Ayuso y el saqueo silencioso de la universidad pública 

El plan para desmantelar la autonomía universitaria madrileña y ponerla al servicio del poder económico.

EL DESMANTELAMIENTO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

La nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC) no es una reforma. Es un golpe de Estado administrativo. Ayuso ha encontrado la manera de controlar desde dentro lo que no puede privatizar de golpe: la universidad pública.

Bajo el pretexto de “eficiencia” y “colaboración público-privada”, la ley coloca la gestión económica de las seis universidades públicas madrileñas bajo una nueva “Oficina de Control Económico”. Esta estructura, supuestamente técnica, sustituye al rector y al gerente en las decisiones sobre cada gasto, contrato o inversión.

En otras palabras: tres personas decidirán qué se puede investigar, qué carreras se pueden abrir o cuántos docentes pueden contratarse. Dos de ellas estarán designadas por el Consejo Social de cada universidad, cuyo presidente nombra directamente el Gobierno de Ayuso. Solo una será elegida por la propia universidad. El control del dinero equivale al control de la universidad.

El poder académico pasa así a manos de figuras como Francisco Marhuenda (La Razón, Grupo Planeta y exdiputado del PP), Carlos Mayor Oreja (vinculado al CEU y a la UNIR) o Clemente González Soler (CEOE, IFEMA, Grupo Alibérico). Empresarios, ex altos cargos populares y directivos de universidades privadas ejercerán poder de veto sobre la gestión de los campus públicos.

Ayuso convierte la autonomía universitaria, reconocida en el artículo 27.10 de la Constitución, en una caricatura. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) otorga al rector la capacidad de autorizar el gasto y al gerente el control económico, pero la LESUC madrileña los relega a meros ejecutores. Es la subordinación institucional de la universidad al poder político.

El catedrático Jacobo Dopico lo resume sin rodeos: “Se está estableciendo un control político directo sobre la universidad”. Y su colega Javier Álvarez añade la advertencia más grave: “Se está rompiendo el ascensor social que permitió estudiar a quienes no podían pagarse una privada”.

LA PRIVATIZACIÓN COMO PROYECTO POLÍTICO

No es una maniobra aislada. Ayuso lleva años construyendo un modelo educativo dual: público en apariencia, privado en la práctica. Ya financia el Bachillerato y la FP privados incluso a familias con ingresos superiores a 100.000 euros. Ahora, con la LESUC, da el siguiente paso: subordinar lo público a lo privado.

La ley consagra la “colaboración público-privada” inaugurada por Aznar en 1997, la misma que vació la sanidad madrileña. En su artículo 93, la LESUC detalla que la Oficina de Control Económico supervisará “todos los gastos, ingresos y pagos” con plena autonomía respecto de los órganos universitarios. Traducido: Ayuso decide cómo se gasta el dinero de las universidades sin necesidad de tocar sus estatutos.

Pero el asalto no se detiene en los despachos. La LESUC introduce una cláusula que obliga a los centros públicos a poner a disposición de las universidades privadas “aulas, auditorios, laboratorios, polideportivos u otras instalaciones”. En teoría, de forma “recíproca”. En la práctica, es una cesión unilateral: las privadas carecen de laboratorios de investigación, pero accederán a los de las públicas.

El resultado es claro: los fondos públicos sostendrán la rentabilidad privada. Lo que se presenta como “optimización de recursos” es un trasvase institucional de patrimonio común hacia empresas educativas, fondos de inversión y órdenes religiosas.

No es casualidad que Madrid sea la región con más universidades privadas del Estado: 14, la mayoría en manos de fondos como CVC, Planeta o la Asociación Católica de Propagandistas. El nuevo marco legal las favorece explícitamente. El propio Gobierno regional ya ha adelantado que no aportará más del 70% del presupuesto universitario, empujando a los centros públicos a buscar financiación “complementaria”, es decir, privada.

La universidad pública deja de ser un derecho y se convierte en un negocio regulado por el poder político. Un modelo donde el conocimiento se somete a los intereses empresariales y donde el mérito académico importa menos que la afinidad ideológica.

Como explica Álvarez, “esto no tiene nada que ver con el dibujo de la educación que se hace en la Constitución”. Tiene que ver con el capitalismo clientelar madrileño, con esa red donde los mismos nombres rotan entre consejos de administración, fundaciones ultracatólicas y cargos públicos.

La autonomía universitaria fue una conquista democrática. El PP de Ayuso la está demoliendo con leyes, no con tanques. Primero vaciaron la sanidad. Ahora van a por la inteligencia. Y cuando el conocimiento dependa de su firma, el pensamiento libre será el siguiente en caer.