Milans del Bosch su decisión de mantener el orden constitucional.
El mensaje es claro: cerrar filas en torno a la figura del emérito y dar por saldado el pasado.
EL RELATO COMO ESCUDO
La desclasificación no ha despejado todas las sombras. No explica por qué hubo mandos del servicio de inteligencia que “participaron activamente” en el golpe. No aclara las ambigüedades previas. No permite acceder a la totalidad de las comunicaciones. Pero sí sirve para consolidar una narrativa conveniente.
La operación no consiste en aportar toda la verdad, sino en legitimar la parte útil.
En este contexto, la derecha política ha reaccionado con rapidez. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado que sería “deseable” el regreso del rey emérito para “reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que la “inmensa mayoría” comparte esa visión. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha defendido que debería volver para confirmar su papel “destacadísimo” en defensa de la democracia.
El encuadre es quirúrgico: se habla de reconciliación, dignidad y gratitud histórica. Se omite que el mismo monarca abandonó España en agosto de 2020, instalándose en Abu Dabi tras los escándalos financieros que incluyeron investigaciones en Suiza y en la Fiscalía española por cuentas opacas vinculadas a fundaciones en paraísos fiscales.
No se trata solo de memoria democrática. Se trata de reputación institucional y de blindaje del régimen nacido en 1978.
La figura del rey emérito quedó fracturada tras su abdicación en junio de 2014 en favor de Felipe VI. Desde entonces, la narrativa oficial ha oscilado entre el silencio y la justificación. Ahora se ensaya una rehabilitación parcial apoyada en el 23-F como acto fundacional.
Mientras tanto, desde el Gobierno, el ministro Félix Bolaños ha señalado que el Ejecutivo nunca ha impedido el regreso del monarca y que la decisión depende exclusivamente de él y de la Casa Real. Una posición formalmente neutra que evita confrontar el núcleo del debate: la responsabilidad política y ética de quien fue jefe del Estado durante casi cuatro décadas.
A la izquierda del PSOE, las críticas han sido más explícitas. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha resumido su postura con una frase directa. El secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha hablado de “operación de blanqueo”. Son expresiones que apuntan al mismo diagnóstico: la desclasificación puede convertirse en una coartada.
LA MONARQUÍA ANTE EL ESPEJO
La discusión sobre el regreso del emérito no es una cuestión privada. Es una cuestión pública que afecta a la credibilidad institucional. En un país donde la jefatura del Estado es hereditaria, el debate sobre la responsabilidad histórica no puede reducirse a la nostalgia.
El 23-F fue un intento de golpe que puso en riesgo libertades básicas. Cinco horas de asalto televisado, tanques en las calles de Valencia y un Congreso secuestrado. Pero la democracia no se defiende solo con discursos de madrugada. También se defiende con transparencia plena, con rendición de cuentas y con igualdad ante la ley.
La monarquía ha sido presentada como garante de estabilidad. Sin embargo, la estabilidad sin verdad es un pacto de silencio.
Que la derecha mediática y política aproveche la desclasificación para impulsar el retorno del emérito revela una prioridad: cerrar la grieta simbólica abierta en 2020. Convertir el 23-F en certificado de absolución moral. Transformar un episodio complejo en un argumento definitivo.
El problema es que la democracia no puede sustentarse en mitos intocables. Las y los ciudadanos tienen derecho a conocer todas las aristas de un acontecimiento que marcó el rumbo del país. Las y los historiadores necesitan acceso completo a la documentación. Las y los periodistas deben poder investigar sin límites temporales impuestos por conveniencia política.
Porque cuando la memoria se administra desde el poder, deja de ser memoria y se convierte en herramienta.
El 23 de febrero de 1981 fue un día decisivo. El 26 de febrero de 2026 puede convertirse en otro si la desclasificación no abre un debate honesto, sino una campaña de rehabilitación.
Y en una democracia madura, nadie debería necesitar un golpe fallido para justificar su regreso.
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