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La caída del líder ultra revela hasta qué punto la extrema derecha estuvo dispuesta a dinamitar la democracia
EL GOLPISTA QUE CREYÓ ESTAR POR ENCIMA DEL ESTADO
El 25 de noviembre, Jair Bolsonaro inició el cumplimiento de los 27 años de prisión que le impuso el Tribunal Supremo Federal por orquestar un golpe de Estado. Lo hace en las dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, el mismo lugar en el que llevaba prisión preventiva desde el sábado anterior, cuando intentó sabotear su tobillera electrónica con una soldadora casera. La escena, grotesca y violenta, es un símbolo de su caída: el expresidente que se creía intocable reducido a la torpeza de un fugitivo improvisado.
La defensa del exmandatario renunció a seguir apelando. Tenían de plazo hasta el lunes 25 de noviembre, pero el Supremo ya había rechazado por unanimidad sus primeros recursos. No había margen. No había argumento. No había escapatoria.
La ultraderecha brasileña, que gobernó entre 2019 y 2022, ha perdido a su líder más ruidoso. Y lo pierde no por persecución política, como gritan sus seguidores, sino porque las pruebas sobre la trama golpista fueron devastadoras. El juicio —uno de los más exhaustivos de la historia democrática brasileña— dejó al descubierto un plan milimetrado para sabotear las elecciones, manipular a los militares y sostener en el poder a un presidente derrotado en las urnas. Nada de esto es opinable. Está documentado en la sentencia.
Lo que sí es opinable, y necesario decir, es que Bolsonaro no cayó solo: cae el mito de la impunidad del machismo, el militarismo y la política del odio en América Latina.
EL PLAN PARA ANIQUILAR LA DEMOCRACIA
La condena por golpe de Estado se limita a una frase jurídica. Pero lo que había detrás era una maquinaria de violencia. La investigación destapó un plan para asesinar a Lula da Silva y a otras autoridades, una trama que desembocó en el violento asalto del 8 de enero de 2023 contra las sedes del Gobierno, el Parlamento y el Tribunal Supremo. Una jornada que Brasil vivió con un déjà vu sombrío: hordas bolsonaristas arrasando las instituciones como si la democracia fuera una escenografía desmontable.
El 8 de enero no fue un arrebato. Fue el resultado de meses de reuniones, conspiraciones, filtraciones militares, agitadores digitales y un líder que, desde agosto de 2022, ya preparaba el terreno para negar su derrota. Las y los fiscales del caso lo dejaron claro: el expresidente no improvisó. Ejecutó un guion. Y ese guion incluía dinamitar el orden constitucional si el pueblo votaba en su contra.
Mientras tanto, Bolsonaro acumulaba episodios que mostraban su desprecio por la legalidad. Su prisión domiciliaria, impuesta desde agosto de 2025, fue un coladero de incumplimientos: reuniones prohibidas, llamadas con cómplices, violación de medidas cautelares. El intento de romper la tobillera era solo la culminación de una conducta antidemocrática sostenida.
En paralelo, su defensa trató de exhibirlo como un hombre enfermo, de 70 años, debilitado por una depresión, episodios de ansiedad y secuelas de la puñalada de 2018. Pero los jueces fueron claros: los problemas de salud no borran los delitos ni disculpan un intento de destrucción institucional.
La defensa pedirá ahora prisión domiciliaria por razones “humanitarias”. Un clásico. Pero la justicia brasileña sabe que Bolsonaro no es un anciano desvalido. Es el rostro de un proyecto autoritario que ya demostró que puede volver a intentarlo si se le permite.
La democracia brasileña no podía permitirse ese lujo.
EL PESO DE LA JUSTICIA EN TIEMPOS DE ODIO
El Supremo actuó con cautela y contundencia. No porque Bolsonaro fuera expresidente, sino porque era el artífice de la amenaza más seria contra el sistema brasileño desde la dictadura militar. La sentencia —con sus 27 años de cárcel— es un mensaje para la región: quien atente contra la soberanía popular debe enfrentarse a las consecuencias, sea un soldado, un empresario, un agitador o un jefe de Estado.
Mientras tanto, su base ultra seguirá gritando persecución. La narrativa del mártir es un combustible potente. Pero aquí no hay épica, ni romanticismo, ni sacrificio. Hay un hombre que intentó destruir la democracia para no perder el poder. Un hombre que creyó que los militares serían su guardia privada. Un hombre que facilitó el asalto a las instituciones y que soñó con hacer de Brasil una réplica tropical de las pesadillas trumpistas.
Es el primer día de su condena. Y es también el primer día en el que la democracia brasileña respira un poco mejor.
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Más de medio millón de personas han visto ya nuestro vídeo sobre el verdadero coste de los centros de datos de la inteligencia artificial. Más de medio millón. Y no lo han visto porque el asunto sea una curiosidad tecnológica ni porque les interese saber cómo funciona un servidor. Lo han visto porque cada vez más gente entiende que esa cosa aparentemente abstracta llamada IA tiene una existencia muy física: edificios gigantescos, subestaciones eléctricas, tuberías, kilómetros de cableado y millones de litros de agua desapareciendo dentro de sistemas de refrigeración.
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La frase oficial es casi una confesión: “nuestro negocio hoy no es saludable”. La dirección reconoce márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de negocios comparables, una base instalada menor, costes más altos y una apuesta por Game Pass, el modelo multiplataforma y una cartera más amplia de contenidos que “no creció al ritmo esperado”. Dicho sin barniz corporativo: los jefes imaginaron una máquina de crecimiento infinito, compraron estudios, multiplicaron equipos, alargaron inversiones y ahora explican que se equivocaron. Pero quienes salen por la puerta no son quienes vendieron la fantasía. Son trabajadoras y trabajadores que hicieron exactamente lo que les dijeron.
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