La reforma de la Ley del Suelo, que beneficia a los promotores, es la única medida legislativa aprobada durante el mandato de Ayuso

Si comparamos la política de vivienda de la exalcaldesa Manuela Carmena con la de Isabel Díaz Ayuso podemos comprobar que, aunque Carmena fue muy criticada, terminó 63 viviendas protegidas, dejó 3.370 casas en distintas fases de construcción, de las cuales unas 1.500 se encontraban en ejecución en mayo de 2019, mientras que durante el mandato de Ayuso, la Agencia de la Vivienda Social, el antiguo Ivima, no ha construido ningún piso y solo tiene 197 en ejecución en 2021.

A pesar de que Cristina González, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, criticaba no tener ni un dato de la Agencia Social de la Vivienda, esta no ha facilitado datos sobre las actuaciones del Gobierno autonómico sino referidos a todas las viviendas sociales que se han acometido en la comunidad, incluidas las que han impulsado los distintos ayuntamientos, tal y como informa infoLibre.

«En 2020 se ha iniciado la construcción de 3.601 viviendas protegidas en la Comunidad de Madrid, frente a las 11.971 en toda España», señala la consejería según datos que van de julio de 2019 a junio de 2020.

Además, afirma que en ese periodo «se han entregado 5.167 viviendas protegidas frente a 7.370 en toda España», aunque confirma que la agencia regional solo ejecuta actualmente 197, por lo que muchas de las VPO corresponden al periodo de Carmena.

El pasado 1 de febrero la Comunidad de Madrid recibía una orden judicial para recuperar 2.935 viviendas sociales vendidas en 2013 al fondo Azora – Goldman Sachs. Sin embargo, según un recurso de los letrados de la Comunidad presentado el 15 de febrero, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso renuncia a recuperar los pisos sociales.

Ayuso renuncia a recuperar los pisos 

El juzgado dio al Ejecutivo regional un plazo de 10 días para que iniciase los trámites para recuperar los pisos vendidos y el juzgado ordenó al fondo a devolver íntegramente todo lo que compró durante la Presidencia de Ignacio González, es decir, 2.935 viviendas de protección oficial y no 1.722 como pretendía el fondo. Además, el juez ha prohibido al fondo seguir vendiendo pisos a terceros, como ha estado haciendo en los últimos ocho años, bajo la amenaza de actuar penalmente si prosigue.

Sin embargo, los letrados de la Comunidad han preparado la enésima estrategia para retrasar la ejecución de la sentencia y recurren a argumentos como la «enorme complejidad y volumen» de recuperar las casi 3.000 VPO; el coste de los «trámites registrales»; la «dispersión» de registros o el riesgo de «ocasionar un perjuicio irreparable a miles de afectados».

La Comunidad «reitera y mantiene que el alcance de la ejecución de la sentencia se limita a la vivienda de Don Rachid Bouikou», pero según el auto «se declara que la sentencia de este Juzgado de fecha 21 de mayo de 2018 alcanza a la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran».

Jorge Moruno, diputado de Más Madrid lamenta que «Ayuso ha hecho todo lo posible por impedir que las 3.000 viviendas malvendidas a un fondo buitre sean devueltas al patrimonio público. Se niega a movilizar la vivienda vacía, se niega a regular el alquiler turístico, al contrario, los ha subvencionado y todavía no ha sido capaz de ejecutar las a ayudas Covid ni ayudas a la emancipación».

Por su parte, el consejero de Vivienda, David Pérez, considera que «frente a otras fórmulas como la del Gobierno balear, donde se expropia y se elimina la seguridad jurídica, en Madrid se adquiere y se promueve vivienda pública, y sobre todo se aporta certidumbre». «La gran apuesta en materia de vivienda es el Plan Vive cuyas primeras 7.000 viviendas comenzarán a ser construidas finalizado el verano», añade.

Aunque la obligación sigue vigente no se consuma. Sí se han consumado dos actuaciones en este área. Primero, una reforma de la Ley del Suelo en septiembre pasado para beneficiar a promotores urbanísticos que sustituye la licencia urbanística por una declaración responsable para edificar urbanizaciones «sencillas».

Plan Vive y Plan Alquila Joven

Y segundo, el Plan Vive, un plan a ocho años que prevé unas 25.000 viviendas a un precio medio de arrendamiento de 1.000 euros mensuales, en el que lo único que se ha hecho es anunciar la licitación de 46 parcelas en diferentes municipios con capacidad para construir un «máximo» de 6.646 viviendas. Aparte de no haber nada construido, las grandes promotoras dudan sobre si participar en el Plan Vive por la falta de rentabilidad.

La Consejería también ha informado del Plan Alquila Joven, que se sigue renovando cada legislatura desde 2008 y que pone en contacto a empresarios con inquilinos, pero para el que la Comunidad no pone ni un euro de ayuda para el alquiler.