La Audiencia Provincial de Madrid confirmó las condenas a dos empleados de Bastion Desokupa por un delito leve de coacciones y una multa de 90 euros a cada uno de ellos.
La Justicia estableció que los acusados utilizaron amenazas para persuadir a una mujer de que abandonara una vivienda en el barrio de San Blas (Madrid) a cambio de 1.200 euros.
La sentencia precisó que el «aspecto» de los condenados contribuyó «a despertar pánico o angustia en la víctima», lo que afectó su «libertad de acción». Los trabajadores Desokupa se presentaron dos veces el 2 de junio de 2021 en el domicilio de la mujer “sin título alguno de la propiedad”, y le plantearon que “dada esta condición debía abandonar” el inmueble “en un plazo de 20 días” y que si no lo hacía instalarían «un control de 24 horas en la puerta para que no pudiera entrar”.
La magistrada asegura que “ante el temor que representaba” para la afectada “la posibilidad de no volver a entrar en su vivienda si la abandonaba, durante unos días una vecina de la misma, se encargó de llevar” a su hija al colegio para evitar que esta mujer saliera del inmueble. “Finalmente, como consecuencia del temor ante los hechos descritos”, la afectada firmó con la empresa “un acuerdo por el cual abandona la vivienda a cambio de 1.200 euros”, señala la sentencia.
No salir del inmueble
La jueza sostiene que los empleados de la compañía generaron tal “temor” a la afectada que se llegó a plantear “no salir del inmueble en varios días” y finalmente terminó accediendo “al desalojo”, “aunque a cambio de una suma de dinero”, añade. Este comportamiento “solo puede calificarse como una actuación intimidatoria”, indica la Audiencia Provincial, que considera que el “aspecto físico” de los condenados contribuyó “a la alarma o preocupación generada en la víctima, afectando a su libertad de obrar”.
La sentencia destaca además que la actuación de los trabajadores de la empresa ‘desokupa’ busca “quebrantar” el “sosiego personal” de la afectada y “limitar su conducta, con la finalidad de condicionar su comportamiento y obligarle a abandonar la vivienda”. “Una presión claramente dirigida a constreñir la libertad del sujeto pasivo”, continúa destacando la magistrada en el fallo emitido el 5 de mayo y sobre el que no cabe recurso.
Por lo tanto, los denunciados “actuaron por la vía de hecho para conseguir el desalojo del inmueble, quebrantando la voluntad de la moradora mediante el empleo de intimidación”.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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