Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
Empresas manchadas por la corrupción resurgen entre los escombros de la DANA
La devastadora DANA del 29 de octubre de 2024 no solo arrasó infraestructuras esenciales en la provincia de Valencia, sino que también trajo a escena un viejo fantasma: las empresas vinculadas a casos de corrupción. Millones de euros están siendo adjudicados, sin licitación pública, a compañías involucradas en tramas como Gürtel o Taula. Estas tramas marcaron una época oscura de financiación ilegal del Partido Popular, pero no lastraron la capacidad de las empresas implicadas para seguir contratando con las Administraciones.
Entre las adjudicaciones destacadas está CHM Obras e Infraestructuras, sucesora de Hormigones Martínez, cuyo historial está vinculado directamente a Gürtel. Esta empresa ha recibido un contrato de 11,5 millones de euros para reparar la carretera CV-36 y un viaducto en el Barranco del Poyo. También ha conseguido encargos del Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, valorados en tres millones de euros, y de la Entidad de Saneamiento por 2,2 millones para reparar una depuradora en Utiel.
No es un caso aislado. Facsa y Becsa, ambas implicadas en escándalos de corrupción, han sido beneficiadas con contratos para reparar infraestructuras en la presa de Buseo y el río Mijares, sumando más de 5 millones de euros. Estas empresas, al igual que otras como Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), lograron esquivar inhabilitaciones debido a acuerdos judiciales o la prescripción de delitos.
EMERGENCIAS COMO ESCUDO DE IMPUNIDAD
Los contratos de emergencia permiten a las administraciones actuar con rapidez frente a catástrofes naturales. Sin embargo, la falta de transparencia y la discrecionalidad en las adjudicaciones convierten este mecanismo en un terreno fértil para prácticas cuestionables. Joan Llinares, exdirector de la Agencia Valenciana Antifraude, advierte que las emergencias no deben ser excusa para evitar los controles básicos: “Estos procedimientos, incluso verbales, abren la puerta a la arbitrariedad y deben ser sometidos a un escrutinio riguroso”.
La sentencia de Gürtel en 2018 probó la financiación ilegal del PP valenciano entre 2006 y 2008. Sin embargo, ninguna de las condenas incluyó inhabilitación para contratar con el sector público. Los empresarios condenados por delitos electorales y falsedad documental, como los hermanos Martínez Berna o Enrique Gimeno, lograron acuerdos con la Fiscalía que los libraron de prisión y dejaron intactas las operaciones de sus empresas.
Esta permisividad encuentra su origen en un marco legislativo débil. La Ley de Contratos del Sector Público de 2000, vigente cuando ocurrieron los hechos, contemplaba la inhabilitación como pena accesoria, pero únicamente si era expresamente dictada en sentencia. La reforma de 2017 endureció las sanciones para personas jurídicas, pero llegó tarde para quienes ya habían confesado. Así, el sistema no solo falló en castigar, sino que perpetuó un modelo en el que las empresas corruptas continúan lucrándose.
LA FALTA DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA
La connivencia entre política y empresas no es exclusiva del pasado. La actual Generalitat Valenciana, liderada por Carlos Mazón, sigue contratando con estas compañías, igual que lo hicieron anteriores gobiernos del Botànic. Los argumentos se repiten: disponibilidad inmediata de maquinaria y equipos, vinculación histórica con el tejido empresarial valenciano. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿es ética esta elección?
La reconstrucción tras la DANA, valorada en más de 2.200 millones de euros según el propio Pedro Sánchez, no solo debería centrarse en reparar infraestructuras. También debe ser una oportunidad para revisar las prácticas de contratación pública. Mientras tanto, el presente sigue hipotecado por un pasado de impunidad.
Cuando las instituciones confían en quienes han traicionado a la ciudadanía, el mensaje es claro: la corrupción no solo se perdona, también se recompensa.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.