La sombra de corrupción que agita la política murciana y ha tenido repercusión en todo el territorio nacional
El vicealcalde del Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, de Ciudadanos, denunció a su propio equipo de Gobierno por corrupción. Gómez presentó ante la Unidad de Delitos económicos y Fiscales supuestas pruebas contra sus socios del Partido Popular. Ese fue el inicio de un terremoto que ha acabado con la convocatoria de elecciones en Madrid, presentación de mociones de censura por parte de Más País y PSOE y Aguado y todos los consejeros de Ciudadanos fuera del Gobierno regional.
El pasado 19 de octubre, Mario Gómez salía de casa con su hija de once años cuando se encontró una pintada en la fachada de enfrente insultándolo. Dos horas después acudió a la comisaría de la Policía a denunciar la pintada y el acoso que sufría desde comienzos del verano pasado, como a su propio equipo de gobierno por corrupción. Esa misma tarde, Gómez recibió una llamada de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía en la que le pedían que aportara pruebas de las acusaciones de corrupción.
Tres días más tarde, el vicealcalde comparecía en la sede de la unidad policial con 3 gigas de presuntas pruebas y casi 200 carpetas de documentación. Entre la información que entregó a los agentes se encuentran expedientes y contratos con empresas sospechosos de ser adjudicaciones directas y, por lo tanto, ilegales. Entre ellos, un contrato por valor de 70 millones de euros.
La denuncia fue la culminación de más de un año de disputa primero oculta y después abierta en la coalición que gobierna el Ayuntamiento. Gómez, ha señalado que la situación ha llegado a un punto de inestabilidad que hace que estén «todas las opciones abiertas», desde una normalización de las relaciones a una moción de censura.
El vicealcalde ha afirmado que durante meses ha tratado de dialogar con el regidor, José Ballesta, y alcanzar un acuerdo para sanear el Ayuntamiento y terminar con las prácticas de contratación que ha acabado denunciando a la policía, pero que solo ha encontrado silencio e incluso veto cuando ha solicitado, por ejemplo, una auditoría de los servicios.
La coordinadora de Ciudadanos de la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, ha compareció finalmente junto a Gómez para dar cuenta de la moción de censura contra el Ejecutivo autonómico que su partido ha presentado junto al PSOE.
El efecto dominó de la moción de censura en Murcia
Una de las primeras consecuencias de la moción de censura ha sido el adelanto electoral que ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este miércoles, la presidenta regional ha destituido a los seis consejeros de Cs de su Gobierno, ha ordenado la disolución de la Asamblea y ha convocado elecciones para el 4 de mayo con el objetivo de frenar la amenaza de que los representantes madrileños de la formación naranja replicaran la estrategia murciana para desalojarla del poder.
“La inestabilidad provocada por PSOE y Cs en Murcia, y durante largo tiempo en otras autonomías y otros ayuntamientos de Madrid, nos ha llevado a esta situación. En definitiva, no puedo permitir que Madrid pierda su libertad”, ha dicho Díaz Ayuso.
La presidenta madrileña ha acusado a Cs de estar en conversaciones con el PSOE para desplazarla del poder, justificando así la convocatoria electoral, una afirmación desmentida con toda rotundidad por el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado.
El hasta ahora portavoz gubernamental y vicepresidente ha asegurado que los consejeros de Ciudadanos han tratado por todos los medios de convencer a la presidenta de que no se puede convocar elecciones en medio de una pandemia.
El efecto dominó ha llegado también hasta Castilla y León donde los socialistas han registrado una moción de censura en el parlamento de esta comunidad para evitar que Alfonso Fernández Mañueco, presidente popular de esta región, pueda adelantar elecciones tal y como ha hecho Isabel Díaz Ayuso en Madrid y desactivar esta posibilidad.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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