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Las grandes tecnológicas aceptaron “avisar con un guiño” a Tel Aviv si un tribunal extranjero les exige datos, y renunciaron a limitar el uso militar de sus servicios.
NUBE DE SANGRE: EL CONTRATO QUE BLINDA A ISRAEL
En 2021, Google y Amazon firmaron un contrato de 1.200 millones de dólares con el gobierno de Israel para ofrecer servicios avanzados de computación en la nube e inteligencia artificial. Lo bautizaron Project Nimbus, como si una palabra poética pudiera ocultar la maquinaria digital de un genocidio.
El acuerdo, que se ha mantenido en secreto durante años, ha sido revelado por una investigación conjunta de +972 Magazine, Local Call y The Guardian. Los documentos filtrados del Ministerio de Finanzas israelí muestran que las dos compañías aceptaron condiciones que vulneran sus propias normas internas y el derecho internacional. Israel exigió dos garantías:
- Que ni Google ni Amazon pudieran restringir el uso que Tel Aviv hiciera de sus tecnologías, aunque este violara los términos de servicio.
- Que, si un tribunal extranjero les ordenaba entregar datos almacenados en sus servidores, debían avisar en secreto al Estado israelí, incluso si la ley les prohibía hacerlo.
Para cumplir esa “cláusula de alerta”, las empresas crearon un método clandestino: un pago codificado en forma de transferencia de cuatro dígitos en shekels que correspondían al prefijo telefónico del país que había emitido la orden. Un “guiño financiero” disfrazado de transacción simbólica. Si la solicitud provenía de Estados Unidos (+1), la transferencia sería de 1.000 NIS. Si llegaba desde Italia (+39), serían 3.900 NIS. Y si la ley impedía identificar el país, debían pagar 100.000 NIS (unos 30.000 dólares).
El objetivo era claro: mantener el control absoluto sobre los datos israelíes y blindar su aparato militar ante cualquier investigación judicial sobre violaciones de derechos humanos.
Fuentes del Ministerio israelí reconocen en los documentos que esa exigencia “podría entrar en conflicto con la legislación estadounidense”, pero aun así presionaron hasta lograr que Google y Amazon aceptaran violar la ley o romper el contrato. Optaron por lo primero.
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL GENOCIDIO
Project Nimbus no era un simple contrato tecnológico. Permitía a Israel transferir a la nube de Google y Amazon los datos de sus ministerios, sus agencias de seguridad y su ejército, incluyendo información de vigilancia, reconocimiento facial y geolocalización de palestinos y palestinas.
Desde entonces, esa infraestructura digital se ha usado en el asedio a Gaza y en la represión en Cisjordania. El ejército israelí reconoció públicamente que la nube y los sistemas de inteligencia artificial de ambas compañías “multiplicaron su eficacia operativa”. Eficacia que se tradujo en decenas de miles de personas asesinadas y en la destrucción sistemática de hospitales, escuelas y viviendas civiles.
Las tecnológicas sabían lo que firmaban. Los documentos revelan que el contrato incluía una cláusula que prohíbe expresamente a Google y Amazon interrumpir o limitar el acceso de Israel a sus servicios, aunque se demuestre que los usa para violar derechos humanos. Cualquier intento de sanción o restricción supondría una penalización económica millonaria.
Mientras tanto, Microsoft perdió su contrato con el ejército israelí por negarse a alojar bases de datos de escuchas telefónicas ilegales contra palestinos. Israel simplemente trasladó esa información a Amazon Web Services.
En paralelo, miles de trabajadoras y trabajadores de Google y Amazon han denunciado el proyecto, agrupados en el movimiento No Tech for Apartheid. Han organizado huelgas, cartas públicas y manifestaciones frente a las sedes corporativas. Algunos han sido despedidos. Otros amenazados. La represión interna de la disidencia dentro de las empresas tecnológicas replica el mismo patrón que en los Estados: silenciar, purgar y negar.
Los documentos filtrados muestran que los directivos de ambas compañías sabían que renunciaban a su “política de uso aceptable” —esa que prohíbe utilizar sus servicios para causar “daños graves” o violar derechos fundamentales—. Israel lo dejó por escrito: “El Estado podrá generar o almacenar cualquier dato que desee en la nube, sin restricciones”.
EL CAPITAL DIGITAL Y EL ESTADO ASESINO
El escándalo de Project Nimbus confirma lo que muchas voces venían advirtiendo: las grandes tecnológicas ya no son empresas neutrales, sino actores políticos y militares al servicio del poder. No solo venden infraestructura: venden impunidad.
Cuando un tribunal internacional intente investigar el genocidio en Gaza, se encontrará con un muro de silencio digital. Los datos estarán cifrados en servidores de Amazon y Google, y cualquier intento de acceder a ellos será respondido con un “guiño” codificado en forma de transferencia bancaria.
Así se financia la barbarie con un clic y una API.
Mientras la ONU y las organizaciones de derechos humanos califican la ofensiva israelí como genocidio, las empresas que presumen de “ética tecnológica” son cómplices logísticas del crimen. Han creado la nube perfecta: una nube de sangre y silencio.
Y cuando el capital se alía con la guerra, la humanidad se convierte en un algoritmo prescindible.
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