Pistas para el ‘gobierno más progresista de la historia’: 3 formas de rebajar el precio de la vivienda 

De una vez por todas, hace falta valentía para enfrentarse a quienes controlan el mercado como si fuera su cortijo privado.

El problema de la vivienda en España se ha vuelto un monstruo que nadie quiere enfrentar. Se agrava día a día y las soluciones que ofrece el llamado «gobierno más progresista de la historia» son tan débiles como insuficientes. Nos encontramos con un mercado absolutamente descontrolado donde la especulación se impone y el acceso a la vivienda digna queda relegado a una fantasía para miles de personas.

Las promesas se acumulan, pero la realidad es que mientras no se adopten medidas radicales, todo seguirá igual o peor. ¿Dónde están las políticas efectivas para frenar los abusos del mercado inmobiliario? Expropiar viviendas a los fondos buitre y a los bancos no es una propuesta descabellada, sino una cuestión de justicia social. Pero parece que esa justicia sigue siendo incómoda para quienes manejan los hilos de este sistema.

EXPROPIAR PARA ROMPER EL CÍRCULO VICIOSO DE LA ESPECULACIÓN

Las grandes corporaciones y los fondos de inversión llevan años acaparando viviendas, no para destinarlas a quienes las necesitan, sino para especular con ellas, mientras los alquileres y los precios de venta se disparan. El gobierno, en lugar de plantarse frente a estas prácticas abusivas, prefiere caminar de puntillas, evitando el enfrentamiento directo con los actores que están destruyendo el derecho a la vivienda.

La expropiación de las viviendas en manos de los fondos buitre y los bancos es una medida que ya se ha aplicado en otros países de Europa con éxito. Cuando el mercado se comporta como un monstruo insaciable, es obligación del Estado intervenir. Se trata de una cuestión de equilibrio: si el mercado es incapaz de autorregularse, el gobierno debe tomar cartas en el asunto para garantizar un acceso justo a la vivienda.

No estamos hablando de una medida radical, sino de una respuesta lógica ante el abuso. Las y los ciudadanos no pueden seguir siendo rehenes de un mercado especulativo que convierte un derecho básico en un bien de lujo. Convertir estas viviendas en Viviendas de Protección Oficial (VPO) es una de las vías más efectivas para asegurar un techo asequible a quienes lo necesitan, en lugar de engordar los bolsillos de unos pocos privilegiados.

FRENAR LA TURISTIFICACIÓN Y CONTROLAR LOS ALQUILERES

Otra de las grandes lacras que ha acelerado la crisis de la vivienda es la turistificación. En ciudades como Barcelona, Madrid, o Málaga, los centros urbanos han sido vaciados de residentes para llenar las calles de apartamentos turísticos. Estos inmuebles, que podrían estar habitados por familias, jóvenes, o personas mayores, se destinan a turistas que pagan cantidades exorbitantes por unas noches, mientras los y las vecinas son expulsadas de sus barrios de toda la vida.

El gobierno ha sido tibio en su respuesta a esta situación. Los ayuntamientos intentan aplicar tímidas normativas, pero lo cierto es que, sin una ley estatal que regule de manera clara y firme el uso turístico de las viviendas, todo será en vano. Es hora de poner un límite claro a la turistificación, controlando el número de viviendas turísticas y gravando a quienes se enriquecen a costa de desestabilizar el mercado residencial.

Además, el control de los alquileres es una medida urgente que, sorprendentemente, sigue sin aplicarse con la contundencia que exige la situación. En Alemania, Berlín introdujo límites estrictos al precio del alquiler, lo que ha permitido que muchas personas puedan seguir viviendo en la ciudad sin caer en la pobreza. En España, sin embargo, seguimos discutiendo sobre si es o no viable. ¿Hasta cuándo va a seguir el gobierno dudando sobre la necesidad de intervenir en los alquileres? Es evidente que el mercado no se autorregulará solo, porque sus intereses van en dirección contraria al bienestar de la población.

UNA LEY QUE DEJE DE PROTEGER A LOS GRANDES PROPIETARIOS

No es casualidad que, tras años de supuestas reformas, el precio de la vivienda siga subiendo. El sistema está diseñado para proteger a los grandes propietarios, a quienes poseen cientos de inmuebles y viven de la especulación. Mientras tanto, miles de personas no pueden acceder ni siquiera a un alquiler digno, porque los precios son sencillamente prohibitivos.

La ley debe dejar de amparar a estos especuladores y empezar a proteger a quienes realmente necesitan una vivienda para vivir, no para hacer negocio. Se necesitan medidas contundentes, como el incremento de los impuestos a la segunda y tercera vivienda en manos de particulares y, por supuesto, a los grandes propietarios que controlan el mercado a su antojo. Pero, de nuevo, este gobierno parece más preocupado por no incomodar a los poderosos que por solucionar el problema de fondo.

UNA RESPONSABILIDAD POLÍTICA INNEGABLE

El acceso a la vivienda es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, y su solución requiere medidas políticas valientes. Sin embargo, el gobierno, pese a su discurso de justicia social, sigue sin tocar los intereses de los verdaderos culpables de esta crisis: los bancos, los fondos de inversión y los grandes tenedores de vivienda. Es indignante que se sigan ofreciendo soluciones cosméticas cuando el problema requiere cambios estructurales.

La expropiación, la regulación del alquiler, el freno a la turistificación y una ley que penalice la especulación no son ideas radicales, son acciones necesarias. ¿Qué está esperando el gobierno para actuar?

De una vez por todas, hace falta valentía para enfrentarse a quienes controlan el mercado como si fuera su cortijo privado.