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Tras un informe parlamentario que culpa al Ejecutivo holandés de mala gestión este ha dimitido en bloque.
Recientemente se publicó un parlamentario que culpa al Ejecutivo holandés de mala gestión en un programa de subsidios que ha llevado a miles de familias a la ruina, en su mayoría de origen inmigrante.
Tras unas jornadas de incertidumbre el Gobierno de coalición de centroderecha de los Países Bajos ha dimitido por «el escándalo sobre los subsidios familiares para el cuidado de los niños fuera del hogar«, explica El Páis.
Este desfalco ha ocurrido desde 2014. Sin embargo, continúa El País, «no solo ha revelado los fallos de la autoridad fiscal», sino que «unos 26.000 padres han sido víctimas de la dureza extrema de un sistema de vigilancia de ayudas que, en busca de posibles fraudes, incurrió en discriminación al investigarles sobre todo en función de su origen, ya que la mayoría eran padres de ascendencia turca o marroquí».
Lo que hasta ahora eran meras sospechas han sido sustentadas, por lo que el Ejecutivo holandés trató de disculparse, en vano, puesto que «progenitores se endeudaron y llegaron a perder, en ocasiones, la casa y el empleo».
Rutte ha explicado que la coalición que gobernaba hasta ahora, formada por cuatro partidos, se mantendrá en la lucha contra el coronavirus. El titular de Economía, Eric Wiebes, ha decidido dejar su cartera de inmediato y no formará parte del Gobierno dimisionario. Fue el responsable político de las autoridades fiscales hasta 2017.
Algunos llegaron incluso a acumular deudas de hasta 100.000 euros al quedarse sin unas ayudas, que les correspondían legalmente.
Tras el escándalo se ha estimado una compensación de 30.000 euros por familia estipulada por el Gobierno.
“Imagínese que de repente suprimen la asignación y los padres no tienen dónde dejar a sus hijos en horario laboral porque no pueden pagarlo. Lo normal es que si te quitan ese dinero te den explicaciones para que tú puedas demostrar que se equivocan; que sí tienes derecho. Pero lo que ocurrió es que se bloquearon las ayudas a pesar de que las familias presentaban toda la documentación en regla confirmando su derecho a obtenerlas. Solo se les dijo que buscaran la respuesta a lo ocurrido en los tribunales”, explica Eva González Pérez, la abogada de origen español que destapó el caso en 2014, en conversación telefónica con El País.
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