Irán aprende la lección de la guerra: más Estado duro, más China y menos cuentos occidentales
Más de 100 días de guerra no pasan gratis por un país. No pasan por sus calles, por sus cuerpos, por sus cárceles, por sus hospitales, ni por los despachos donde las élites deciden cuánto dolor puede soportar la gente antes de llamar estabilidad a la obediencia. Irán sale ahora del choque con EEUU con una pregunta encima de la mesa: qué han aprendido sus nuevos dirigentes. La respuesta, por ahora, no invita a celebrar nada. Los primeros indicios apuntan a un liderazgo más autoritario, más pegado a la Guardia Revolucionaria y más dispuesto a mirar hacia China como tabla de salvación.
La pregunta nuclear sigue ahí, claro. Si las negociaciones entre Teherán y Washington acaban en un acuerdo verificable que impida el desarrollo de un arma nuclear, Oriente Medio puede entrar en otra fase. Pero reducirlo todo al expediente atómico es una trampa cómoda. Lo que está en juego no es solo una centrifugadora. Es el modelo de poder que va a imponerse sobre millones de personas iraníes después de la guerra.
Jornada intensiva cada vez más pronto: el clima cambió, los convenios siguen dormidos
Este domingo 22 de junio comenzó la primera ola de calor del verano. No en agosto. No en pleno calendario vacacional. En junio. Y con ella se ha vuelto a abrir una pregunta que ya no admite mucho maquillaje: ¿tiene sentido que las jornadas intensivas en sectores como la construcción empiecen en julio cuando el calor extremo ya está golpeando antes?
La respuesta es bastante sencilla. No. Lo que ocurre es que este país tiene una habilidad enfermiza para adaptar la vida de las personas trabajadoras al calendario empresarial, pero una resistencia feroz a adaptar la economía a la realidad física del planeta. El calor llega antes, llega más fuerte y llega con más frecuencia. Las empresas lo saben. Las administraciones lo saben. Los sindicatos lo llevan denunciando años. Pero una parte del mercado laboral sigue funcionando como si el cambio climático fuera una tertulia, no una amenaza concreta para quienes suben a un andamio, limpian calles, reparten paquetes, trabajan en naves industriales, cuidan patios escolares o cargan materiales bajo un sol que ya no perdona.
El cambio climático no es una previsión. Es una condición laboral.
Vox, ladrillo y ventas fantasma en Eivissa: la patria empieza en el garaje
La historia tiene todos los ingredientes de la España que predica orden mientras chapotea en el barro. Una concejala de Vox, Araceli Colomar Costilla, regidora en Sant Josep de sa Talaia desde el verano de 2023, administradora de fincas, agente de la propiedad inmobiliaria y rostro local de un partido que vende mano dura contra la “okupación”, aparece ahora denunciada por una presunta trama de ventas fantasma de locales, trasteros y plazas de garaje en el Edificio Galaxia de Eivissa.
El atestado de la Policía Nacional intenta convertir la agresión grabada a la profesora en un accidente administrativo.
Hay veces en que el problema no es solo la violencia. Es la literatura posterior. Esa prosa burocrática que aparece después del golpe, cuando alguien intenta convertir una agresión por la espalda en una maniobra limpia, proporcional y casi inevitable. Pasó en València, durante la huelga educativa del 31 de mayo, y ahora vuelve a pasar sobre el papel. El atestado de la Policía Nacional sostiene que el antidisturbios que empujó por la espalda a una profesora “hizo uso de la mínima fuerza reglamentaria”. Mínima fuerza. Dos palabras pensadas para dormir expedientes. Dos palabras que chocan contra los vídeos, contra la barbilla abierta de la víctima, contra los dos puntos de sutura, contra las contusiones en el tórax y la mandíbula, y contra algo bastante incómodo para ciertas versiones oficiales: la realidad.
Peinado, desatado: cuando un juez compara a Begoña Gómez con narcos para sostener una causa política
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido llevar a Begoña Gómez a juicio y lo ha hecho con un auto de más de 80 folios que no solo acusa, sino que construye clima. La acusa de haber aprovechado su matrimonio con el presidente del Gobierno para progresar profesionalmente. La envía al banquillo junto a su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. La tesis central es que los tres habrían urdido un plan para mejorar la carrera de Gómez mediante dos másteres, una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, su trabajo en el África Center del IE y supuestos favores en contrataciones públicas para Barrabés.
Hasta ahí, el relato judicial. Luego viene la parte grotesca.
Porque para sostener esa acusación, Peinado se agarra a referencias que pertenecen a otra escala penal, política y moral. Cita condenas de Jaume Matas, el caso Invercaria, una pieza separada de los ERE de Andalucía e incluso un procedimiento contra una organización dedicada presuntamente a introducir en España grandes cantidades de cocaína camuflada como café tostado. Sí. Para justificar medidas contra Begoña Gómez, el juez recuerda un caso de narcotráfico que él mismo instruyó.
Una comparación odiosa: Aldama sale premiado mientras Peñas pagó más por destapar la Gürtel
La sentencia del Supremo sobre la trama de las mascarillas deja una imagen difícil de tragar: Víctor de Aldama, empresario, comisionista y pieza central del entramado que rodeó al exministro José Luis Ábalos durante la pandemia, ha sido condenado a 4 años y medio de prisión, pero no tendrá que pisar la cárcel. Basta con que no vuelva a delinquir durante 5 años y realice 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad. Así, según el propio Supremo, “repara el mal causado”.
