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La sombra de corrupción que agita la política murciana y ha tenido repercusión en todo el territorio nacional
El vicealcalde del Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, de Ciudadanos, denunció a su propio equipo de Gobierno por corrupción. Gómez presentó ante la Unidad de Delitos económicos y Fiscales supuestas pruebas contra sus socios del Partido Popular. Ese fue el inicio de un terremoto que ha acabado con la convocatoria de elecciones en Madrid, presentación de mociones de censura por parte de Más País y PSOE y Aguado y todos los consejeros de Ciudadanos fuera del Gobierno regional.
El pasado 19 de octubre, Mario Gómez salía de casa con su hija de once años cuando se encontró una pintada en la fachada de enfrente insultándolo. Dos horas después acudió a la comisaría de la Policía a denunciar la pintada y el acoso que sufría desde comienzos del verano pasado, como a su propio equipo de gobierno por corrupción. Esa misma tarde, Gómez recibió una llamada de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía en la que le pedían que aportara pruebas de las acusaciones de corrupción.
Tres días más tarde, el vicealcalde comparecía en la sede de la unidad policial con 3 gigas de presuntas pruebas y casi 200 carpetas de documentación. Entre la información que entregó a los agentes se encuentran expedientes y contratos con empresas sospechosos de ser adjudicaciones directas y, por lo tanto, ilegales. Entre ellos, un contrato por valor de 70 millones de euros.
La denuncia fue la culminación de más de un año de disputa primero oculta y después abierta en la coalición que gobierna el Ayuntamiento. Gómez, ha señalado que la situación ha llegado a un punto de inestabilidad que hace que estén «todas las opciones abiertas», desde una normalización de las relaciones a una moción de censura.
El vicealcalde ha afirmado que durante meses ha tratado de dialogar con el regidor, José Ballesta, y alcanzar un acuerdo para sanear el Ayuntamiento y terminar con las prácticas de contratación que ha acabado denunciando a la policía, pero que solo ha encontrado silencio e incluso veto cuando ha solicitado, por ejemplo, una auditoría de los servicios.
La coordinadora de Ciudadanos de la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, ha compareció finalmente junto a Gómez para dar cuenta de la moción de censura contra el Ejecutivo autonómico que su partido ha presentado junto al PSOE.
El efecto dominó de la moción de censura en Murcia
Una de las primeras consecuencias de la moción de censura ha sido el adelanto electoral que ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este miércoles, la presidenta regional ha destituido a los seis consejeros de Cs de su Gobierno, ha ordenado la disolución de la Asamblea y ha convocado elecciones para el 4 de mayo con el objetivo de frenar la amenaza de que los representantes madrileños de la formación naranja replicaran la estrategia murciana para desalojarla del poder.
“La inestabilidad provocada por PSOE y Cs en Murcia, y durante largo tiempo en otras autonomías y otros ayuntamientos de Madrid, nos ha llevado a esta situación. En definitiva, no puedo permitir que Madrid pierda su libertad”, ha dicho Díaz Ayuso.
La presidenta madrileña ha acusado a Cs de estar en conversaciones con el PSOE para desplazarla del poder, justificando así la convocatoria electoral, una afirmación desmentida con toda rotundidad por el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado.
El hasta ahora portavoz gubernamental y vicepresidente ha asegurado que los consejeros de Ciudadanos han tratado por todos los medios de convencer a la presidenta de que no se puede convocar elecciones en medio de una pandemia.
El efecto dominó ha llegado también hasta Castilla y León donde los socialistas han registrado una moción de censura en el parlamento de esta comunidad para evitar que Alfonso Fernández Mañueco, presidente popular de esta región, pueda adelantar elecciones tal y como ha hecho Isabel Díaz Ayuso en Madrid y desactivar esta posibilidad.
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Ayuso convierte la maternidad en trinchera ideológica con su “ley del concebido no nacido”
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el próximo 2 de julio llevará a la Asamblea de Madrid un pleno extraordinario para debatir y aprobar la llamada “ley del concebido no nacido”. No es una anécdota parlamentaria. No es una medida técnica. Es una pieza más en la ofensiva reaccionaria que intenta reescribir los derechos sexuales y reproductivos con lenguaje administrativo, una carpeta institucional y una sonrisa de superioridad moral.
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