La frase merece quedarse clavada en la pared. Un año de servicios a la comunidad para reparar una trama levantada sobre la emergencia sanitaria, el miedo colectivo y el negocio con material básico en plena pandemia. No hablamos de un error contable, ni de una imprudencia menor. Hablamos de comisiones, contratos públicos, pagos mensuales de 10.000 euros, enchufes, favores y un amaño de 13 millones de euros en la compra de mascarillas. Hablamos de una maquinaria que operó cuando las enfermeras y enfermeros se jugaban la vida, cuando las trabajadoras y trabajadores esenciales se dejaban la piel, cuando la ciudadanía vivía encerrada y asustada.
Plumas de Pueblo: el mapa que demuestra que la diversidad LGTBIQA+ también late en los pueblos
Durante demasiado tiempo nos han vendido una mentira cómoda: que las ciudades son el refugio natural de las vidas LGTBIQA+ y que los pueblos son, casi por definición, territorios cerrados, hostiles, atrasados, impermeables a cualquier forma de diversidad. Una postal falsa. Una caricatura. Y, sobre todo, una forma muy eficaz de borrar a quienes han existido siempre en el rural, aunque muchas veces no se les haya querido mirar.
El mapa Plumas de Pueblo, impulsado por Proyecto Hortensia junto al antropólogo Paulino Ramos, viene precisamente a romper esa ficción. No con consignas vacías, sino con territorio, nombres, memoria y comunidad. El proyecto, basado en la tesis doctoral de Ramos sobre ruralidades cuir, recoge más de 60 iniciativas cuir en diferentes pueblos de España, aunque algunas informaciones elevan ya la cifra a alrededor de 70 iniciativas LGTBIAQ+ en contextos rurales de todo el Estado.
Alemania quiere que trabajes hasta los 70: la jubilación convertida en castigo
Alemania acaba de poner negro sobre blanco una idea que lleva años rondando los despachos donde nunca se ficha a las seis de la mañana: si la gente vive más, que trabaje más. Así de simple. Así de brutal. El nuevo diseño de las pensiones que prepara el Gobierno de Friedrich Merz plantea ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida, llevarla a los 67 años en 2030, situarla en torno a los 67,5 años a comienzos de la década de 2040 y empujarla hasta los 70 años en 2090.
No es una reforma técnica. Es una declaración ideológica. La vida se alarga, dicen. Pero no preguntan cómo se vive. No preguntan quién llega con la espalda destrozada, con ansiedad, con turnos partidos, con contratos precarios, con décadas levantando peso, limpiando habitaciones, conduciendo, cuidando, soldando, programando bajo presión o sosteniendo servicios públicos que otros recortan desde un despacho.
El problema nunca es que falte dinero. El problema es a quién se le exige siempre pagar la factura.
Vox y sus patriotas de Bruselas: mucho gritar contra Europa y luego tocar la caja
La ultraderecha europea tiene un problema muy serio con el dinero público. Lo odia en los discursos, lo demoniza en campaña, lo llama despilfarro cuando sostiene derechos sociales, lo convierte en “chiringuito” cuando financia políticas feministas, climáticas o de memoria democrática. Pero luego llega Bruselas, aparecen las auditorías, se levantan las alfombras y la patria empieza a tener forma de factura, contrato opaco y subvención irregular.
El grupo Patriots for Europe, donde está inscrito Vox, tendrá que devolver 276.967 euros de fondos de la Unión Europea utilizados de forma indebida en 2024, según una auditoría del departamento financiero del Parlamento Europeo difundida por Politico y recogida por elDiario.es. No hablamos de un matiz administrativo perdido en la letra pequeña. Hablamos de donaciones impropias, incumplimientos de contratación pública y contratos concedidos mediante procedimientos irregulares.
La UCO ya lo sabía: el Supremo premia a Aldama por contar lo que ya estaba descubierto
La sentencia del Supremo sobre el caso Ábalos tiene una escena difícil de digerir. José Luis Ábalos recibe una condena de 24 años y 3 meses de cárcel. Koldo García, su antiguo asesor, 19 años y 8 meses. Víctor de Aldama, empresario corrupto, conseguidor de la trama y condenado a 4 años y medio, no entrará en prisión. La explicación oficial cabe en una palabra que suena limpia, casi noble: colaboración.
Pero hay palabras que, cuando se colocan al lado de determinados hechos, empiezan a oler mal.
Aldama no aparece aquí como un vecino arrepentido que decidió tirar de la manta por conciencia democrática. No. Aldama confesó en noviembre de 2024, 9 meses después de ser detenido por el caso Mascarillas y un mes después de entrar en prisión por otra causa penal vinculada a un fraude fiscal multimillonario en el negocio de los hidrocarburos. Es decir, colaboró cuando la cárcel ya no era una hipótesis, sino una realidad. Colaboró cuando colaborar podía servirle para salir. Colaboró cuando su verdad tenía precio procesal.
Y el precio ha sido formidable.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
STARSHIELD: la GUERRA PRIVADA (con dinero público) de MUSK #ReportajeSR
¿Es Elon Musk más poderoso que un Estado? Analizamos cómo SpaceX ha dejado de ser una empresa de cohetes para convertirse en el «sistema nervioso» de la guerra moderna. Desde el uso…
HANOVER INSTITUTE: cómo ISRAEL está HACKEANDO ChatGPT para engañarte #ReportajeSR
En este nuevo reportaje de SpanishRevolution, Patricia Salvador desvela una de las operaciones de desinformación más sofisticadas hasta la fecha: la creación del falso «Hanover Institute». ¿Cómo es posible publicar más de…
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